Ordenan suspender millonaria licitación de alimentación para la Cárcel Distrital de Bogotá. ¿Qué pasó?

Por presuntas faltas al debido proceso y posibles irregularidades en la evaluación de las propuestas, el Juzgado 37 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías ordenó la suspensión inmediata del proceso de contratación, que busca adjudicar el servicio de alimentación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.

La decisión se dio tras admitir una acción de tutela interpuesta por la Unión Temporal Distrital 27, que alega que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia – Dirección de Contratación vulneró derechos fundamentales como “el debido proceso administrativo, la igualdad, el acceso a la información pública y el derecho de petición”.

Según la tutela, la Secretaría habría incurrido en omisiones sustanciales durante el proceso de evaluación de oferentes, ignorando observaciones formuladas por uno de los participantes y persistiendo en avanzar con el proceso pese a las advertencias.

“La eventual adjudicación de un contrato a oferentes no idóneos o inhabilitados comprometería principios fundamentales como la legalidad, la moralidad administrativa y la selección objetiva”, argumentó la parte accionante, que también denunció una falta sistemática de motivación en decisiones claves del proceso.

El juez José Alejandro Hofmann acogió los argumentos y concedió una medida provisional que ordena suspender todas las etapas pendientes del proceso de contratación, incluyendo la adjudicación y la legalización del contrato. La decisión busca evitar que, en el transcurso de la tutela, se materialicen los hechos que la motivaron y se comprometan derechos fundamentales.

La suspensión se produce a solo un día de la fecha prevista para adjudicar el contrato (18 de julio de 2025) y a menos de una semana de su firma y legalización (22 de julio). El juez consideró que permitir el avance del proceso durante el trámite judicial podría afectar cualquier decisión posterior de fondo.

Adicionalmente, el juzgado ordenó notificar de manera inmediata a la Secretaría de Seguridad y convocó a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría de Bogotá, la Personería de Bogotá y la Alcaldía Mayor para que se pronuncien frente a la situación.

Indagación preliminar

La Personería de Bogotá abrió una indagación previa contra la Secretaría de Seguridad de Bogotá, luego de que la Contraloría de Bogotá informara sobre el hallazgo de presuntas irregularidades en contratos suscritos por esa cartera con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad.

De acuerdo con la información publicada por la Contraloría de Bogotá, se habrían identificado presuntas fallas de planeación y ejecución en tres contratos suscritos entre 2022 y 2024 por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

El objetivo de los convenios era dotar a 800 frentes de seguridad ciudadana con herramientas tecnológicas para mejorar la vigilancia en los barrios; sin embargo, según el ente de control, solo se fortalecieron 100, lo que representa un avance del 12,5 por ciento frente a la meta inicial.

Los contratos, que suman más de 15.500 millones de pesos, incluían la entrega de cámaras de videovigilancia, botones de pánico y estaciones de monitoreo.

Sin embargo, los equipos fueron devueltos al finalizar los convenios, lo que, según la Contraloría, pudo afectar la sostenibilidad del proyecto y dejar sin capacidad instalada a las comunidades beneficiadas.

Entre los hallazgos más relevantes del informe se mencionan la falta de estudios comparativos de mercado, la posibilidad de sobrecostos y presuntos errores en la planificación que podrían tener incidencia disciplinaria y fiscal por más de 600 millones de pesos.

También se evidenció la ausencia de una estrategia para garantizar la continuidad del servicio una vez finalizada la ejecución contractual.