Bogotá
Más del 51 % de los personeros del país alertan por condiciones críticas de seguridad en sus territorios: así lo reveló encuesta de la Personería de Bogotá
El ministerio público de la capital del país también señaló que el 30 % de los funcionarios en ese cargo aseguran estar amenazados por algún grupo criminal.
Una radiografía reciente sobre las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de los personeros municipales en Colombia fue presentada por la Personería de Bogotá. Según esa medición, el panorama para los funcionarios es preocupante en materia de seguridad, recursos y bienestar psicosocial.
La encuesta, presentada en el Congreso Nacional de Personeros el pasado 25 de junio, recoge información de 291 personeros distribuidos en seis regiones del país, con una mayoría (87,4 %) proveniente de municipios de sexta categoría, los más pequeños y con menos recursos del país.
En la jornada, convocada por la Personería de Bogotá y la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper), también se hizo un llamado urgente al país para garantizar la vida, integridad y trabajo de estos funcionarios.
El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, fue enfático en señalar que este espacio no era una cita simbólica, sino una exigencia por el respeto y la protección institucional. “Queremos instituciones vivas y que Colombia nos escuche”, al tiempo que insistió en que sin garantías para los personeros, no se puede cumplir la misión constitucional de proteger los derechos de la ciudadanía.
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Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, subrayó el rol estratégico de las personerías en la defensa de los derechos fundamentales, con énfasis en la necesidad de incorporar enfoques de género y diferencial en su trabajo. “Es esencial proteger a los grupos de especial protección constitucional como mujeres, niños, comunidades étnicas y población LGBTIQ+”, indicó.
En ese sentido, el estudio señala que el 30 % de los personeros encuestados han sido amenazados; y en departamentos como Norte de Santander, Cauca y Arauca, la proporción de amenazados supera incluso a la de no amenazados. El principal actor detrás de estas intimidaciones son los Grupos Armados Organizados (GAO), responsables de más del 58 % de las amenazas, que se realizan principalmente por vía telefónica.
Por otro lado, en el 96 % de los casos, el blanco de la amenaza es el mismo personero, aunque también se documentaron intimidaciones contra familiares y colaboradores cercanos.
A pesar del riesgo que todos reportan, solo el 29 % de los amenazados cuenta con un esquema de protección, de estos, el 92 % considera que las medidas asignadas son inadecuadas. Ahora bien, en contravía de lo anterior, solo el 76 % de los encuestados asegura que sí está vinculado a redes de comunicación de alerta y apoyo.
Según la medición, el impacto de estas condiciones se refleja también en la esfera emocional: uno de cada dos personeros afirma que su labor afecta negativamente su vida familiar, aunque solo el 47 % consideró buscar ayuda profesional.
Desde el punto de vista institucional, la precariedad también es evidente. Apenas el 12 % de las personerías tiene una sede exclusiva; un 9 % no cuenta con ningún espacio físico designado, y el 58 % considera que los espacios actuales no son adecuados para atender al público. Además, aunque hay avances en conectividad, el 39 % de las sedes reportan intermitencias o limitaciones en el acceso a internet.
En cuanto a recursos humanos, el 85 % de los equipos está conformado por máximo tres personas, y solo el 4,4 % de considera que dispone de recursos suficientes para cumplir sus funciones. El 67,7 % opina que sus condiciones actuales son insuficientes, incluso para cumplir con las tareas más básicas de la función pública.
