Representante de los docentes de la Universidad Nacional rechazó postura de senadores que defienden a presuntos terroristas capturados en Bogotá

Mientras la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía sostiene que existen pruebas contundentes que vinculan a 11 personas con actos de terrorismo dentro de la Universidad Nacional de Colombia; un grupo de 31 congresistas de izquierda solicitó la no criminalización de ese grupo y abogó por su liberación; una petición que enfrenta un rechazo frontal por parte de la comunidad académica de esa institución.

De acuerdo con las autoridades, los capturados no hacen parte de la comunidad universitaria y estarían relacionados con acciones violentas que incluyeron la destrucción sistemática de infraestructura, ataques contra bienes públicos y la generación de pánico dentro del campus.

Para la Policía, estos hechos superan con creces cualquier expresión legítima de protesta y se enmarcan en conductas penalmente reprochables, algunas de ellas asociadas al delito de terrorismo por el uso de artefactos incendiarios en espacios de alta afluencia.

En contraste, los congresistas firmantes de la solicitud han defendido la liberación de los detenidos bajo el argumento de presuntas vulneraciones a derechos fundamentales.

Sin embargo, la comunidad académica de la Universidad Nacional, representada en el profesor Diego Torres en el Consejo Superior Universitario, calificó esa petición como improcedente y jurídicamente inviable, al advertir que desconoce la separación de poderes y constituye una intromisión indebida en la autonomía de la Rama Judicial.

En un oficio dirigido a los legisladores, el representante de los profesores de la UNAL recordó que cualquier irregularidad en las capturas debe ser evaluada por jueces competentes a través de mecanismos como el habeas corpus o las nulidades procesales, y no mediante presiones políticas.

Además, subrayó que la detención preventiva aplicada a los implicados responde a criterios legales claros, como la inferencia razonable de autoría y la necesidad de evitar la reiteración delictiva.

El pronunciamiento académico también enfatiza el impacto de los hechos violentos en la vida universitaria. Más de 50.000 estudiantes, 3.000 profesores y 2.000 trabajadores administrativos, señalan, no se sienten representados por estos actos y, por el contrario, viven en un ambiente de miedo permanente.

Finalmente, la comunidad académica fue enfática en advertir que justificar la violencia bajo argumentos políticos abre la puerta a la impunidad y debilita el Estado de Derecho.

Por ello, le piden a los congresistas respetar la autonomía universitaria, abstenerse de interferir en decisiones judiciales y reconocer la gravedad de la crisis de seguridad que atraviesa la Universidad Nacional de Colombia.