El estallido social de 2021 sigue siendo una grieta abierta y profunda en el país. Las movilizaciones de ese entonces fueron la puerta de entrada para que grupos radicales y jóvenes que hoy están señalados de terrorismo se incrustaran con mayor fuerza en las grandes capitales y, sobre todo, se asentaran en las universidades públicas del país. En Bogotá, el caso no es menor.
SEMANA tuvo acceso a documentos, grabaciones, entrevistas y declaraciones de los investigadores del proceso que busca condenar a 11 jóvenes que han protagonizado disturbios en Bogotá durante los dos últimos años y a los que se les pudo probar la pertenencia al grupo radical Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (PPP).
Las revelaciones son claras. No se trata de “muchachos” ni de “estudiantes revolucionarios”; por el contrario, las autoridades han podido demostrar que es un grupo radical organizado, que tiene jerarquía delictiva y que cuenta con financiación, al parecer, de grupos armados de orden nacional adscritos a células del ELN.
Sin embargo, aunque la captura de los 11 señalados es resultado de dos años de investigación, lo cierto es que es solo la punta del iceberg. Durante las pesquisas, se pudo determinar que este grupo tiene entrenamiento terrorista, que son sometidos a diferentes pruebas antes de poder integrar las filas delictivas, que son acuartelados en un campamento, aún por identificar, y que han viajado al exterior a recibir capacitación, así como a enseñar técnicas de “instrumentalización, desorden social, fabricación de explosivos artesanales y evasión y ataque a la fuerza pública”.
“No son estudiantes”
La historia que terminó con 11 personas capturadas no comienza en una universidad pública ni en una protesta reciente. Empieza fuera del país, en Chile, en 2019, en pleno estallido social del país austral que dejó 3.777 víctimas; entre esas, siete personas muertas y 194 casos de agresión sexual a mujeres, según las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos de ese país.
De acuerdo con un investigador que participó directamente en el caso, uno de los integrantes de esta estructura, conocido como alias No Educado o Nur, viajó a Chile a finales de 2019.
No fue un desplazamiento fortuito. “La fuente nos dijo que esta persona fue a enseñar. Allá los chilenos no tenían mucha experiencia en cómo organizar los estallidos, cómo evitar identificaciones, cómo resistir capturas. Él fue a formar”, señaló el investigador a esta revista.
Estos hallazgos solo cobraron relevancia y permitieron conectar cientos de puntos en la investigación el 20 de abril de 2024, cuando las autoridades obtuvieron acceso a una fuente humana con conocimiento interno del grupo. “No era un informante cualquiera. Formaba parte de ellos. Sabía nombres, teléfonos, redes sociales. Se reunía con ellos”. Tras su declaración inicial, la Fiscalía autorizó su vinculación como agente encubierto.
Durante meses, esa fuente grabó reuniones en la Universidad Nacional, en salones y baños de facultades como Sociología y Ciencias Humanas. Las imágenes mostraban a los integrantes conversando como cualquier estudiante, para luego cambiarse, ponerse overoles y salir a cometer actos violentos. “Reunirse no es delito, y eso es cierto. Sin embargo, el contexto es todo”, señaló el investigador.
En esa escena también apareció No Educado. El mismo que en 2019 ayudó a formar grupos insurgentes en Chile; los formó en cómo organizar los ‘estalles’ (nombre que les dan a los enfrentamientos), cómo evitar ser identificados por la policía y cómo distribuir los roles en los enfrentamientos, asignando las responsabilidades de primera línea, contención y lanzamiento.
Ese mismo individuo regresó a Colombia con mayor experiencia y ascendió rápidamente en los grupos que operaban en los llamados portales de resistencia. “Cuando vuelve, ya no es un pelado más. Ya sabe cómo pararse en un tropel, cómo coordinar, quién va adelante, quién contiene, quién lanza. Eso lo convierte en líder”, relató el investigador. Esa formación previa sería uno de los factores que explican la sofisticación que alcanzaron los disturbios años después.
Según la misma fuente humana que actuó como agente encubierto de las autoridades, algunos integrantes de la estructura fueron llevados a una finca clandestina ubicada en las goteras de la ciudad para evaluar si tenían “el perrenque” suficiente para recibir financiamiento y ejecutar acciones de alto impacto. “No era llevarlos por llevarlos. Allá se analizaba si esa persona servía para esto, si podía escalar”.
En ese punto aparecen las primeras referencias a presuntos vínculos con el ELN, una hipótesis que no ha sido plenamente establecida, pero que está sustentada con pruebas materiales; sugiere que las conexiones ideológicas, los colores usados en sus prendas, las fuentes de financiación y el tipo de entrenamiento que exponen podrían probar que son una célula urbana del grupo armado.
Ese contexto, según las autoridades, contrasta con la imagen de movimiento social que durante años rodeó a estos grupos. Según el investigador, la narrativa pública se quedó en la protesta, mientras la estructura avanzaba silenciosamente.
Todo se aceleró tras el estallido social de 2021 en Bogotá. “La ciudad no estaba preparada. Nos quemaron los CAI, nos lesionaron policías, la gente tuvo miedo de verdad. Ahí entendimos que no era solo inconformismo social”, afirmó.
Se escabullen
Hacia 2023, la estructura adoptó un nuevo nombre. El Frente Estudiantil Clandestino (FEC). Para entonces, la confrontación ya incluía explosivos artesanales. Ese año se produjo un ataque con una papa bomba que impactó directamente en el pecho de un policía antidisturbios, dejándolo en estado vegetal.
Por ese hecho fueron capturados alias Pirulo y alias Apache. “Uno de ellos había ido a campamento y había recibido financiamiento. Por eso ese ataque no fue casual”, sostuvo el investigador.
Tras esas capturas, la red volvió a reconfigurarse. Se fragmentó, bajó el perfil y, a finales de 2023, comenzó a reorganizarse nuevamente, esta vez desde dentro de universidades públicas. Fue entonces cuando apareció alias Salvatore, señalado por las autoridades de ser uno de los principales articuladores. “No era gente nueva. Venían desde 2021. Todos se conocían, compartían ideología y antecedentes”.
El grupo pasó a llamarse Los Nadie o Arruera, y empezó a organizar lo que denominaban “estalles”. Salidas planificadas para confrontar a la Policía. La primera aparición clara ocurrió el 15 de marzo de 2024. Semanas después, el 4 de abril, se registró otro evento violento en el que un policía fue golpeado con un casco. En ese hecho, Salvatore apareció usando una máscara distintiva. “Sabíamos que había una estructura, pero no teníamos los nombres ni los rostros”, reconoció el investigador.
Radicalismo al acecho
Uno de los aspectos más sensibles dentro de la investigación fue la identificación del modus operandi del reclutamiento dentro de las universidades públicas de la capital del país. La fuente y más de 4.000 horas de interceptaciones revelaron el mismo patrón. “Buscaban estudiantes nuevos, con dificultades económicas. Primero los integraban socialmente, luego les daban dinero, 50.000 o 100.000 pesos. Después venía la ideología y la prueba del estalle”.
Dicha prueba consistía en salir encapuchado a confrontar a la Policía. “Si el pelado aguantaba, pasaba a la siguiente fase. Si no, quedaba por fuera”, explicó el investigador. Los que avanzaban podían ser vinculados de manera permanente y, eventualmente, evaluados para recibir entrenamiento o financiamiento externo.
Con el agente encubierto en operación durante 12 meses, la Fiscalía documentó 28 actos violentos, de los cuales logró establecer participación directa del grupo en al menos diez. A eso se sumaron interceptaciones, análisis de antenas de ubicación y allanamientos. En uno de ellos se incautó un kilo de explosivo a alias Tolima. A Salvatore también se le halló material explosivo.
Las comunicaciones interceptadas revelaron una coordinación detallada. “Decían ‘nos vemos en la UP’, y por lenguaje cifrado sabíamos que era la Universidad Pedagógica. Ese mismo día rompían un bus. Había muchas coincidencias”, explicó el investigador. Para evitar capturas, los insumos –como la gasolina, botellas, mechas y químicos agrícolas– se transportaban por separado. Solo se convertían en explosivos al mezclarse.
El nivel técnico de los artefactos preocupó a las autoridades. Papel aluminio, mezcla explosiva, metralla improvisada con tornillos o piedras, todo diseñado para detonar por impacto. “Esto no es protesta. Es fabricación de explosivos”, insistió el funcionario.
La investigación también apuntó a un presunto financiador externo, ubicado en Medellín, quien habría enviado explosivos, pañoletas y banderas por mensajería. Aunque no se logró establecer judicialmente un vínculo directo con el ELN, el investigador sostuvo que los indicios son claros. “Por la ideología, los colores y el tipo de apoyo, es muy probable que haya nexos”, concluyó.
