Ministra de Ambiente podría ser arrestada por seis meses; esta es la razón

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga emitió un contundente requerimiento a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, advirtiéndole que, de no acatar en un plazo máximo de 48 horas un fallo de tutela de segunda instancia, podría enfrentar un arresto de seis meses y una multa equivalente a 20 salarios mínimos. La orden judicial exige que la funcionaria responda de manera técnica y legal a las inquietudes de más de 35 mil habitantes de la Provincia de Soto Norte, en Santander, quienes se verían afectados por la creación de una zona de reserva sin la debida consulta previa.

El fallo judicial responde a un derecho de petición, presentado el 5 de noviembre de 2024 por Ivonne González, líder del paro minero y presidenta de Asomineros Vetas. González denunció que el Ministerio de Ambiente ha incumplido con su obligación de brindar información clara y suficiente sobre la implementación de una zona de reserva que, según las comunidades, carece de fundamentos técnicos y legales, y que amenaza con restringir actividades económicas legales en más del 98 % del territorio de seis municipios: California, Vetas, Suratá, Matanza, Tona y Charta, así como en el 30 % del área rural de Bucaramanga.

“Esta decisión del tribunal nos da la razón. La ministra ha violado los derechos fundamentales de miles de familias de pequeños y medianos mineros legales, condenándonos a la pobreza y la ilegalidad. Pretende borrar 450 años de tradición minera y arraigo cultural con una resolución inconsulta, que ignora sentencias de la Corte Constitucional y viola el Acuerdo de Escazú”, afirmó González.

Las comunidades de Soto Norte han denunciado que el ministerio ha actuado de manera arbitraria, sin consultar a los habitantes y desconociendo las advertencias de instituciones como la Gobernación de Santander, los alcaldes de la provincia, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Además, más de 20 organizaciones han señalado que las supuestas mesas de socialización convocadas por el ministerio fueron un fracaso, con poca participación, falta de garantías y ausencia de organismos de control; lo que llevó a los habitantes a abandonar las reuniones por considerarlas manipuladoras.

González también acusó a la ministra de vulnerar el derecho a la información al no responder de manera completa y clara a las inquietudes relacionadas con las áreas de reserva temporal, el Decreto 044, la aplicación irregular del artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y la paralización de los procesos de formalización minera. “No estamos pidiendo minería en el páramo, eso es absurdo. Lo que exigimos es que no criminalicen a los mineros legales y que no impongan medidas inconsultas que benefician a grupos políticos y activistas que no viven en nuestro territorio”, sostuvo.

El fallo del Tribunal Superior confirma la decisión de segunda instancia a favor de González y las 35 mil personas afectadas, quienes esperan que la ministra cumpla con la orden judicial antes de dejar su cargo. “Esperamos que el cambio de puesto de la ministra no sea una estrategia para evadir el desacato, el arresto y la multa. Si habla de dignidad, que asuma sus responsabilidades con dignidad”, concluyó la líder minera.

Este caso ha generado un intenso debate sobre la protección ambiental y los derechos de las comunidades, poniendo en evidencia las tensiones entre las políticas gubernamentales y las necesidades de los habitantes de Soto Norte.