“No vamos a cambiar el candidato”: Liga de Gobernantes Anticorrupción tras decisión del CNE

Opiniones divididas ha causado la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez a la Gobernación de Santander, debido a las sanciones disciplinarias que ha recibido el santandereano durante los últimos cinco años.

Desde la Liga de Gobernantes Anticorrupción, partido político por el cual Hernández Suárez había inscrito su candidatura, señalaron que el CNE ignora la jurisprudencia del Consejo de Estado en sus diferentes salas y vulnera el bloque de constitucionalidad que tiene en su componente la convención de Derechos Humanos, por lo cual continuarán dando la ‘pelea’ para que el excandidato presidencial gane las elecciones del próximo 29 de octubre y llegue a la Gobernación de Santander.

“Cambiar el candidato sería aceptar la vulneración de los derechos políticos. No vamos a cambiar el candidato, nuestro candidato es Rodolfo Hernández, con el derecho que tiene a ser candidato a la Gobernación, que hoy le están quitando”, aseguró en cadena radial Camilo Larios, director nacional del partido.

En cuanto a las razones por las cuales fue revocada la candidatura del exalcalde de Bucaramanga, señaló: “Son sanciones que a la procuradora le parecieron, y no le garantizó su derecho de defensa, le parecieron que debía atacar”.

La revocatoria

Dos conjueces que conocieron la solicitud de revocatoria de la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander participaron de la votación, que finalmente quedó seis a favor y cuatro en contra. La decisión se conoció el pasado jueves 28 de septiembre.

Por ahora, quedaría por fuera de las elecciones regionales del 29 de octubre, en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y otros cargos de elección popular.

La razón de fondo para revocar a Hernández está basada en la sanción disciplinaria que existe en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, los ocho magistrados del CNE no lograron ponerse de acuerdo en la discusión, por lo que fue necesaria la participación de dos conjueces.

La discusión no fue nada fácil, pero, después de revisar todos los argumentos jurídicos, la mayoría se impuso y Hernández está por fuera de la contienda. No obstante, se podrá presentar un recurso de reposición dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación del CNE.

Aunque la campaña de Rodolfo Hernández no desconoce que tiene tres sanciones, tienen claro que no fueron por corrupción. Alegan que no contaron con el visto bueno de un juez penal o el Consejo de Estado, según lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estimó que la Procuraduría es un organismo administrativo que no tiene los ‘dientes’ jurídicos para quitarle los delitos políticos a un funcionario elegido por voto popular.

En otras palabras, la campaña cree que el candidato santandereano debe acogerse el fallo de la CIDH que le devolvió los derechos políticos a Gustavo Petro, tras haber sido destituido por el exprocurador Alejandro Ordóñez por el escándalo de las basuras cuando fue alcalde de Bogotá.

“Para nadie es un secreto que los magistrados del Consejo Nacional Electoral son puestos por los partidos políticos. Y lo que se evidenció fue una decisión nada fácil al interior de la organización política que tenía como finalidad ir en contra de la solicitud de revisión de convencionalidad y afectar la candidatura de Rodolfo Hernández. Esto, directamente, favorece a los candidatos de estos partidos políticos a la Gobernación de Santander”, dijo a SEMANA Camilo Larios.

Además, en la campaña de Rodolfo Hernández creen que el caso del ingeniero es similar al de la exgobernadora del Huila Cielo González Villa, quien fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos porque acumuló tres sanciones disciplinarias. Sin embargo, recientemente, el Consejo de Estado falló a su favor, se acogió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le devolvió sus derechos políticos al tumbar dicha inhabilidad por parte de la Procuraduría.