Tensión en Soto Norte: operativo policial y militar contra pequeños mineros tras declaratoria de Zona de Reserva

Un fuerte operativo de la Policía y el Ejército Nacional se desplegó en la madrugada de este lunes, 10 de marzo, en el municipio de California, Santander, con el objetivo de cerrar bocaminas y detener a pequeños mineros informales de Soto Norte.

La intervención, ordenada desde Bogotá y sin previo aviso a las autoridades municipales, responde a la reciente declaratoria de Zona de Reserva que se dio el pasado 3 de marzo por la exministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Según información suministrada por los habitantes de la zona, al menos 13 camionetas, tres camiones turbos y varias motocicletas transportaron a los uniformados hasta el área minera.

El operativo también contó con la presencia de funcionarios del Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Ministerio de Minas y la Fiscalía, quienes estarían supervisando el cierre de bocaminas en la región.

De acuerdo con versiones preliminares, se han registrado detonaciones en la parte alta de la montaña y al menos cuatro personas fueron detenidas. Testimonios de la comunidad también indican que algunos habitantes han sido despojados de sus teléfonos celulares cuando intentaban registrar la intervención.

Fabio Maldonado, director del Consejo de Desarrollo de Soto Norte y de la Fundación Gran Pacto Social por California (GPS), expresó su rechazo al operativo y denunció que la declaratoria de Zona de Reserva impuesta por la exministra Muhamad se realizó de manera inconsulta, afectando gravemente a la población que depende económicamente de esta actividad.

“Con este operativo armado contra los mineros y pobladores de Soto Norte se confirma lo que veníamos advirtiendo: una vez declarada la zona de reserva ilegal e inconsulta, nos condenaron a todos a la ilegalidad, el desplazamiento y la pobreza. Hoy llegan la Policía y el Ejército a perseguir a los pequeños mineros informales o que querían formalizarse, a cerrar las minas que son el sustento de miles de familias, y a llevarnos presos o infundirnos terror solo por habernos opuesto a una restricción ilegal que violó el Acuerdo de Escazú y las sentencias de la Corte Constitucional”, afirmó Maldonado.

El líder social también criticó la falta de diálogo y concertación en la implementación de la medida por parte del gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro.

“Los funcionarios, protegidos por las armas del Estado, llegaron hoy a nuestros pueblos a imponer una medida que nunca fue consultada ni construida con la gente afectada. La resolución quedó mal hecha en el papel, y ahora la quieren hacer efectiva con la fuerza y las armas del Estado. El Gobierno del Cambio quiere borrar 400 años de tradición minera a punta de fusiles”, agregó.

A pesar de la magnitud del operativo, hasta el momento no se han pronunciado oficialmente ni la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, ni otras entidades del Gobierno Nacional sobre la situación en California.

“Estamos sumidos en el terror y el miedo. ¿Dónde están ahora los activistas, politiqueros e incluso unos pocos californianos que defendían la tal zona de reserva y decían que no nos iba a pasar nada? ¿Dónde está el respeto a nuestros derechos y nuestra vocación que tanto hablaba la exministra que ahora anda escondida?”, cuestionó Maldonado.

Por su parte, las asociaciones sociales, campesinas y mineras de California han solicitado urgentemente la intervención del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, para que gestione una reunión con la ministra Lena Estrada y detenga la “persecución” contra la población minera.

“Le pedimos al gobernador que no permita este abuso en nuestros territorios, que proteja nuestros derechos y que busque una mediación para frenar esta persecución contra la población minera. No somos delincuentes”, concluyó Maldonado.

El operativo por parte de las autoridades continúa a esta hora en esa zona del departamento de Santander.