Así es la guerra entre narcos que ha disparado los homicidios en Cali: granadas, fusiles y ajustes de cuentas

Cali vive una de las disputas criminales más violentas de los últimos meses. Con 745 homicidios registrados hasta el 30 de septiembre de 2025, la capital del Valle vuelve a ocupar los primeros lugares en violencia homicida del país. Detrás de esta escalada se encuentra una sangrienta confrontación entre dos estructuras del narcotráfico que se pelean el control en el oriente de la ciudad.

Las cifras oficiales confirman la tendencia. Al corte del 30 de septiembre de 2025, Cali registraba 745 homicidios, un 7 por ciento más frente a los 694 casos del mismo periodo en 2024. En 2023, la ciudad reportó 756 asesinatos, en 2022 fueron 717 y en 2021 llegaron a 936.

El incremento de este año, tras la baja de 2024, encendió las alarmas en el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y las autoridades locales, pues muestra la persistencia de la violencia homicida en la capital del Valle.

Los datos coinciden con el recrudecimiento de una guerra urbana entre Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, y Andrés Felipe Flórez Sotelo, alias Chinga Pipe, dos antiguos sicarios de grandes narcotraficantes que, tras el debilitamiento de los carteles tradicionales, se erigieron como jefes de estructuras dedicadas al microtráfico, sicariato y extorsión.

Alias Dimax y alias Chinga Pipe tienen algo en común: ambos fueron capturados en múltiples ocasiones, judicializados por homicidio, concierto para delinquir, tráfico de armas y estupefacientes, pero siempre han logrado recuperar su libertad. El coronel Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó: “Desde la vigencia 2015, un delincuente conocido como Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, fue judicializado por narcotráfico.

Posteriormente, hacia 2017, se origina una confrontación con otros dinamizadores del narcotráfico, como Martín Bala y Andrés Felipe Flórez Sotelo, alias Chinga Pipe, que fue capturado por la Policía Metropolitana de Cali el pasado 28 de agosto. Se le incautó una pistola calibre 9 mm y un fusil después de cometer un atentado contra unos integrantes que usaban una camioneta Toyota de color blanco”.

La captura de Chinga Pipe en agosto ocurrió tras un atentado con fusil en una vía concurrida de la ciudad. Pese a que se movilizaba en una camioneta blindada, uno de sus escoltas murió en la emboscada. En el operativo fueron detenidos varios de sus hombres.

El oficial cuestionó las decisiones judiciales que en el pasado permitieron la libertad de este cabecilla: “Ese delincuente no tenía que estar en la calle. Un juez le otorgó un beneficio de detención domiciliaria en un resguardo indígena del municipio de Florida, Valle del Cauca. Desde allí seguía cometiendo conductas delictivas”.

Actualmente, Chinga Pipe se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar, mientras que Dimax mantiene su estructura activa desde el oriente de la ciudad.

Crímenes con sello de guerra

Los hechos violentos recientes demuestran el nivel de confrontación. El 15 de septiembre se registró una masacre en la que tres hombres fueron asesinados dentro de una camioneta de alta gama cerca al Club Campestre, en el sur de Cali. La sofisticación del ataque, en un sector considerado de alta seguridad, prendió las alarmas sobre el alcance de estas estructuras.

A este hecho se sumó el lanzamiento de una granada IM-26 contra la cárcel Villahermosa, que no dejó víctimas, pero sí constató la intención de presionar la salida de los cabecillas detenidos. La Policía confirmó que también hubo atentados dirigidos contra el director regional del Inpec.

El coronel Bello aseguró: “Esa confrontación de alias Dimax con alias Chinga Pipe nos ha generado homicidios y ataques con explosivos, especialmente en la cárcel de Villahermosa. Hace 15 días lanzaron una granada contra uno de los patios. No causó daños ni lesionó a personas, pero evidencia la magnitud de esta guerra”.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, explicó que el fenómeno está directamente vinculado con las economías ilegales que operan en el Valle del Cauca: “Alrededor del 70 por ciento de los homicidios ocurren asociados a una actividad criminal directa o indirecta y el 30 por ciento tiene que ver con otros factores dinamizadores como violencia intrafamiliar o interpersonal. El origen de este ejercicio violento son claramente las economías criminales: la minería ilegal y el narcotráfico”.

El funcionario advirtió que Cali, como capital del suroccidente, se convirtió en escenario de disputas que involucran a grupos provenientes de otros departamentos: “Cali es la capital más dinámica, con una economía pujante. Estos actores criminales muchas veces vienen aquí a esconderse o a terminar una actividad criminal. Hemos tenido en los últimos años gente que llega desde Ecuador o desde Nariño, y esos conflictos terminan resolviéndose violentamente en la ciudad”.

La expansión del conflicto

Aunque los principales centros de operación de Dimax y Chinga Pipe se ubican en el oriente de Cali, la violencia se ha extendido a otras comunas y sectores de la ciudad. La confrontación ya no está circunscrita a los barrios populares, sino que ha alcanzado zonas residenciales de estratos altos, como lo demuestra la masacre en el sur.

El coronel Bello describió un caso puntual ocurrido el 28 de agosto en el barrio El Retiro, comuna 15: “Ese ataque sicarial iba dirigido contra personas que delinquen con alias Dimax. Alias Chinga Pipe, que había recibido el beneficio de detención domiciliaria en un resguardo indígena, fue capturado en esa acción, y hoy se encuentra privado de la libertad”.

La Alcaldía y la Policía han insistido en la necesidad de reforzar las investigaciones y coordinar con el Gobierno nacional. Según el secretario García, “lo primero es que Chinga Pipe está capturado y fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. La investigación determinará si esos homicidios están asociados con un interés criminal entre estas organizaciones. Por ahora, el bloque de búsqueda implementado con la Policía y el Gobierno nacional está directamente involucrado en la investigación, no solo contra la disidencia Jaime Martínez (que delinque en Jamundí), sino también contra estas estructuras”.

El funcionario aseguró que esta capacidad se ha construido con el apoyo del Gobierno nacional y busca judicializar a todos los actores vinculados a esta confrontación. No obstante, este conflicto criminal ya había sido alertado por SEMANA tras la liberación del niño Lyan Hortúa.

A este medio llegó una carta con una explosiva denuncia: emisarios de viejos carteles llegarían a la ciudad para cobrar deudas de testaferratos y otros negocios ilegales. Ante la negativa de los nuevos dueños de esos predios, en la misiva se advertía que se avecina una guerra como la que se está presentando en la capital del Valle.