El control criminal que ejercen las disidencias de las Farc sobre la población civil en la zona rural de Jamundí ya rompió todas las barreras de lo creíble. Los terroristas no solo controlan el desplazamiento de la comunidad, los horarios de salida y entrada a sus veredas y corregimientos, su comportamiento, sino que también establecen tarifas de nuevos impuestos como si se tratara de un Estado paralelo.
SEMANA conoció fotografías y videos subidos a redes sociales en los que se observa el famoso peaje del Naya. Es una especie de talanquera, operada por al menos dos personas, en la que todo el que pase —sin excepción— se detiene para pagar el valor impuesto: $8.000 para motos y $15.000 para carros.
El improvisado peaje queda en el puente que da ingreso al sector conocido como la Playa del Valle, en la subregión del Naya, en la zona rural alta de Jamundí. El dinero recaudado ilegalmente producto de esta extorsión normalizada va a parar a las arcas del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco.
Todos —y por todo— pagan
Las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, continúan imponiendo su ley de terror y barbarie en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Allí, la estructura armada Jaime Martínez adelanta la construcción de una carretera que unirá los corregimientos de San Antonio y Villacolombia, una obra financiada por la misma comunidad bajo presión, miedo y amenaza de muerte.
Cada campesino ha sido obligado a entregar 500.000 pesos en efectivo a los disidentes. Pero el monto no termina ahí: también deben pagar 80.000 pesos por cada niño matriculado en la escuela. Para muchas familias, esto significa desembolsar más de 700.000 pesos en cuestión de días, en una economía de jornales que apenas permite sobrevivir.
“Nosotros vivimos del día a día. Ganamos 50.000 o 60.000 pesos en el mejor de los casos. ¿Cómo esperan que paguemos medio millón y más por nuestros hijos?”, relata uno de los pobladores que, por seguridad, prefiere no revelar su nombre. “Quien no paga aparece muerto. Así de simple”, agrega.
Control total
A tan solo 25 minutos de la capital del Valle, ante la mirada casi permisiva de la Fuerza Pública, Mordisco se dio el lujo de montar una república independiente que desafía al Estado democrático y amenaza con situar allí una dictadura sangrienta, en la que en menos de un año han asesinado a más de 50 personas, retenido a 360 ciudadanos y secuestrado a 71. La crítica situación llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir una alerta temprana debido a la “sistemática violación a los derechos humanos” en Jamundí.
En impactantes videos conocidos por SEMANA se ve a guerrilleros armados patrullando, con fusiles de asalto, increpando a la comunidad para sembrar el terror; también se les ve deteniendo ciclistas, a quienes se les exige documentación al día. Un panorama desolador que devuelve a Colombia al pasado, al mismo escenario de miedo, incertidumbre y dolor de hace tres décadas.
Un equipo periodístico de SEMANA llegó hasta la riesgosa zona rural de Jamundí para constatar las denuncias de varios líderes del sector.
“La guerrilla es la ley”, dijo un vocero campesino. Su premisa no es exagerada, porque basta con alejarse cinco kilómetros del casco urbano para encontrar señales de advertencia de la columna Jaime Martínez, que generan terror. Sobre la carretera hay pancartas, pasacalles y grafitis que indican que a partir de ese momento es territorio de Mordisco. El primer retén de los criminales está en el corregimiento Ampudia, a tan solo diez minutos en carro desde el centro de Jamundí.
