Colombia atraviesa en 2025 una de las crisis sanitarias más profundas desde la creación del sistema de aseguramiento. El colapso no es un fenómeno aislado ni una alarma regional: se manifiesta de manera simultánea en grandes capitales, municipios intermedios y zonas rurales, con cierres masivos de servicios, hospitales desfinanciados, EPS intervenidas y una judicialización sin precedentes del derecho a la salud.
Las cifras oficiales de tutelas, las deudas multimillonarias acumuladas y la suspensión de servicios esenciales como pediatría, ginecobstetricia y urgencias dibujan un panorama nacional crítico, marcado por la falta de flujo de recursos, la fragilidad financiera de la red prestadora y una creciente presión sobre hospitales públicos y privados.
De acuerdo con registros del sector, en distintas regiones del país se han multiplicado las quejas por demoras en la atención, negación de procedimientos, falta de medicamentos y cierre parcial o definitivo de servicios médicos.
En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, las personerías, Defensoría del Pueblo y secretarías de salud han advertido un aumento sostenido de acciones judiciales para exigir tratamientos básicos, al tiempo que hospitales reportan ocupaciones críticas, carteras impagables y retrasos en el pago de salarios al personal médico y asistencial. El deterioro del sistema, coinciden las autoridades locales, ya no es una amenaza latente sino una realidad instalada.
Ese contexto nacional explica por qué regiones enteras hoy enfrentan situaciones límite. En Medellín, por ejemplo, la crisis sanitaria ya fue calificada como histórica. El personero distrital, Mefi Boset Rave Gómez, no duda en afirmar que se trata del momento más grave que ha vivido la ciudad en materia de salud.
“Desde infantes hasta personas mayores han fallecido esperando que una tutela les garantice sus derechos, nuestra política es que la tutela la radicamos nosotros y en ese trámite, mientras la tutela está en el juzgado y sale la sentencia, la persona ha fallecido, tenemos unos 20 casos, si brindo detalles de cada caso nos ponemos a llorar”, le dijo a SEMANA.
El funcionario describe escenas que evidencian el colapso del sistema: personas que llegan a la Personería con heridas expuestas, pacientes sin atención oportuna y familias que ven en la tutela la única puerta de acceso a un derecho fundamental. Estas situaciones hacen parte de las 13.931 tutelas que hasta el 30 de noviembre fueron interpuestas por los medellinenses a través de la Personería para implorarle al sistema de salud una atención debida.
“El tema no es nada sano, en la Personería vemos con preocupación que la mayor cantidad de personas que nos visitan es para pedir la protección de su derecho a la salud. Ocho de cada diez personas buscan ese servicio. Es el momento más crítico en la historia de la ciudad”, explicó.
Una de las causas estructurales del deterioro, según la Personería, es el factor económico. Las EPS le adeudan cerca de 210.000 millones de pesos al sistema de salud del Distrito. De esa cifra, 139.176.000.000 corresponden al Hospital General, 10.319.008.621 al Hospital Infantil Concejo de Medellín y 67.023.302.711 a Metrosalud.
“El valor de la deuda a la red privada es mucho mayor, aunque no se tiene datos consolidados, sí se tiene información de casos como la deuda de Nueva EPS con la red privada que ronda los dos billones de pesos”, señalaron desde esa entidad.
Este escenario ha llevado a la intervención de tres EPS que concentran una parte significativa de los afiliados en la ciudad: Savia Salud, con 507.473 usuarios; Nueva EPS, con 274.534, y Coosalud, con 29.175. En total, estas tres entidades agrupan a 811.182 personas afiliadas, hoy sometidas a un sistema tensionado al límite.
Aunque en Medellín se han registrado cierres de algunos servicios, las autoridades aclaran que “no se trata, en la mayoría de los casos, del cierre definitivo de centros de atención, sino de la suspensión temporal o cierre definitivo de algunos servicios específicos como lo son servicios de pediatría, gineco-obstetricia y urgencias por parte de algunas instituciones prestadoras de servicios de salud”.
“Estas suspensiones de servicios responden a múltiples factores, entre ellos dificultades financieras, falta de pago oportuno por parte de las EPS, reorganizaciones administrativas y problemas de sostenibilidad del sistema de salud”, indicaron.
Ese mismo patrón se repite con fuerza en el suroccidente del país. Más de tres mil servicios de salud cerrados en pleno 2025 tienen al sistema sanitario del Valle del Cauca al borde del colapso. La cifra exacta es 3.022. No se trata de un ajuste menor ni de una coyuntura pasajera: es, según la Secretaría Departamental de Salud, una crisis estructural que avanza sin freno y que ya está desbordando hospitales, urgencias y al personal médico en todo el departamento.
“Lo que ha significado el cierre de servicios durante el año 2025 en el Valle del Cauca, incluido Cali, es absolutamente alarmante”, advierte María Cristina Lesmes Duque, secretaria departamental de Salud, al detallar un panorama que describe como crítico y sin una salida clara en el corto plazo.
De acuerdo con los registros oficiales del REPS, el Registro de Prestadores de Servicios de Salud del Valle del Cauca y de Cali, durante este año se cerraron 2.036 servicios en IPS, lo que representa el 67,4 por ciento del total. A esto se suman 855 cierres de prestadores independientes, 120 instituciones con objeto social de prestación diferente y 11 transportadores de pacientes.
“Son 3.022 cierres de servicios que hoy están afectando directamente la oferta de atención en el departamento”, precisa la funcionaria.
Los servicios más golpeados no son marginales ni secundarios. En la lista aparecen odontología, medicina general, fisioterapia, psicología, nutrición y dietética, enfermería, toma de muestras de laboratorio, ortodoncia, medicina interna, vacunación, ginecobstetricia, optometría, pediatría, dermatología, terapia ocupacional y medicina familiar.
“Lo que más se cierra son los servicios que no son rentables”, afirma Lesmes, dejando al descubierto una lógica financiera que hoy prima sobre la atención en salud.
Aunque no se reportan cierres formales de servicios de urgencias, la secretaria es clara en señalar que eso no significa que estén funcionando con normalidad. “No se cierran las urgencias porque son la puerta de entrada de todas las instituciones, pero sí se limita la prestación”, explica. Esa limitación se traduce en demoras, en la no recepción oportuna de pacientes y en la negativa de algunas instituciones a aceptar remisiones, salvo los casos clasificados como triage uno y dos, los más graves. “Los pacientes que no son tan graves los pueden diferir, y eso es lo que está pasando”, señala.
La situación es especialmente delicada en dos servicios esenciales: ginecobstetricia y pediatría. “Se han cerrado 70 servicios de ginecobstetricia y 58 de pediatría. Eso es muy preocupante”, reconoce Lesmes. La razón, insiste, es económica. “Son servicios costosos, pero las tarifas son básicas. No se logra mantenerlos abiertos porque no dan lo suficiente para sostenerlos ni para generar excedentes que permitan inversión social”.
El impacto de estos cierres ya se siente con fuerza en los servicios de urgencias, que operan bajo una presión extrema. “Tenemos días con ocupaciones del 300 por ciento”, revela la secretaria.
La causa es un efecto dominó: pacientes que no reciben atención oportuna, que no acceden a medicamentos o cirugías a tiempo, y que terminan llegando a urgencias con cuadros mucho más graves. “Lo que tenemos es una profundización de la enfermedad, un empeoramiento de los casos que requieren servicios de alta complejidad”, afirma.
A este panorama se suma una crisis financiera que la funcionaria califica como una de las más graves en la última década. “La cartera en el departamento se incrementó en más del 30 por ciento este año. Ya volvemos a tener hospitales que deben tres salarios mensuales más la prima de diciembre, cosa que no ocurría desde 2015”, advierte. A la fecha, muchos hospitales no han recibido pagos desde noviembre y, en algunos casos, acumulan más de tres meses sin flujo de recursos. “En general no nos han pagado más allá del 60 por ciento de los servicios prestados”, señala.
La preocupación se extiende tanto a instituciones públicas como privadas. “Esto no es exclusivo de un sector. Públicos y privados estamos en la misma situación”, dice Lesmes, recordando que en el Valle del Cauca el 85 por ciento de los prestadores son privados. “Al gobierno nacional le preocupa que las IPS privadas facturen, pero para nosotros son fundamentales, porque sostienen gran parte de la red”.
En medio de la temporada decembrina y con la llegada de más de un millón de turistas a la región, la alerta es aún mayor. “La situación es muy grave. Usted no quisiera estar en mis zapatos”, confiesa la secretaria. Ante la incertidumbre, la Secretaría de Salud intenta reforzar su centro regulador y asegurar insumos básicos.
“Estamos comprando cosas para tener la certeza de que contamos con líquidos y elementos esenciales para la atención de los pacientes”, explica, aunque admite que no hay garantías de que los recursos lleguen antes de que termine el año.
La angustia no es solo por los pacientes. También por los trabajadores de la salud. “Tengo preocupación por los trabajadores sin salario, sin prima, por sus hijos y sus familias. Hay una pérdida importante de puestos de trabajo porque no hay posibilidad de pagar”, sostiene. La crisis, según sus palabras, ya está dejando secuelas sociales profundas.
Pese a que el Valle del Cauca cuenta con cinco instituciones de altísima complejidad —el Hospital Universitario del Valle, el Centro Médico Imbanaco, la Fundación Valle del Lili, la Clínica Occidente y la Clínica de los Remedios—, la secretaria advierte que ni siquiera esta fortaleza es suficiente si el sistema sigue debilitándose. “Los vallecaucanos han podido acceder a estas clínicas sin necesidad de tener tarjetas de crédito de color negro, gracias al aseguramiento. Eso es lo que está en riesgo”, enfatiza.
El diagnóstico final es contundente y sin alivios. “Estamos en cuidados intensivos”, resume Lesmes. Y concluye con una advertencia que deja en evidencia la dimensión de la crisis: “La situación es muy difícil y lo más grave es que no le vemos una salida en el corto plazo”.
