¿Contrato a dedo? Veeduría advierte presunto direccionamiento en contratación de la Uspec

Este miércoles, 23 de abril, SEMANA conoció un documento en el que le hacen un fuerte llamado de atención desde la Red de Veedurías de Colombia a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), al denunciar presuntas irregularidades en el proceso contractual USPEC-CM-A-011-2025, que busca contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica sobre el servicio de alimentación para la población privada de la libertad.

La advertencia fue formulada por el abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia y coordinador internacional de Veedores Sin Fronteras, mediante una intervención veedurial con carácter urgente dirigida al director de la Uspec, Fidel Espitia Ordóñez.

Según Bustos, el proceso contiene elementos que representarían un “riesgo jurídico, reputacional e institucional” para la entidad. En su carta, expresó su preocupación por la reiterada adjudicación de contratos de interventoría en materia penitenciaria bajo condiciones que, según argumentó, “afectan los principios de contratación pública, libre concurrencia y pluralidad de oferentes”.

“Nos permitimos presentar la siguiente observación formal al pliego de condiciones […] conforme al principio de transparencia que debe regir todas las etapas de la contratación estatal”, señala el documento conocido por SEMANA.

La veeduría ciudadana afirma haber tenido conocimiento de múltiples comunicaciones de oferentes que consideran que los requisitos de experiencia exigidos en el pliego constituyen “barreras de entrada injustificadas” que limitan la participación de nuevos actores.

De acuerdo con la advertencia, esos criterios podrían estar diseñados para favorecer a un proponente en particular: “Se ha señalado de forma reiterada que los requisitos de experiencia propuestos podrían estar orientados a favorecer a un único oferente en particular, concretamente a la Fundación Universitaria del Valle y su más reciente aliado estratégico, ATI International”.

Esta situación, según la veeduría, vulneraría el principio de selección objetiva previsto en el Estatuto General de Contratación. Ante la gravedad de las observaciones, la Red de Veedurías solicitó tres medidas inmediatas a la Uspec:

1. La suspensión temporal del proceso para revisar técnica y jurídicamente los requisitos de experiencia actualmente exigidos.

2. El ajuste del cronograma del proceso para permitir una participación equitativa una vez se modifiquen las condiciones del pliego.

3. Un pronunciamiento institucional público que dé respuesta de fondo a las observaciones de los diversos actores, fortaleciendo así la transparencia del proceso.

“La contratación debe adelantarse bajo los más altos estándares de integridad, competencia y respeto por la normativa vigente”, concluye el documento que firmó Bustos.

El veedor pide que entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República intervengan en estos presuntos hechos irregulares.

Advertencia a la Universidad del Valle

En un segundo documento conocido por SEMANA, se conoció que la veeduría envió un documento a las directivas de la Fundación Universitaria del Valle, realizando una observación “respetuosa pero urgente” sobre los efectos negativos que podría tener para la institución su participación reiterada como contratista de interventoría penitenciaria en condiciones de escasa competencia.

“Es ampliamente conocido que dicha interventoría ha sido adjudicada de manera repetida a esta institución educativa […] con condiciones que, en la práctica, limitan la pluralidad de oferentes”, afirmó Bustos.

“La Universidad no debe convertirse en un operador técnico recurrente del Estado en condiciones de baja competencia. Su rol debe centrarse en la formación crítica, el pensamiento libre y el compromiso con la transformación social”, sostuvo el veedor.

Además, alertó que la imagen institucional de Univalle puede verse comprometida si se le vincula de forma sistemática con procesos contractuales señalados por falta de pluralidad y transparencia.

Finalmente, la veeduría exhortó a la universidad a realizar una revisión interna sobre la coherencia entre estos contratos y su misión educativa, llamando a abrir un debate dentro de los consejos académicos y directivos.

“Una universidad ética no puede cerrar los ojos ante los impactos indirectos de sus decisiones administrativas”, concluyó el documento.