Disidencias de Mordisco obligan ahora a las juntas de acción comunal a recibir, distribuir y guardar el dinero de las extorsiones a civiles

El asesinato de Ruhal Martínez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Villacolombia, zona rural alta de Jamundí, Valle del Cauca, el pasado 6 de agosto de 2025, no fue un crimen cualquiera. Fue un contundente mensaje de alerta para los presidentes y directivos de estas corporaciones comunitarias en todo el suroccidente del país.

Las disidencias, a través del frente Jaime Martínez, asesinaron a Ruhal para comunicarles a las juntas de Jamundí, Sevilla y otros municipios del Valle que las órdenes de esa estructura terrorista se cumplen.

Hoy, los comandos del sanguinario Iván Mordisco han modificado su forma de recaudo (las llamadas vacunas) y ya no son ellos quienes tocan las puertas de los humildes hogares rurales para pedir la extorsión que se debe pagar cada mes, sino que esta tarea ahora es responsabilidad de tesoreros, fiscales, presidentes y vicepresidentes de las Juntas de Acción Comunal.

Esos organismos con una misionalidad comunitaria, en la actualidad, deben actuar –en muchos casos– como bancos de las disidencias. Un líder de Jamundí, que conoce a la perfección el territorio y esta práctica desarrollada por los hombres de Mordisco, cuenta: “Es una forma de control, porque a través de las juntas tienen acceso al libro comunal y así llevan un registro, casi notarial, de quién paga o no”.

Pero el recaudo recae sobre los directivos de las juntas. Por ejemplo, en la zona rural alta de Jamundí, son los presidentes y vicepresidentes quienes deben recoger el dinero y luego cruzar cuentas con los comandantes disidentes. Y el que no acepte esta labor, tenga un desfase en las cifras o quiera renunciar a su cargo, es asesinado, tal como ocurrió con Martínez.

Las disidencias han cooptado en muchas regiones de Colombia las Juntas de Acción Comunal, a tal punto que inciden en las elecciones generales para tener alfiles allí y de esta manera convertirlas en un brazo político, social y económico para sus fines terroristas.

“Los directivos de las Juntas de Acción Comunal reciben presiones de la Coccam (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola), de la Mesa Campesina y muchas otras organizaciones que hoy tienen relaciones directas con las disidencias de las Farc en corregimientos de Jamundí como Villacolombia, Ampudia y San Antonio”, revela el líder de la zona consultado por SEMANA.

En ese registro que deben llevar las Juntas de Acción Comunal a las disidencias mes a mes, también son apuntados los días de trabajo que deben donar los pobladores para las obras que benefician a estos grupos terroristas. Es como si en la ruralidad, los hombres de Mordisco tuvieran grandes haciendas de esclavos que deben trabajar y tributar cuando ellos lo ordenen.

“Aquí los impuestos de las haciendas son 120.000 pesos cada tres meses para las personas que tienen carro; el que tenga moto debe pagar 60.000 cada mes; mientras que por cada casa son 30.000 pesos al mes. Eso, de alguna manera, debe ser recolectado y entregado a las disidencias por parte de las juntas”, agrega la fuente consultada por este medio. Este panorama se repite en Sevilla y poblados del norte del Valle con las estructuras disidentes Adán Izquierdo y Yair Bermúdez –también llamada Frente 57–.

La primera responde a las órdenes de Iván Mordisco, y la segunda a alias Barreto. En esa zona del departamento, el tributo sube considerablemente, al ser terrenos con grandes fincas y sembradíos de café. Las Juntas de Acción Comunal de esos lugares son obligadas a atender las órdenes de las disidencias, pero no solo en la recolección del dinero, sino también en dejar en custodia y a salvo esos recursos hasta que los violentos lo soliciten; es como una especie de CDT bancario.

Estos dineros, según el parte que las disidencias entregan a la comunidad, son utilizados para obras de mantenimiento en la población o para nuevos pasos vehiculares clandestinos, como los construidos en zonas rurales de Jamundí, y ahora en el norte del Valle.

No obstante, lo cierto es que esos recursos –en su mayoría– terminan destinados a la compra de más armamento, drones bomba y la planificación y ejecución de atentados terroristas como el ocurrido en Cali hace cuatro meses, que dejó siete personas muertas, más de 18 heridas y un escenario de dolor y miedo.