El ‘resort de los secuestrados’: SEMANA revela el lugar y las condiciones en las que tienen a la mayoría de plagiados por las disidencias de Mordisco. “Es una zona de distensión”

En zona rural alta de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca, existe un lugar que los pobladores llaman con miedo “el resort”. No aparece en ningún mapa ni tiene coordenadas oficiales, pero en el sector todos saben que está ahí: una finca amplia, con piscina, cultivos y varias construcciones escondidas entre las veredas La Cabaña y Berlín del corregimiento San Antonio. Lo que parece una hacienda de descanso, en realidad, funciona como centro de cautiverio para la mayoría de secuestrados por las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco.

De acuerdo con información conocida por SEMANA y confirmada por líderes locales, al menos el 95 por ciento de las personas secuestradas por el frente Jaime Martínez terminan en ese predio. Allí, en medio del silencio de la montaña, los mantienen retenidos mientras sus familias negocian la liberación o el grupo armado define su destino.

El sitio, según los testimonios, está bajo vigilancia constante y rodeado de puestos de control ilegales. Para llegar es necesario atravesar caminos que solo los habitantes del corregimiento dominan. Quienes se han atrevido a acercarse describen el lugar como un complejo rural adaptado para mantener cautivos durante semanas o meses. “Esa finca es grande, tiene piscina y casa de recreo, pero allá no hay descanso. Allá tienen gente amarrada”, dice un líder que habló bajo reserva por miedo a represalias.

Uno de los secuestrados que habría pasado por ese predio es el niño Lyan Hortúa, de 11 años, raptado el pasado 5 de mayo en el corregimiento de Potrerito, también en Jamundí. Según las autoridades, el menor fue trasladado hacia la zona alta del municipio, donde delinque la Jaime Martínez. El caso provocó una ola de indignación nacional y reveló el nivel de control territorial que mantienen las disidencias sobre esa franja rural.

La información conocida por SEMANA indica que en esa misma finca han estado otras víctimas de secuestros cometidos en departamentos como Tolima, Huila, Cauca y Valle del Cauca. En todos los casos, las personas son interceptadas en zonas urbanas o carreteras principales, llevadas hacia el sur de Cali o Jamundí y luego internadas en la montaña por caminos destapados. “Los suben en camionetas, por donde ni el Ejército entra. A los pocos días los familiares ya saben que están arriba”, señala un campesino. El relato de los habitantes coincide con un patrón: hombres armados, encapuchados, que llegan de noche, bloquean el paso y obligan a los civiles a detenerse. Luego desaparecen con ellos. Algunos regresan tras pagar rescate; otros siguen sin rastro. Los líderes comunales aseguran que hay personas secuestradas desde hace más de tres años. “Aquí arriba todavía hay gente amarrada. Eso todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada”, cuenta otro residente.

El terreno donde se levanta el supuesto ‘resort’ se extiende por varias hectáreas. Tiene una casa principal con piscina, varias construcciones menores y zonas boscosas. Desde el aire, según fotografías conocidas por SEMANA, se camufla entre la vegetación. Las disidencias lo han acondicionado como un sitio seguro para ocultar a las víctimas y mantener control sobre el corredor que comunica Jamundí con el norte del Cauca. “Es una zona estratégica porque está en medio de las rutas del narcotráfico. Desde ahí pueden moverse hacia el Naya, hacia Suárez o hacia el Pacífico caucano sin ser detectados”, explica una fuente de inteligencia militar consultada.

El secuestro se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de la Jaime Martínez. En los últimos dos años, las autoridades han identificado un incremento sostenido de los casos en los departamentos del suroccidente colombiano. Las víctimas son comerciantes, transportadores, ganaderos y, en algunos casos, menores de edad. Los montos exigidos por la liberación pueden superar los 300 millones de pesos, dependiendo de la condición económica del retenido.

En Jamundí, la presencia del Estado es prácticamente nula en las zonas rurales altas. Los habitantes aseguran que el Ejército solo llega cuando hay operaciones puntuales y que las disidencias controlan el paso entre veredas. “Ellos son los que deciden quién entra y quién sale. Si no piden permiso, no pasan. Ni los soldados pueden subir sin que lo sepan”, afirma un campesino. Ese control se ha fortalecido con el aumento de los cultivos ilícitos. Según fuentes locales, más de 4.000 hectáreas de coca estarían distribuidas entre los corregimientos de San Antonio, La Liberia y Villa Colombia. Las disidencias imponen cuotas a los labriegos y cobran por cada carga que sale. El secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas conforman el triángulo financiero que sostiene su dominio.

Los líderes sociales de la región denuncian que la situación se ha vuelto insostenible. Algunos han recibido amenazas y otros se han visto obligados a desplazarse. “Nos tienen como secuestrados también. No podemos hablar, no podemos denunciar. Ellos escuchan todo”, dice una persona que trabaja con organizaciones comunitarias en la zona. Varias familias han optado por no volver a subir a sus fincas por temor a ser confundidas con informantes.

El miedo transformó la vida cotidiana. Los caminos por donde antes transitaban campesinos y turistas ahora son corredores vigilados por hombres armados. Los vecinos aseguran que, en ocasiones, las disidencias obligan a la comunidad a realizar cordones humanos para impedir el avance del Ejército. “Nos ponen al frente. Dicen que, si los soldados disparan, nos matan primero. Así nos usan de escudo”, afirma un joven de la vereda La Cabaña. Las autoridades locales reconocen las dificultades. En varias operaciones militares recientes, los uniformados fueron repelidos por comunidades que, bajo amenaza, bloquearon su paso. El Ejército ha señalado que la Jaime Martínez perfeccionó sus métodos de control territorial, mezclando intimidación y apoyo forzado de algunos habitantes. “No es que la gente los respalde, es que viven aterrorizados”, explica un oficial que ha participado en patrullajes en la zona.

El caso del ‘resort de secuestrados’ ilustra el nivel de sofisticación con que operan las disidencias. El uso de una finca acondicionada, con servicios y estructuras permanentes, revela que el secuestro no es un hecho aislado, sino un sistema estable dentro de su estructura criminal. A las víctimas las mantienen incomunicadas, bajo la vigilancia de guardias armados y en algunos casos con condiciones mínimas de supervivencia. “Comen lo que hay, duermen en cambuches y siempre están encapuchados. A veces los cambian de sitio, pero no los sacan del mismo sector”, cuenta un líder comunal.

En la zona pocos se atreven a hablar abiertamente del tema. Las disidencias han impuesto sanciones a quienes filtren información o ayuden a las autoridades. Los rumores corren en voz baja, entre vecinos, en las tiendas o durante las reuniones de la comunidad. Cada desaparición o secuestro se comenta con resignación. “Sabemos que los tienen arriba, pero ¿qué hacemos? Si decimos algo, desaparecemos también”, dice un habitante.

El secuestro del niño Lyan Hortúa puso el foco mediático sobre Jamundí, pero los casos continúan. En los municipios vecinos del norte del Cauca se han reportado al menos diez plagios recientes atribuidos al mismo grupo. Las autoridades han identificado que las víctimas suelen ser llevadas primero a viviendas de paso y luego conducidas al predio entre La Cabaña y Berlín, donde se concentra la mayoría de los cautivos.

Pese a los anuncios del Gobierno sobre una posible mesa de diálogo con las disidencias, en Jamundí el clima es de desconfianza. Los habitantes aseguran que no han visto cambios. En la montaña, el llamado ‘resort’ sigue oculto. Nadie sabe cuántos secuestrados hay adentro ni cuántos han pasado por sus paredes. Lo único cierto es que, en esa finca rodeada de árboles y silencio, el secuestro se convirtió en una industria sostenida por el miedo y la ausencia del Estado.