Estos son los grandes proyectos que el Gobierno Petro tiene frenados para las regiones de Colombia: “Es una retaliación política”

Los descargos del presidente Gustavo Petro contra los mandatarios regionales que él considera opositores le han pasado factura a millones de colombianos que hoy ven frenados proyectos de infraestructura clave para su región por el revanchismo político del Gobierno nacional. Antioquia, con el Túnel del Toyo; Valle del Cauca, con el Tren de Cercanías; Caldas, con la suspensión de subsidios de vivienda, y muchas regiones más, son algunos de los ejemplos de la desidia estatal, que en la práctica también se puede interpretar como “castigos sectorizados”.

La tensión institucional se ha hecho evidente en temas que comprometen movilidad, inversión pública, competitividad, vivienda e infraestructura estratégica. Y aunque en la Casa de Nariño han intentado explicar que se trata de ajustes técnicos o revisiones normativas, mandatarios locales, empresarios, congresistas y expertos del sector coinciden en que muchas de estas decisiones tienen un componente político que ha frenado obras clave o debilitado proyectos de alto impacto regional. Las alertas se han encendido desde Cali hasta Medellín, pasando por Manizales, Barranquilla, Cartagena y Quibdó.

En el Valle del Cauca, el punto más crítico es el del Tren de Cercanías. Es la obra de movilidad más importante para el departamento en las próximas dos décadas. Se trata de un proyecto con estudios de factibilidad listos, cierre financiero estructurado y respaldo de la banca multilateral, que permitiría conectar a Cali con municipios del área metropolitana.

La Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali –tanto en la administración anterior como en la actual– han confirmado que el proyecto cumple con los requisitos técnicos que exigen el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación para acceder a cofinanciación nacional.

Sin embargo, el Gobierno no emitió el documento Conpes definitivo, lo que en términos prácticos bloquea la ejecución.

Esa parálisis ha despertado suspicacias en la región: gobernadores y alcaldes locales consideran que no existe una razón técnica que justifique la demora. La sensación que se abre paso es que la discusión no es de ingeniería, sino de afinidad política. Y, en medio de ese pulso, la región pierde tiempo, recursos y capacidad de ejecución.

Los empresarios del Valle han advertido que la incertidumbre genera un efecto dominó: se encarecen predios, se frenan inversiones en nuevos desarrollos urbanos, se debilita la proyección de movilidad de Cali y se prolonga la dependencia del sistema vial tradicional, que en horas pico colapsa.

Los gremios sostienen que si el Conpes no se emite pronto, el proyecto empezará a perder viabilidad financiera, pues los compromisos pactados con la banca multilateral tienen plazos definidos.

A esto se suma que, según técnicos consultados en la región, el Gobierno nacional ha solicitado ajustes repetidos a los documentos estructurales pese a haberlos avalado antes, lo cual prolonga el trámite sin una explicación clara. Lo que para Bogotá parece un trámite normal, para los vallecaucanos es un bloqueo disfrazado de tecnicismo.

Caldas, sin subsidios

Un escenario similar se vive en Caldas, donde el programa de subsidios de vivienda está prácticamente detenido. Las cajas de compensación y la Constructora Nacional han confirmado que la falta de desembolsos del Gobierno ha dejado a cientos de familias en el limbo.

La administración departamental señala que proyectos de vivienda de interés social, que en teoría debían tener respaldo del Ministerio de Vivienda, llevan meses sin avances. En Manizales, por ejemplo, algunos constructores han advertido que las demoras pueden llevar a liquidaciones contractuales que afectarían a los hogares que ya hicieron cierres financieros y aportes iniciales.

Las alcaldías del Eje Cafetero han insistido en que se trata de una región históricamente juiciosa en el manejo de subsidios, sin escándalos de corrupción en los últimos años y con sistemas de verificación sólidos. Por eso, la falta de desembolsos no tiene explicación técnica evidente.

“Los municipios tienen en estos momentos una imposibilidad de sacar un subsidio gigantesco para vivienda”, señaló el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas. El mandatario aprovechó para hacerle un pedido al Gobierno Petro, más precisamente a la ministra de Vivienda, Helga Rivas, para que le ayude a solucionar esta situación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Nosotros estamos listos para trabajar con ustedes. A mí no me interesa quién sea el gobernante, quién sea el ministro. (…) No nos debe importar la filosofía ni qué pensamos”, manifestó.

El Gobierno dice que se está reorganizando el programa y realizando auditorías profundas para evitar fraudes, pero en Caldas señalan que esa explicación se queda corta. No se trata de un ajuste puntual, sino de una parálisis completa, que afecta la cadena productiva de la construcción y golpea el empleo formal. Mientras tanto, gobernadores y congresistas del triángulo cafetero han tenido que elevar su voz en repetidas ocasiones para exigir que se reactive un programa que consideran vital para la estabilidad económica regional.

Antioquia, frenado

Si en el Valle y Caldas la queja es por demoras, en Antioquia el inconformismo está marcado por una palabra: abandono. Mandatarios locales, empresarios, líderes sociales y analistas del desarrollo coinciden en que el departamento enfrenta el congelamiento más drástico de proyectos estratégicos de los últimos años.

El caso más crítico es el del Túnel del Toyo, que debería conectar a Medellín con el Urabá antioqueño, reduciendo de manera sustancial los tiempos de viaje y potenciando el puerto de aguas profundas.

La Gobernación ha cumplido con su parte financiera, pero aseguran que el Gobierno nacional no ha honrado compromisos clave, especialmente en las obras complementarias y la continuidad de las vías 4G asociadas. Esto ha retrasado el cronograma general y ha encarecido el proyecto.

Además, Antioquia ha insistido en retomar la red férrea del departamento, un proyecto con potencial logístico y ambiental, pero el Gobierno nacional no ha avanzado en los procesos requeridos. En el caso de las 4G, varias obras están incompletas o con avances tan lentos que ya se habla de un retroceso en la conectividad del departamento.

Las cámaras de comercio, a través de estudios comparativos, han demostrado que Antioquia está perdiendo competitividad porque la infraestructura nacional no está acompañando el crecimiento económico local. Mientras el Gobierno asegura que está priorizando proyectos con enfoque social, los mandatarios antioqueños argumentan que no existe ninguna razón técnica para relegar obras que ya estaban financiadas y en ejecución.

En el Caribe el panorama tampoco es alentador. Barranquilla y Cartagena han tenido choques directos con el Gobierno por proyectos que las administraciones locales consideran vitales para mantener su rol como polos de desarrollo.

También en Bolívar y Atlántico

El caso de la Fórmula 1 en Barranquilla fue el más ruidoso: la ciudad había avanzado en la estructuración preliminar, asegurado compromisos de patrocinadores y puesto en marcha mesas técnicas con promotores internacionales. Pero el Gobierno nacional desmontó de tajo la iniciativa argumentando falta de prioridad y dudas sobre los compromisos financieros.

Funcionarios locales aseguran que ese proyecto habría puesto a la ciudad en el mapa global deportivo y turístico, y que la decisión nacional dejó sin piso años de gestión. Afirman que ni siquiera se dio la posibilidad de presentar ajustes o soluciones.

En Cartagena, la discusión es por el aeropuerto Rafael Núñez. La ciudad lleva años advirtiendo que la infraestructura actual es insuficiente y afecta al turismo, al comercio y a la inversión privada.

La ampliación o construcción de un nuevo aeropuerto se convirtió en una necesidad urgente, pero el proceso contractual se ha quedado estancado en el Ministerio de Transporte y en la Aeronáutica Civil.

Varios exdirectores de la entidad han señalado que el proyecto está técnicamente listo y cumple los requisitos para avanzar, pero la decisión final no se toma. Esto se traduce en limitaciones en capacidad aérea, saturación en temporadas altas y pérdidas millonarias en potencial turístico.

El lamento del Chocó

Hacia el Pacífico, el caso del Chocó refleja otro tipo de parálisis. La Gobernación denunció que varios proyectos de infraestructura deportiva, aprobados y financiados por el Ministerio del Deporte, no han recibido los desembolsos necesarios.

El problema no solo afecta obras, sino también la posibilidad de que el departamento avance en su agenda de inclusión y prevención de violencia a través del deporte. Las alcaldías de Quibdó, Istmina y Condoto han reiterado que las obras están listas para ejecutarse, pero el Gobierno no ha emitido las autorizaciones finales.

Dirigentes locales, consultados por medios regionales, sostienen que se trata de un patrón reciente en el que decisiones nacionales afectan a regiones que no tienen afinidad política con el Ejecutivo.

Este recorrido por las regiones revela que no se trata de casos aislados, sino de una serie de decisiones que impactan de manera directa la ejecución de obras estratégicas. En todos los casos, los gobiernos locales afirman que los proyectos están listos, cuentan con estudios y cumplen las condiciones requeridas. Sin embargo, las respuestas del Gobierno nacional se demoran, se diluyen o no llegan.

Y en cada región surgen las mismas preguntas: ¿por qué proyectos que estaban avanzados se frenan justo en este periodo? ¿Por qué departamentos fundamentales para la competitividad del país están recibiendo decisiones adversas sin explicaciones técnicas suficientes? ¿Por qué se repiten patrones de demora en regiones que no comparten afinidad política con el Gobierno?.

Lo cierto es que la suma de estas decisiones está generando un impacto profundo en la infraestructura nacional.

Sin tren en el Valle, sin subsidios en Caldas, sin Toyo en Antioquia, sin F1 ni aeropuerto ampliado en el Caribe y sin infraestructura deportiva en el Chocó, el país retrocede en conectividad, movilidad, turismo, vivienda y cohesión social. Y mientras los gobiernos locales siguen presionando, el Ejecutivo insiste en que se trata de reajustes técnicos. Pero el mapa muestra otra cosa: decisiones que, más allá de su justificación formal, están concentradas en zonas donde el Gobierno no tiene aliados políticos fuertes. Un patrón que preocupa a las regiones y que plantea dudas sobre la verdadera naturaleza de estas determinaciones.