Indígenas del Cric son los dueños del agua en el Cauca tras decreto del Gobierno Petro; campesinos denuncian cobros por captación

Los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) ahora son, en la práctica, los administradores del agua en ese departamento. La premisa no es exagerada: así quedó estipulado en el Decreto 1094 de 2024, firmado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en agosto del año pasado. El documento les otorga a las autoridades indígenas del Cric facultades plenas para gestionar y decidir, bajo sus propios sistemas de gobierno y cosmovisiones ancestrales, el uso de los recursos hídricos.

En otras palabras, son los cabildos indígenas adscritos al Cric quienes deciden qué se hace con el agua que fluye en el territorio caucano. Aunque el decreto fue presentado como un avance histórico hacia la autonomía territorial de los pueblos originarios, hoy ha desatado una fuerte controversia entre campesinos, afrodescendientes y otros grupos indígenas que se sienten excluidos y sometidos a un nuevo poder centralizado.

El decreto, que instauró lo que el Gobierno llamó la Autoridad Territorial, Económica y Ambiental (Atea), entrega al Cric un rol preferente –y exclusivo– sobre múltiples aspectos sociales y ambientales, incluyendo el manejo del agua en sus territorios ancestrales. Pero el detalle crítico es que estos territorios se superponen con la mayoría del departamento, y eso ha generado tensiones con otras comunidades que históricamente han habitado y trabajado estas tierras.

“Ahora no solo debemos ir a la CRC (Corporación Autónoma Regional del Cauca), sino que también tenemos que pedirle permiso al Cric para sacar agua de la quebrada que cruza nuestra finca. Y en algunos casos, incluso hay que pagar. ¿Qué clase de justicia ambiental es esa?”, denuncia con indignación Héctor Valverde, líder campesino de la vereda Quinamayó, en Santander de Quilichao.

Según Valverde y otros líderes consultados por este medio, hay denuncias de cobros informales hechos por miembros del Cric a campesinos y pequeños productores que necesitan agua para sus cultivos. “Nos están cobrando por algo que siempre hemos usado con respeto. Ahora si uno no paga, lo acusan de estar en contra del proceso indígena o de afectar el territorio”, sostiene María Antonia Mina, lideresa afrodescendiente del norte del Cauca.

La situación ha encendido alarmas en varias comunidades negras e indígenas no afiliadas al Cric, que reclaman haber sido marginadas del proceso. Aseguran que el Gobierno nacional no actuó con equidad y que empoderó exclusivamente a una organización, desconociendo la diversidad étnica y cultural del departamento.

“Nosotros también somos pueblos ancestrales. También cuidamos la naturaleza, también tenemos formas propias de gobierno. Pero aquí se privilegió al Cric, y ahora son ellos los que mandan sobre todos. Eso es peligroso, porque reproduce las mismas lógicas de exclusión que siempre hemos criticado del Estado”, afirma un líder indígena misak que pidió reservar su nombre por seguridad.

Este nuevo escenario ha generado una suerte de “doble autoridad ambiental”: por un lado, la CRC como entidad estatal, y, por otro, el Cric como poder territorial habilitado por el decreto presidencial. En la práctica, esto ha llevado a que muchos campesinos deban pedir doble permiso para usar fuentes hídricas o, en el peor de los casos, enfrenten amenazas o sanciones comunitarias.

El conflicto ha escalado a tal punto que ya se han registrado bloqueos, asambleas tensas y amenazas verbales entre comunidades. “Hay una sensación de inseguridad jurídica. Nadie sabe bien a quién acudir o cómo cumplir con los trámites. Algunos funcionarios del Cric nos exigen cosas que no están escritas en ninguna parte. El agua no puede ser una trinchera política”, lamenta un agricultor del municipio de Balboa.

Desde el Cric, sin embargo, la posición es clara: el decreto reconoce derechos históricos de los pueblos indígenas y permite ejercer el control territorial en coherencia con sus prácticas ancestrales. “No estamos quitando el agua a nadie. Estamos ejerciendo el mandato de nuestros mayores y de la Constitución, que nos reconoce como autoridades propias”, señaló en días recientes un vocero de esa organización.