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Inspectores de Policía en Cali estarían pidiendo requisitos inexistentes a establecimientos comerciales; la situación se presta para coimas
La problemática fue denunciada ante un Juzgado.
Una fuerte denuncia relacionada con los inspectores de Policía de la ciudad de Cali hizo el concejal Juan Martín Bravo al asegurar que estos, presuntamente, estarán exigiendo requisitos adicionales a los que exige la ley a establecimientos de comercio.
Bravo dice que, tras varios meses de seguimiento a quejas de comerciantes de la ciudad, recopiló información que da cuenta de supuestas irregularidades en procesos de regulación en los establecimientos que han llevado al cierre definitivo de estos y sanciones a sus propietarios.
De acuerdo con el concejal, algunos inspectores estarían exigiendo a los comerciantes presentar documentos innecesarios para funcionar como las “licencias de construcción” de los inmuebles.
“Ningún inspector de Policía puede cerrar un establecimiento de comercio por falta de licencia de construcción del inmueble donde opera. Es inaceptable que el poder del Estado se esté presuntamente usando para frenar el progreso de los empresarios y de la comunidad, no solo en Cali, sino en otras ciudades del país”, dijo Bravo.
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El concejal agrega que este tipo de exigencias se pueden prestar para que funcionarios exijan pagos a los comerciantes a cambio de no levantar acciones en su contra.
“Lo que resulta aún más grave es que estas presuntas actuaciones de funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, podrían generar no solo perjuicios económicos al empresariado caleño, sino también posibles demandas contra la ciudad que afectarían sus finanzas por una avalancha de solicitud de indemnizaciones por perjuicios”, expuso Bravo.
Con las quejas de los comerciantes en cuenta, el concejal interpuso una demanda contra la administración local ante el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Cali. El requerimiento fue admitido y buscar obligar a la Alcaldía de Cali a dar cumplimiento estricto al artículo 87.° de la Ley 1801 del 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, donde se establecen los requisitos taxativos que se deben cumplir para el desarrollo de una actividad económica en un establecimiento de comercio y que enuncia que: “Ninguna autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito adicional de funcionamiento para el desarrollo de actividades económicas, salvo lo previsto en la ley”.
“Invito a todos los ciudadanos que se han visto afectados a que denuncien y se sumen a la demanda que instauramos en contra del distrito de Cali para frenar esta problemática”, señaló el concejal Bravo, quien instó a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación a ponerle la lupa a las irregularidades que estarían cometiendo los inspectores de Policía en la ciudad.