Minas antipersona en Colombia: estas son las regiones con más víctimas en lo corrido de este año

Las minas antipersona siguen causando afectaciones en el territorio de Colombia. Los organismos siguen viendo con preocupación el uso de estos dispositivos y los daños que provoca en las comunidades.

Apenas el pasado 17 de mayo, Alberto García Pai, de 42 años, quien es gobernador Suplente de la Comunidad Güiza Sábalo del Resguardo Indígena Awá El Gran Sábalo, en Nariño, se convirtió en una nueva víctima de minas antipersona. García resultó afectado en su pierna izquierda al pisar la mina a la altura del kilómetro 94 de la vía Pasto - Tumaco, cuando se dirigía hacia su vivienda.

Tras este hecho, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) alertó sobre las afectaciones que han causado las minas antipersona en lo corrido de este año en su territorio. “En lo corrido del año hemos denunciado 6 víctimas Awá de minas antipersona, uno de ellos falleció. En varios Resguardos indígenas, especialmente, en El Gran Sábalo, la instalación de minas antipersona se ha convertido en un flagelo constante y un peligro de muerte para cualquier persona que camina por la selva. Este desequilibrio en el territorio afecta nuestras formas propias de vida, la armonía y la tranquilidad de las comunidades”, detallaron en un comunicado.

Y es que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, entre enero y marzo de 2023 se han registrado 73 víctimas de estos artefactos explosivos, siendo los departamentos de Nariño, Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Bolívar, Chocó y Arauca los más afectados.

Solo en Nariño, donde resultó herido el gobernador suplente del resguardo indígena, se contaron 20 víctimas en el primer trimestre de este año. Por su parte, en Norte de Santander se registraron 18 víctimas y en el Cauca, nueve.

“La presencia, uso y abandono de artefactos explosivos genera afectaciones sobre la población civil, víctimas de los conflictos armados en el territorio colombiano (...) Las consecuencias humanitarias no son únicamente para las víctimas directas, es decir, las personas que sufren los accidentes por la detonación de los artefactos explosivos, también existen otras consecuencias humanitarias como el desplazamiento, el confinamiento, el bloqueo al acceso a los bienes y servicios, la dificultad para poder acceder a la caza, la pesca, al agua”, detalló la Cruz Roja en Colombia recientemente.

Y añadió: “No consideramos que la problemática del uso y abandono de artefactos explosivos esté disminuyendo en Colombia, aunque las cifras de las víctimas en comparación con el año anterior sean menores, no significa que no haya otras consecuencias humanitarias”.

En 2022 se registraron 515 víctimas de minas antipersona en el territorio nacional, de las cuales 56 fallecieron. Los departamentos más golpeados fueron Cauca, Antioquia, Nariño, Arauca, Norte de Santander y Meta. Los sobrevivientes quedaron con “con secuelas físicas y psicológicas que permanecerán a lo largo de su vida”.

La Defensoría del Pueblo ve con gran preocupación que el flagelo de la siembra de minas antipersona sigue siendo una práctica común que afecta a la población en el país, generando graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“No es posible concebir un país en paz cuando aún hay minas antipersona, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados en nuestros territorios, poniendo en riesgo la vida de las personas que viven en las zonas más afectadas por el conflicto”, señaló Camargo.

El defensor del pueblo reiteró el llamado enfático a los grupos armados ilegales a respetar la vida e integridad de la población y a cumplir con las normas del DIH, que prohíben el uso de este tipo de armamento.

Camargo también instó a las autoridades del Gobierno nacional para que se acelere la labor en los territorios que permita cumplir el compromiso adquirido en el marco de la Convención de Ottawa, de ser un país libre de minas al término del año 2025.