“No nos apoyan”: el duro reclamo de la gobernadora del Valle porque no hay recursos para sustitución de cultivos ilícitos

Un fuerte reclamo le mandó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al Gobierno nacional por la no aprobación del proyecto de regalías para la sustitución de cultivos ilícitos en el departamento.

“Nosotros tenemos un proyecto de regalías para poder generar proyectos productivos legales en varios municipios, entre ellos Jamundí, 700 hectáreas para todo el Valle del Cauca y no nos dan la posibilidad de que se apruebe el proyecto para poder tener los recursos, que son nuestros”, aseguró la mandataria.

Solo en Jamundí son 200 hectáreas en las que se pretende desarrollar iniciativas con al menos dos comunidades. Otra de las poblaciones que se busca beneficiar es Buenaventura. “No es posible que no hayan aprobado ese proyecto cuando es de beneficio para la comunidad. Les vamos a dar a los campesinos, las asociaciones de campesinos, todo el desarrollo productivo, a cinco consejos comunitarios de Buenaventura, y no nos apoyan”, sostuvo.

Mientras se espera la aprobación de los recursos, la gobernadora Dilian Francisca Toro resaltó que se ha podido avanzar con varias comunidades para lograr la sustitución de cultivos ilícitos en el Valle del Cauca y materializar proyectos productivos legales.

Dificultad en otras regiones

El Gobierno nacional celebró con bombos y platillos la inauguración del primer laboratorio legal de hoja de coca en Colombia, una apuesta con la que se le demostraría al mundo el uso lícito de la planta e instaría a campesinos a abandonar la producción de cocaína. SEMANA le hizo seguimiento a la iniciativa y confirmó que no prosperó: el proyecto cerró sus puertas y sus integrantes volvieron a venderle los cultivos a los narcotraficantes del departamento del Cauca.

La historia se remonta a la época de la pandemia, cuando el mundo se confinó por la propagación del covid–19, empezó a escasear el dinero y el hambre agobió a pueblos enteros. En medio de la incertidumbre, las comunidades indígenas de Calderas, Cohetando y Togoima, ubicadas en el suroccidente del país, proyectaron la reconversión de la planta que los tenía amarrados a las economías ilegales, para tener una mejor estabilidad financiera e incursionar en un mercado innovador.

El programa fue encabezado por Victoriano Piñacué, un destacado líder de la región, quien convenció a inversionistas canadienses a apostar por el plan: “Utilicemos la hoja de coca para fines lícitos (saborizantes, productos farmacéuticos, alcoholes y abono)”, recordó en diálogo con SEMANA. En cuestión de meses, alcanzaron a reunir cerca de 2.000 millones de pesos para dar los primeros pasos, tanto en materia científica y técnica como en infraestructura física.