Caquetá
Nueva EPS se pronuncia tras orden de embargo; afiliados estarían afectados
La empresa asegura que el embargo ordenado por un juez en el Caquetá compromete recursos destinados a hospitales y clínicas, y advierte un posible colapso en la atención a millones de pacientes.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Un fallo judicial en el departamento del Caquetá reavivó la preocupación en el sistema de salud. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia ordenó el embargo de más de 422.000 millones de pesos a la Nueva EPS, medida que, según la entidad, compromete la atención médica de más de 11 millones de usuarios en todo el país.
Según explicó la agente interventora Gloria Polanía, la orden judicial impacta de forma significativa el equilibrio financiero y operativo de la entidad, ya que los fondos retenidos corresponden a los pagos dirigidos a hospitales, clínicas y prestadores de servicios médicos.
Polanía enfatizó que estos recursos tienen carácter protegido por ley y Constitución, lo que impide su embargo al estar destinados exclusivamente a garantizar la atención en salud.
“La retención de estos recursos vulnera los principios de destinación específica y pone en riesgo la continuidad de la atención en salud de millones de colombianos”, indicó Polanía, quien advirtió que este tipo de decisiones judiciales desestabilizan el funcionamiento del sistema.
El juzgado de Florencia concentra cerca del 46 % de las demandas ejecutivas activas contra la Nueva EPS, siendo además el que más embargos ha ordenado a nivel nacional. Entre las instituciones que han promovido las acciones figuran la Clínica Médicos del Cesar, Avidanti S. A. S., Oncólogos del Occidente, la Clínica Uros y la Fundación Cardio Infantil.
La entidad manifestó su preocupación ante la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres), señalando que decisiones de este tipo pueden “vulnerar el orden jurídico y afectar la sostenibilidad del sistema”.
Finalmente, la Nueva EPS hizo un llamado a la prudencia judicial y a la responsabilidad de los distintos actores del sector, insistiendo en que las medidas deben respetar el principio constitucional de continuidad en la prestación de los servicios de salud para sus más de once millones de afiliados en todo el territorio nacional.
