Nueva ruta de migrantes por el Pacífico podría desatar crisis humanitaria en Chocó

Una nueva ruta de migración a la inversa por el océano Pacífico ha sido detectada por la Defensoría del Pueblo, la cual representa un serio riesgo para los derechos fundamentales de migrantes de todas las edades, incluidos menores de edad, que viajan sin identificación ni acompañantes legalmente responsables.

Durante una visita de una semana a la frontera entre Colombia y Panamá, en seguimiento a la Alerta Temprana Binacional 001 de 2023, la entidad verificó que redes de transporte están llevando a migrantes desde el corregimiento Jaqué, en la provincia panameña del Darién, hasta municipios del departamento del Chocó, como Juradó y Bahía Solano, sin llegar a su destino prometido en Buenaventura (Valle del Cauca).

La situación es alarmante: niñas y niños migrantes están siendo trasladados por adultos, cuya relación con ellos no puede ser verificada por falta de documentación. “Encontramos que niñas y niños vienen con personas adultas que no son sus padres, ni familiares, y además no tienen identificación. Esto pone en riesgo su integridad y vulnera su derecho a la protección especial consagrada en la Constitución”, denunció la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Se estima que entre 20 y 40 personas —hombres y mujeres— ingresan diariamente por esta ruta sin ningún tipo de registro ni garantía de derechos. Muchos de ellos se alojan en hostales, mientras otros duermen en espacios públicos, como andenes o el parque principal de Juradó, un municipio que no cuenta con capacidad institucional para atender esta emergencia. Bahía Solano enfrenta una situación similar.

A esta crítica situación se suma la presencia de grupos armados ilegales en la región, que imponen control territorial y social, aumentando el nivel de riesgo para la población migrante. Además, entre los migrantes hay personas con discapacidad o que no hablan español, lo que agrava las barreras de acceso a servicios y atención básica.

La Defensoría hizo un llamado urgente al Estado colombiano para que extienda su presencia institucional al litoral pacífico chocoano. “Como esta ruta no existía, todos los esfuerzos estaban enfocados en el Caribe. Ahora es vital actuar con rapidez y humanidad para evitar una crisis mayor”, enfatizó Marín Ortiz.

Asimismo, le pidió al Gobierno de Panamá mayor control y atención en los distritos de Pinagona y Chepigana, y en las comarcas Emberá Wounan y Guna Yala. “La cooperación binacional es esencial para garantizar los derechos de las personas migrantes y evitar que esta ruta, aún incipiente, se convierta en un corredor de sufrimiento y desprotección”, concluyó la Defensora.

La Defensoría del Pueblo insistió en la urgencia de diseñar e implementar planes de acción interinstitucional que garanticen la atención integral, humanitaria y segura a la población migrante que transita o permanece en esta región del país.