Valle del Cauca
Procuraduría pidió suspender el proceso de licitación del PAE en Cali y advirtió sobre presuntas irregularidades
El ente de control envió un documento a la administración distrital advirtiendo sobre esta licitación.
La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública solicitó de manera urgente la suspensión del proceso de Licitación Pública No. 4143.010.32.0003-2025 en Cali, destinado a contratar la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras detectar presuntas irregularidades en su estructuración.
Según el organismo de control, la Secretaría de Educación de Santiago de Cali habría omitido requisitos legales obligatorios relacionados con la asignación de puntajes a oferentes que acrediten contratos con pequeños productores agropecuarios nacionales, como lo exigen la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021. Estas normas buscan fomentar la compra pública local y fortalecer la economía campesina.
“La falta de incorporación de estos criterios no solo podría vulnerar principios fundamentales de la contratación pública, como la legalidad, la transparencia y la libre concurrencia, sino que también expone a la entidad a eventuales riesgos jurídicos y afectaciones al patrimonio público”, advierte la Procuraduría en el oficio enviado al alcalde Alejandro Éder y a la secretaria de Educación, Leidy Tatiana Aguilar.
“Tal como lo señaló la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el proceso licitatorio adelantado por la Secretaría de Educación Distrital para la adquisición del PAE no se tuvieron en cuenta las disposiciones de la Ley 2046 de 2020 ni su decreto reglamentario, el Decreto 248 de 2021, que adiciona el Decreto 1071 de 2015″, señaló Andrés Fernando Gómez, abogado de la unión temporal Nutrivida, uno de los licitantes demandantes.
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Entre las observaciones formuladas por la entidad se destaca la no inclusión de factores obligatorios como la cuota parafiscal y el proveedor directo, así como la omisión de zonas geográficas prioritarias para compras a pequeños productores, lo que contraviene expresamente lo dispuesto en la normativa vigente.
Aunque la Alcaldía solicitó una mesa de trabajo para abordar las inquietudes planteadas, esta fue postergada por la administración local, lo que, a juicio de la Procuraduría, restó efectividad al diálogo preventivo y dejó en firme la advertencia sobre los riesgos del proceso.
“Estas normas establecen puntajes adicionales obligatorios para los oferentes que acrediten ser proveedores directos y para aquellos que cumplan con la cuota parafiscal. Su desconocimiento da fundamento a las observaciones realizadas por la Procuraduría”, agregó el abogado.
La Procuraduría reiteró su solicitud de suspender el proceso de licitación hasta tanto no se subsanen las alertas legales identificadas, y exigió la publicación del oficio en la plataforma Secop II junto con una respuesta oficial por parte de la administración distrital.
“No atender el llamado preventivo que hace la Procuraduría puede derivar en consecuencias disciplinarias para los funcionarios de la Secretaría de Educación, una vez se adelanten los procesos respectivos. Es la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su función preventiva, la que está haciendo las advertencias. Lo mínimo que se espera es que estas observaciones sean atendidas por la administración”, precisó Gómez.
Queja disciplinaria contra la Secretaría de Educación
El abogado defensor de Nutrivida también señaló que solicitaran explicaciones concretas a la Alcaldía y se recomendara suspender el proceso contractual en curso.
“Interpusimos una queja disciplinaria ante la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali, con el fin de que se determine si existieron conductas que merezcan reproche disciplinario por parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación Distrital".
De igual manera, señaló que: “El objetivo de esta acción es que se adelante una investigación rigurosa para establecer la responsabilidad de cada uno de los funcionarios y cómo sus actuaciones incidieron en la adjudicación del contrato, pese a las falencias señaladas por la Procuraduría”.
“Con este proceso lo que buscamos es que ninguna conducta que implique el desconocimiento de la ley quede impune”.
