Rechazo nacional ante posible exclusión del Valle del Cauca en inversiones del Gobierno Petro

Diversas voces del ámbito político, gremial y regional han expresado su preocupación y rechazo frente a la posibilidad de que el Gobierno nacional congele o retrase la asignación de recursos estratégicos para el Valle del Cauca. La medida, percibida como una retaliación política, generó una ola de respaldo a la región y a la gobernadora Dilian Francisca Toro.

La senadora vallecaucana Norma Hurtado calificó la situación como sorpresiva e injusta: “Causa sorpresa una retaliación como esta de parar los recursos de la gobernadora y del departamento del Valle del Cauca, frente a una votación donde no tiene nada que ver. Tener que dejar de lado la profundización del puerto de Buenaventura, la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y la seguridad de los vallecaucanos genera traumatismos y desconsuelo”.

En la misma línea, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, cuestionó el uso político de los recursos del Estado: “Los recursos del Gobierno nacional no son del presidente, son de todos los colombianos que pagamos impuestos. Deben invertirse de acuerdo a las necesidades de cada región, no para comprar apoyos en el Congreso”.

Desde el sector empresarial, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, recordó que el departamento representa el 10 % del PIB nacional.

“Dilatar la inversión pública sería una afrenta a la equidad regional. Este es el tercer departamento más productivo del país. Recortar la inversión sería una grave afrenta contra los ciudadanos, especialmente los más vulnerables”, afirmó.

La Federación Nacional de Departamentos también se pronunció en defensa del Valle del Cauca, señalando en un comunicado que “la ejecución del presupuesto general de la nación y el plan de desarrollo no pueden estar sujetos a intereses particulares, ni ser utilizados como herramientas de presión”.

Por su parte, María Fernanda Santa, directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, advirtió que la situación pone en riesgo inversiones estratégicas por más de 11 billones de pesos en el departamento.

“Esto compromete la democracia, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional. Solo en infraestructura vial, por cada billón de pesos invertido, se generan entre 25.000 y 30.000 empleos directos”, explicó.

Los proyectos amenazados por la posible exclusión incluyen el Tren de Cercanías, el acueducto de Buenaventura, la licitación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura, la vía Mulaló-Loboguerrero y el proyecto de soberanía alimentaria.

Ante este panorama, el llamado desde diferentes sectores es claro: el Valle del Cauca exige un trato equitativo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional con la región.