Soplan vientos de guerra en el país: no es solo en el Catatumbo, estas son las regiones donde hay riesgos de masacres y desplazamientos

La alerta está encendida en casi todos los rincones de Colombia. Desde Caquetá hasta La Guajira hay amenaza de conflictos armados que podrían superar en impacto social y asesinatos lo que viene ocurriendo en el Catatumbo.

En el epicentro de este conflicto están el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y otras bandas criminales, que han desencadenado un ciclo de violencia que afecta a miles de colombianos, especialmente en regiones como Catatumbo, Nariño, Caquetá, Antioquia, Bolívar y Cauca. Si bien los medios de comunicación del país están focalizados en los acontecimientos recientes en el Catatumbo, el panorama de guerra se extiende a otras zonas donde los ciudadanos se ven atrapados entre el fuego cruzado de los actores armados.

Nariño, un temor latente

A pesar de la atención que el Catatumbo ha recibido, otro foco de violencia está tomando fuerza en el sur del país, particularmente en la subregión La Cordillera, en Nariño. Municipios como Cumbitara, Policarpa y Samaniego enfrentan una creciente preocupación ante las amenazas del ELN. La cúpula central de este grupo armado ha jurado exterminar a todos los miembros del frente Comuneros del Sur, que anteriormente pertenecía a sus filas, pero que decidió desertar para participar en un proceso de paz con la Gobernación de ese departamento.

La situación en Nariño es aún más alarmante por la posible alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, que, de materializarse, podría llevar a la región a un nivel de violencia similar al del Catatumbo. Además, el frente Franco Benavides, vinculado a las disidencias de Iván Mordisco, podría verse atrapado en este enfrentamiento.

Claudia Cabrera, exalcaldesa de Policarpa, quien ha sido una voz importante en la defensa de los derechos humanos en la región, expresó su preocupación por la falta de medidas de protección para las comunidades afectadas. Según ella, aunque Nariño avanza en un proceso de negociación con el grupo de los Comuneros del Sur, la ausencia de esquemas de seguridad y protocolos adecuados ponen en riesgo la integridad de los civiles.

Mientras tanto, en Caquetá, otra región del país, la violencia también ha alcanzado niveles alarmantes. El pasado 4 de diciembre, una matanza de al menos 40 miembros de las disidencias de las Farc en la zona limítrofe con Putumayo sacudió a esa zona. Los combates entre las disidencias de Iván Mordisco y el frente Calarcá han generado una situación de desplazamiento masivo, con miles de personas huyendo de los enfrentamientos.

La guerra por el control de las rutas del narcotráfico y los territorios sigue sumiendo a Caquetá en un conflicto sin fin, que afecta a las poblaciones más vulnerables.

En Antioquia, la situación no es menos grave. En el Bajo Cauca, el Clan del Golfo libra una feroz batalla contra el ELN, después de que una alianza entre ambos grupos se rompiera tras los eventos en el Catatumbo. La guerra por el control de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal ha intensificado los enfrentamientos, y las poblaciones locales viven bajo el constante temor de quedar atrapadas en el fuego cruzado de estos actores armados. Además, el Clan del Golfo ha demostrado su capacidad de resistencia y expansión, lo que agrava aún más la crisis de seguridad en la región.

El sur de Bolívar también enfrenta una situación crítica debido a los enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados ilegales. La región es clave para el narcotráfico, y la lucha por el control de los territorios con cultivos ilícitos es el principal motor de los combates. La violencia ha desplazado a miles de personas y ha dejado un saldo de víctimas entre las comunidades más empobrecidas, que ven cómo su seguridad y su bienestar se desmoronan ante la presencia de estos grupos.

En el Cauca, la situación es igual de preocupante. Las disidencias de las Farc, que durante años operaron en la región, se han fragmentado, dando paso a la creación de decenas de nuevos grupos armados. Uno de ellos es el frente Yair Bermúdez, que busca desmantelar a la columna Dagoberto Ramos, otro de los grupos disidentes que delinque en municipios como Toribío, Corinto y Caloto. En estos territorios, los combates son casi diarios y las comunidades viven en una constante sensación de peligro.

Uno de los factores que agrava esta situación es lo que ocurre con las Fuerzas militares y de Policía, que no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a la creciente amenaza de los grupos armados ilegales. La falta de recursos no solo limita la capacidad de respuesta frente a estos actores, sino que también pone en riesgo la seguridad de la población civil, que se ve expuesta a los constantes enfrentamientos.

El panorama de violencia que atraviesa Colombia es cada vez más complejo y preocupante. Con la desfinanciación de las Fuerzas Militares y la proliferación de grupos armados ilegales, el país se enfrenta a uno de los periodos más difíciles de su historia reciente.