Tres firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados el fin de semana, ¿qué está pasando?

En un nuevo golpe a la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc, tres excombatientes fueron asesinados durante el fin de semana en diferentes regiones del país. Los hechos ocurrieron en Yopal (Casanare), San Juan de Arama (Meta) y Arauquita (Arauca), zonas donde la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo una amenaza para los firmantes del acuerdo.

Víctor Julio Jiménez, quien se encontraba en proceso de reincorporación y trabajaba en el Banco de Maquinaria en Casanare, fue atacado por sicarios en el sector conocido como La Fortaleza, en Yopal. La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana (AT 023/23) señalando los riesgos que enfrentan los excombatientes en esta zona, donde hacen presencia grupos como el Frente 28 y Frente 10 del Comando Conjunto de Oriente, el ELN, el Clan del Golfo y bandas locales.

En el departamento del Meta, Faber Alexander Torres Martínez fue asesinado con arma de fuego mientras se encontraba en un establecimiento público en la vereda El Vergel, municipio de San Juan de Arama. La Defensoría del Pueblo había catalogado esta zona como de alto riesgo debido a la presencia de grupos armados como el Bloque Jorge Suárez Briceno y bandas locales, que amenazan la estabilidad de los procesos de reincorporación.

En Arauca, Danilo Benavides, quien hacía parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Martín Villa, fue asesinado por hombres armados en la vereda Galaxia, municipio de Arauquita. La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana (AT 011/23) advirtiendo sobre los riesgos que enfrentan los excombatientes en esta región, donde operan el ELN, el Frente 10 y Frente 28 del Comando Conjunto de Oriente, además de bandas locales.

Preocupación por la seguridad de los firmantes

Estos crímenes evidencian la vulnerabilidad de los excombatientes en proceso de reincorporación, quienes enfrentan amenazas constantes de grupos armados ilegales, señalamientos de autoridades y, en ocasiones, el rechazo de la sociedad. La Defensoría del Pueblo ha reiterado la necesidad de fortalecer las medidas de protección para garantizar la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz y evitar que estos hechos sigan ocurriendo.

Las autoridades investigan los móviles de estos asesinatos, mientras organizaciones sociales y defensores de derechos humanos exigen acciones concretas para proteger a los excombatientes y avanzar en la implementación del acuerdo de paz.