Vía a Buenaventura, nuevamente bloqueada: comunidades indígenas piden presencia del presidente Petro

La vía que conecta a Buenaventura con el resto del país amaneció nuevamente cerrada este jueves 16 de octubre, luego de que comunidades indígenas y campesinas retomaran los bloqueos a la altura del sector La Delfina. El paso había sido habilitado temporalmente en la noche del miércoles, tras la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Udmo), pero las manifestaciones se reanudaron al amanecer.

El cierre inicial comenzó el martes 14 de octubre hacia la 1:00 p. m., provocando una larga fila de vehículos, entre ellos tractocamiones cargados con mercancía con destino al puerto marítimo. Aunque las autoridades lograron despejar el tramo por algunas horas, el tránsito volvió a interrumpirse este jueves por nuevas concentraciones de manifestantes que reclaman el cumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno Nacional.

Las comunidades participantes —entre ellas indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas— difundieron un comunicado dirigido al presidente Gustavo Petro, en el que exigen su presencia en la zona y rechazan el accionar de la Fuerza Pública durante las jornadas de protesta.

“Rechazamos categóricamente el trato criminal que la fuerza pública le da a la protesta social en general y específicamente en los puntos de bloqueo entre la vía Cali-Buenaventura, donde se ataca a las comunidades con gases y con el uso de armas de fuego”, señala el texto. Además, acusan al Gobierno de incumplir los acuerdos que prometían un “cambio real” y advierten que no levantarán los bloqueos hasta que el presidente escuche directamente sus reclamos.

El documento también responsabiliza a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y a la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, por cualquier afectación que sufran los manifestantes en medio de los operativos de control de orden público.

Desde el sector empresarial, la preocupación aumenta. Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, advirtió que los constantes bloqueos están afectando la competitividad del país.

“Respetamos el derecho a la protesta, pero esta no puede limitar el derecho a la movilidad, al trabajo o al acceso a los servicios esenciales”, manifestó Sanclemente. Según cifras de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), desde 2023 se han registrado más de 2.000 cierres en distintos puntos del país, lo que genera pérdidas económicas, desempleo y retrasos logísticos que impactan directamente a las comunidades.

El Comité hizo un llamado al diálogo y pidió al Gobierno atender las demandas de las comunidades sin afectar la estabilidad económica ni la seguridad en una de las rutas más estratégicas para el comercio exterior colombiano.