La administración de la Zona Franca Palmaseca respondió de manera formal y contundente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró públicamente que esta zona franca sería la base de operaciones de presuntas redes de contrabando que utilizarían certificados del Plan Vallejo y nits de exportadores para ingresar mercancía ilegal al país.
En una publicación en la red social X, el mandatario afirmó que “los contrabandistas han usado los CERT del plan Vallejo para usar nits de exportadores para entrar mercancía de contrabando; su base es la zona franca de Palmaseca”, una declaración que generó preocupación en el sector empresarial y llevó a la Zona Franca Palmaseca a emitir un comunicado público para rechazar lo que calificó como una imputación grave y sin sustento.
En el documento, la sociedad administradora precisó que las afirmaciones del presidente “no se sostienen jurídicamente ni fácticamente”, al aclarar que las operaciones bajo el régimen franco y las reguladas por el Plan Vallejo “son procedimientos distintos y ajenos entre sí”, por lo que cualquier vínculo entre ambos carece de fundamento legal.
La Zona Franca Palmaseca aseguró además que, hasta la fecha, no ha sido notificada de requerimiento judicial ni administrativo alguno que respalde las acusaciones formuladas desde la Presidencia. En ese sentido, exigió que, de existir investigaciones en curso, estas se tramiten por los canales institucionales correspondientes y con base en pruebas verificables, antes de realizar señalamientos públicos que afecten su reputación.
El comunicado también hace énfasis en el impacto económico y social de las empresas que operan dentro de la zona franca, señalando que allí funcionan compañías legalmente constituidas, generadoras de empleo formal y aportantes de importantes recursos al Estado por concepto de impuestos, todo ello en el marco del respeto a las normas de la sana competencia.
Como parte de su defensa institucional, la entidad recordó que cuenta con más de 30 años de trayectoria como usuario operador y que, como resultado de su desempeño y experiencia, el Gobierno Nacional le adjudicó en septiembre pasado un nuevo contrato para la operación de la zona franca por un periodo adicional de 30 años, tras un proceso de selección que calificó como riguroso y ajustado a la normatividad vigente.
La administración subrayó además que su operación se desarrolla bajo estrictos controles estatales y que el cumplimiento de las normas del régimen franco ha sido objeto de verificación permanente por parte de las autoridades durante la ejecución de los contratos. Añadió que cuenta con protocolos, sistemas de control y mecanismos de supervisión orientados a garantizar la legalidad y la trazabilidad de las operaciones que realizan sus usuarios.
Finalmente, Zona Franca Palmaseca reafirmó su “compromiso irrestricto con la legalidad, la transparencia y la cooperación con las autoridades competentes”, al tiempo que exigió respeto por su nombre y el de las empresas usuarias que operan en su jurisdicción.
En el mismo comunicado, advirtió que se reserva el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes para proteger su imagen institucional y su patrimonio frente a señalamientos que considera infundados.
