Choque entre Alcaldía de Cartagena y Gobierno Petro por obras del aeropuerto en Crespo

La polémica en Cartagena, Bolívar, no para por la nueva remodelación del aeropuerto Rafael Núñez. En este nuevo capítulo, el alcalde Dumek Turbay solicitó formalmente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a la Aeronáutica Civil y a la Oinac —operadora de la terminal aérea— la entrega del expediente completo que respalda la declaratoria de utilidad pública de varios predios en esta zona residencial de la ciudad.

Dicha petición surge tras múltiples denuncias por parte de habitantes del sector, quienes aseguran sobre posibles afectaciones sociales, civiles y medioambientales derivadas del proyecto de ampliación.

En una reunión sostenida el pasado sábado con líderes comunitarios, Turbay se comprometió a defender los derechos de los residentes y a tomar medidas legales para salvaguardar la autonomía territorial del Distrito.

La primera acción concreta se dio el lunes 28 de abril, cuando la Dirección de Control Urbano, la Secretaría del Interior, la Gerencia de Espacio Público y la Inspección de Policía colocaron un sello de suspensión a una de las obras en curso, debido a que el operador no presentó la autorización correspondiente para su ejecución.

Pero el mandatario local fue más allá y se refirió directamente al tema de las “expropiaciones”, que ha causado preocupación entre los propietarios de viviendas y negocios.

“Esto con el fin de revisar la actuación y decidir sobre el medio de control (acciones judiciales) que se adelantarán para defender nuestra autonomía territorial y nuestro ordenamiento del territorio. El cual, al parecer, se está viendo vulnerado debido a una ampliación que desconoce la planificación de nuestra ciudad, los usos del suelo y que no garantiza la armonía de nuestro territorio, y eso sin mencionar el estrés que han generado en todo un barrio”, afirmó Turbay.

En el oficio dirigido a Óscar Torres Yarzagaray (ANI), Carlos Cuartas (Oinac) y José Pinto (Aeronáutica Civil), el alcalde dejó claro que la administración distrital no permitirá que las obras avancen sin ajustarse al marco normativo local.

“De conformidad con lo anterior, se indica que el Distrito de Cartagena de Indias es garante de la autonomía territorial otorgada constitucionalmente; así mismo, se informa que somos garantes del cumplimiento de las normas urbanísticas de las cuales las autoridades nacionales no se encuentran exentas”, manifestó.

Además, recordó que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito define la compatibilidad de usos del suelo y debe ser respetado por todos los actores.

“La ampliación del aeropuerto está supeditada a la planificación de nuestro territorio, la cual debe armonizarse con los usos del suelo y guardar plena armonía con el entorno de las obras”, indicó.

Turbay cuestionó puntualmente la Resolución No. 20232000003805 del 31 de marzo de 2023, mediante la cual se declaró de utilidad pública e interés social el proyecto denominado “Aeropuerto de Cartagena”, bajo la figura de Asociación Público-Privada (APP).

“En ese contexto, consideramos que la Resolución No. 20232000003805 del 31 de marzo de 2023 desconoce presuntamente dichos presupuestos, por cuanto la declaratoria de utilidad debería responder al interés general que se encuentra plasmado en el plan de ordenamiento territorial”, señaló.

La Alcaldía de Cartagena espera ahora la entrega oficial del expediente y todos sus anexos para evaluar la viabilidad de acciones judiciales que busquen garantizar el respeto por la autonomía del Distrito y los derechos de los habitantes de Crespo.

Por su parte, desde la ANI emitieron un comunicado de prensa en el que señalaron que no era necesaria esa consulta que hoy pide el Distrito de Cartagena.

“La solicitud del Distrito de Cartagena se refiere a la presentación del material probatorio que evidencie el uso legítimo del predio dentro del proyecto de ampliación de esta terminal aérea. En respuesta, la concesión encargada de las obras remitió a la Alcaldía la Resolución No. 20232000003805 del Ministerio de Transporte, que declara la utilidad pública e interés social para la adquisición de inmuebles necesarios para proyectos de infraestructura, y el Decreto Ley 019 de 2012 que establece que las obras de ampliación o modificación de aeropuertos nacionales e internacionales no requieren licencia urbanística”, señalaron.

Al mismo tiempo, precisaron que: “Estas obras de ampliación y modernización del aeropuerto Rafael Núñez contemplan generar en su inicio a más de 400 empleos directos e indirectos, que dinamizará la economía en la ciudad. Entre las obras del aeropuerto se destaca la construcción de un nuevo edificio internacional, que duplicará la capacidad de atención de pasajeros internacionales; la modernización y ampliación de la vía de acceso, nuevas plazas de estacionamiento, la implementación de cinco puentes de abordaje, nuevas salas de espera, construcción calle de rodaje, entre otras”.