Ante crisis en el Catatumbo, ELN liberó a empresario del sector minero secuestrado en zona rural de Cúcuta
Este hombre permanecía secuestrado desde el 1.° de diciembre de 2024.
En las últimas horas, Alejandro Porras Colmenares, un empresario del sector minero, fue liberado tras haber sido secuestrado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural de Cúcuta, Norte de Santander.
Su liberación ocurre en medio de la creciente crisis humanitaria y el recrudecimiento del conflicto armado que afecta la región del Catatumbo, azotada por los enfrentamientos entre diversos grupos armados ilegales.
Porras Colmenares fue secuestrado el 1.° de diciembre de 2024, cuando se desplazaba en su vehículo por la vereda Santa Cecilia, en la vía que conecta la ciudad de Cúcuta con el corregimiento de San Faustino.
En ese momento, un grupo de hombres fuertemente armados lo interceptó y lo plagiaron, llevándoselo a un destino desconocido, lo que desató un proceso de negociación y angustia tanto para su familia como para las autoridades locales.
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Según reportes de Caracol Radio, tras 57 días de cautiverio, el empresario fue finalmente entregado a miembros de la Iglesia católica, quienes desempeñaron un papel crucial en su liberación. Posteriormente, fue presentado a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, donde aseguraron su bienestar y facilitaron su retorno a la libertad.
Este caso resalta una vez más la grave situación de inseguridad que afecta al departamento de Norte de Santander, el cual ha sido uno de los más golpeados por el delito del secuestro en los últimos años. La persistencia de estos hechos es reflejo de la compleja realidad del Catatumbo, una región marcada por la violencia y el control territorial de los grupos armados ilegales.
A pesar de la liberación de Porras Colmenares, la región sigue siendo un punto crítico en el mapa de la violencia en Colombia, donde el secuestro, la extorsión y las disputas entre organizaciones armadas continúan afectando a la población civil.
Las autoridades insisten en la necesidad de fortalecer la presencia del Estado y de las fuerzas de seguridad para poder frenar esta creciente ola de violencia y garantizar la protección de los ciudadanos en una de las zonas más conflictivas del país.
