Catatumbo | La propuesta del presidente Petro a “los jovenes que se han integrado a las fuerzas de alias ‘Pablito’”

Guerrilleros con armas largas patrullan en motocicletas una de las carreteras polvorientas del Catatumbo (Norte de Santander), la región desangrada de Colombia en la frontera con Venezuela. Montañas adentro, adonde no llegan las fuerzas del Estado, los alzados en armas consolidan su ley de facto en un territorio en disputa.

Son las circunstancias, una semana después de un ataque de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que desató una crisis humanitaria inusitada con más de 80 muertos, al menos 36.000 desplazados y miles de confinados. Encapuchados y fuertemente armados, los guerrilleros mostraron músculo y multiplicaron sus puestos de control en las vías para evitar la entrada de militares y de los disidentes de las extintas Farc, sus enemigos en este enclave del narcotráfico, minería de carbón y uno de los puntos por donde pasa el principal oleoducto del país, blanco de atentados para robar el petróleo.

Pese a la orden del presidente, Gustavo Petro, de retomar el control, no hay señales de la llegada del Estado. Los civiles transitan en autos con banderas blancas amarradas, como gesto de paz y única protección. Al filo de la montaña se extienden los cultivos de hoja de coca, el principal componente de la cocaína y manzana de la discordia entre disidentes de las Farc y los llamados “elenos” de banderas rojinegras, la organización guerrillera ilegal más vieja de América.

Los habitantes anticipan un sufrimiento prolongado en esta región indómita de 11.000 kilómetros cuadrados: “Estas guerras son de años”, lamenta Luz Franco, comerciante de una tienda de víveres, de 44 años.

“Todo el pueblo se encerró”

El pasado 16 de enero revivió el fantasma de las peores épocas del conflicto armado colombiano. Franco puso seguro a la puerta de su casa y esperó el fin de los disparos junto a su esposo y sus hijos de 15 y 10 años. “Se veía la entrada del grupo (guerrillero) al pueblo”, dice en su negocio. “Todo el pueblo se encerró ese día, todo el mundo iba buscando resguardo de un lado a otro (...) Nos encerramos, a esperar (...) No sabíamos qué pasaba en ese momento”, añade.

Corrían rumores sobre las crecientes tensiones entre el ELN y las disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, pero el ataque fue sorpresivo.

El ELN movilizó durante días cientos de combatientes desde el cercano departamento de Arauca sin ser detectados por la inteligencia. Las tropas asentadas en Catatumbo se engrosaron y no tuvieron compasión. Según el Ejército y organizaciones sociales, los guerrilleros ejecutaron una operación de cacería, en la que sus víctimas eran buscadas con “lista en mano”, acusándolas de ser afines a las disidencias.

Entre los fallecidos hay un bebé, dos menores, disidentes y firmantes de la paz acusados de colaborarles. La dueña de un restaurante, atemorizada de hablar ante las cámaras, cuenta que su esposo fue plagiado durante cuatro días hasta que fue liberado. Ahora el hombre no sale de su casa y sufre las secuelas psicológicas, asegura su esposa.

La Defensoría del Pueblo advierte que aún hay cinco personas desaparecidas, otros “han logrado escapar, ya sea por sus propios medios o en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales”.

En el recorrido, la Agencia France Press observó el rescate de un desplazado y tres mujeres jóvenes confinadas bajo la presión del ELN. La entidad encargada de proteger los derechos humanos medió para sacarlas y llevarlas hasta una zona segura.

”Queremos paz”

“Estamos en un momento de crisis (...) Esta es una situación que no se esperaba”, sostiene Édgar Guerrero, de 34 años de edad y líder comunitario de El Aserrío, un caserío anclado en el Catatumbo.

El activista critica lo que considera una promesa incumplida del primer gobierno de izquierda de Colombia, que se suponía iba a priorizar esta región para implementar el proceso de paz que desarmó a las FARC en 2017 y que pretendía llevar desarrollo a los lugares más afectados por la guerra.

Cuando no asoman los militares, aquí mandan fuerzas guerrilleros. El ELN envolvió las casas en afiches alusivos a sus 60 años de levantamiento armado, mientras que las disidencias exaltan imágenes de los antiguos comandantes barbudos de las Farc y otras figuras como el “Che” Guevara.

El presidente Petro calificó la cifra de fallecidos y el éxodo de desplazados como “uno de los hechos más dramáticos” de “la historia contemporánea de Colombia”. Suspendió las negociaciones de paz con el ELN y declaró el Catatumbo y otras regiones conflictivas en “conmoción interior”.

Ahora el mandatario considera a los guerrilleros como un “cuerpo armado dominado por la codicia”, “señores de la guerra y asesinos en masa”. Subiendo la montaña, los niños de la comunidad La Cecilia pintaron una tela con el mensaje “QUEREMOS PAZ”, que ahora ondea en la calle. Sin embargo, muchos sospechan que la venganza de las disidencias llegará más temprano que tarde.

Bajo este contexto, y desde su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro lanzó esta propuesta: “A los jóvenes que se han integrado a las fuerzas de alias “pablito” les solicito retirarse y unirse al gran ejército de la vida que busca, sin armas, la revolución social en Colombia. Este gobierno le entrega el poder a los jóvenes para vivir, para crear, para bailar y para construir un mundo mejor. Todo joven de las fuerzas del odio que deje las armas, recibirá de mi mismo, la entrada gratuita a la universidad y al trabajo social. Los jóvenes que estén en los dos últimos años de secundaria en las zonas excluidas de Colombia en conflicto, pueden ingresar desde ya al trabajo social remunerado y al estudio de educación superior”.

La Defensoría del Pueblo estima que el desplazamiento actual es el mayor desde 1997, cuando empezó el registro. “Antes de terminar el primer mes del año se superó el número de personas afectadas por desplazamientos masivos en todo 2024″ cuando fueron 25.611, indicó la defensora Iris Medina