Ella era Lucy Castillo, una de las víctimas que murió en el atentado a policías en Tibú, Norte de Santander

Consternación y rechazo ha generado el atentado con explosivos registrado en Tibú en la tarde del miércoles, 24 de mayo, el cual dejó un saldo de tres personas muertas, entre ellas dos policías y una mujer.

Este hecho se registró en el sector de La Uno, en momentos en que una patrulla de la Policía Nacional se trasladaba hacia las instalaciones de la base del Ejército Nacional en Tibú, donde fue activada una carga explosiva.

En las imágenes conocidas se puede apreciar cuando la detonación es activada e impacta a la patrulla por la parte trasera, por lo que esta sale rodando por la carretera y se estrella contra un bus de transporte público.

Entre las víctimas mortales de este nuevo ataque se encuentra el subintendente Ángelo Raúl Martínez Arévalo, de 31 años, y el patrullero Andrés Idárraga Orozco, 37 años; así como también una mujer identificada como Lucy Katherine Castillo Cárdenas, se encontraba conduciendo una motocicleta por la zona al momento de la explosión.

Adicionalmente, resultaron heridos el mayor Wilson Millán Triana, comandante del Distrito de Policía de Tibú, el intendente Édinson Niño Hernández y los patrulleros Germán Yahir Gómez Monsalve, Brando Lec Coronado Aarón y Ezequiel Felipe Pérez Arciniegas.

El primer parte médico señala que el patrullero Pérez Arciniegas tuvo que ser internado en cuidados intensivos en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, de la ciudad de Cúcuta, mientras que el mayor Millán y los otros tres uniformados se encuentran estables.

Así mismo, la Institución puso sus capacidades aéreas para trasladar de inmediato a los civiles heridos al mismo centro asistencial, donde se desconoce su estado de salud.

Por su parte, el subdirector de la Policía Nacional, el brigadier general Tito Yesid Castellanos Tuay, se desplazó al lugar de los hechos para liderar la investigación en compañía de un equipo de expertos con el fin de esclarecer este tipo de acciones criminales. Además, se dispuso de un equipo interdisciplinario para asistir a las familias de las víctimas.

“La gran familia policial se solidariza con los seres queridos de uniformados y civiles afectados por el vil atentado terrorista. Condenamos este nuevo acto de barbarie contra la sociedad civil y los policías de la patria que enluta a nuestro país y ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien suministre información que permita dar con el paradero de los responsables”, señaló la Institución.

Rechazo

Ante esta situación, la Gobernación de Norte de Santander rechazó lo sucedido y mencionó que este ataque se realizó horas antes de un consejo de seguridad que se pretendía llevar a cabo con el ministro de Defensa.

“Los nortesantandereanos no aguantamos más muertes ni acciones violentas de los grupos armados. Rechazamos los hechos que acabaron con la vida de varias personas en el municipio de Tibú, y que enlutan a sus familias y al departamento que tanto anhela la paz. No es justo que esta población siga siendo víctima de atentados terroristas”, señaló la entidad.

Así mismo, agregó que esta comunidad quiere, trabaja y anhela por un territorio de paz, “basta ya de tanta violencia contra la ciudadanía y la fuerza pública que día a día salen de casa con la esperanza de regresar cada noche a abrazar a sus seres queridos”.

Por su parte, Diego Villamizar, defensor de los derechos humanos en Norte de Santander, condenó el ataque y pidió a las autoridades reforzar la seguridad en la región, teniendo en cuenta que los grupos criminales cada vez toman más fuerza y poder en este departamento.

“Nuestro profundo rechazo a este ataque terrorista, nuestra solidaridad a las familias de las víctimas, son cobardes y miserables los terroristas que atacaron de esta manera indiscriminada no solo a la fuerza pública, sino a la población civil, esto es una clara infracción al derecho internacional humanitario”, señaló en defensor en SEMANA.

Así mismo, arremetió este hecho al mencionar que esto es el resultado de un Gobierno que ha fortalecido a los grupos al no condicionarlos y suspender las operaciones militares contra sus actividades criminales.

“Duele mucho, ver el deterioro del país en materia de seguridad, nuestra región quedó olvidada, acá la autoridad la tienen los grupos armados, el Gobierno debilitó la institucionalidad y limitó el accionar de la fuerza pública. Nos preocupa el silencio de la gobernación que no exige acciones contundentes al Gobierno nacional. ¿Dónde están las organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos rechazando estos ataques?”, puntualizó Villamizar.