“Traslado de exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo a La Picota representa un riesgo inminente para su salud y vida”, dice su abogado

La defensa del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo reveló el cuadro clínico del político, quien actualmente paga una condena de 27 años de prisión por homicidio, y al que han ordenado trasladar a la cárcel La Picota, pues las autoridades recibieron denuncias por posibles actos de indisciplina y visitas no autorizadas al hospital donde se encontraba.

Suárez Corzo fue trasladado en la mañana de este viernes en un avión de la Policía y luego en una ambulancia y, según informó el Inpec, permanecerá con atención hospitalaria en una Clínica de Bogotá, de acuerdo con las prescripciones médicas dadas por los médicos, ante la complejidad de su estado de salud.

Ante esto, la firma Alzate Hernández Abogados emitió un comunicado firmado por Felipe Alzate, en el cual manifestaron que realizaban dicha publicación con el ánimo de “evitar que se sigan reproduciendo datos errados e inexactos sobre el señor Ramiro Suárez Corzo”.

En primer lugar, la defensa del exalcalde recordó que su defendido ha estado privado de su libertad, aproximadamente, desde el año 2011, “producto de una única condena emitida por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal”.

Asimismo añaden que, “a pesar de dicha decisión, como cualquier ciudadano —incluso en su calidad de condenado— tiene derecho a un trato digno, respetuoso y a que se le garantice, por parte de las autoridades judiciales competentes, su salud, mínimo vital y vida en reclusión”.

Alzate manifiesta que, desde 2014, Suárez Corzo ha venido padeciendo múltiples enfermedades que, como se observa en su historia clínica, “le han generado incapacidades, periodos prolongados de reclusión en centros médicos y diferentes tratamientos tendientes a evitar (que) se agrave aún más su situación personal o se afecte definitivamente su vida”.

La defensa también negó que su representado se haya “enfermado” como consecuencia de la decisión emitida por parte del juez de ejecución de penas de Cúcuta, a través de la cual se le revocó su reclusión domiciliaria.

Por eso, advierte que, desde mucho antes de expedirse dicha decisión, ha venido padeciendo el siguiente cuadro clínico que, por motivos de interés general y por solicitud de Suárez Corzo, decide hacer público:

“Paciente diagnosticado con (i) polineuropatía en otras enfermedades endocrinas y metabólicas; (ii) Trastornos especificados en músculos; (iii) diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones neurológicas; (iv) Cuadriparesia flácida con atrofia muscular severa en grupos de las cuatro extremidades”.

Ante esto, añadieron: “Ramiro Suárez ha sido respetuoso de las decisiones judiciales, ha venido cumpliendo la condena que se le impuso y solo implora garantías constitucionales y legales para que se tomen las decisiones que en derecho corresponden. Ajenas a intereses políticos, personales o mediáticos. Como cualquier condenado, tiene derecho a segundas oportunidades y su intención no es otra que definir su situación jurídica y colaborar, en lo posible, con la administración de justicia y la verdad”.

El abogado también aclaró que no ha existido presión alguna de la Fiscalía General de la Nación, ni ninguna otra autoridad judicial, “para que mi representado declare en uno u otro sentido, y tampoco, como se ha manifestado en algunos medios de comunicación, se está declarando sobre asuntos relacionados con el presunto “pacto de La Picota””.

Esto, en relación con la visita a la cárcel La Picota de Bogotá realizada por Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, en la que supuestamente habría buscado votos para el actual mandatario en la campaña de 2022.

Traslado a La Picota

Debido a que el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director del Inpec, ordenó el traslado a Bogotá del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, su abogado manifestó:

“Respecto a la solicitud de traslado a la ciudad de Bogotá y específicamente al establecimiento carcelario La Picota, es apenas lógico que las distintas partes e intervinientes se opongan a este, pues no solo representa un riesgo inminente para su salud y vida, sino también implicaría quedar bajo órdenes de autoridades, dragoneantes y funcionarios que están siendo investigados por los mismos hechos, y quienes tienen un interés particular”.

Asimismo, finalizó indicando: “En caso de que se insista y materialice dicho traslado, en contravía de garantías mínimas y fundamentales, tanto mi representado como su núcleo familiar solicitan respetuosamente se le otorguen los tratamientos médicos necesarios para garantizar su salud y, adicionalmente, se le brinde vigilancia especial y seguridad, en aras de evitar cualquier atentado contra su vida e integridad personal. Son el Inpec y sus funcionarios los únicos responsables del futuro del señor Ramiro Suárez Corzo”.