Habla Marienela Cabrera Mosquera, la jueza colombiana investigada por sus videos en TikTok

Marienela Cabrera Mosquera es la jueza colombiana que ha suscitado conmoción y controversia. Conmoción por su belleza, que expone a través de sus plataformas digitales. Y polémica porque fue investigada por los videos bailando que publica en TikTok.

“Tengo tres hijos. De mi primer matrimonio tengo una hija de 26 años, abogada también. Su papá fue asesinado cuando tenía como seis meses de nacida. Y 12 años después me volví a casar”, sostuvo la mujer, que dijo tener 47 años de edad. “Yo no bailo en el juzgado. Yo no tengo videos en mi despacho judicial. Estos videos, que tienen todos el mismo fondo, son en mi casa. Es el estudio de mi casa”, aseguró la mujer, al confirmar que fue investigada por supuesto exhibicionismo en el marco de su profesión.

Según dijo, en entrevista con la emisora Blu Radio, la investigación contra su labor fue anónima. “La jueza Marienela, en su cuenta social de TikTok, la cual es una cuenta personal, pero de público conocimiento, realiza videos mostrando de manera sugestiva su cuerpo, lo cual atenta contra el decoro y la moralidad de la profesión. Al punto de vanagloriarse en su cuenta de que es juez y, además, realiza videos sexuales y se viste de manera inapropiada y no le pasa nada. Además de no ocupar la totalidad de su tiempo en desempeñar su labor”, es la queja formal que se interpuso en su contra.

“Pues mire usted, son dos correos electrónicos que llegaron de diferentes destinatarios con nombres de personas, pero si uno busca a esas personas en bases públicas, no aparecen. Entonces, pues, me ha llevado a concluir que son nombres de ciudadanos muy preocupados”, señaló. Al consultarle si ella sospecha que son mujeres quienes la denunciaron, ella respondió: “Lastimosamente”.

De acuerdo con Cabrera Mosquera, en contraste, ella sigue adelantando su profesión en Caquetá, donde reside. “Mi despacho tiene de los procesos más antiguos que hay en Caquetá porque fueron redistribuidos en el año 2023. Tengo procesos de connotación regional y lastimosamente me ha tocado parar mi despacho para ir a las audiencias de mi proceso disciplinario. La semana pasada estuve en una audiencia en donde el magistrado interrogó casi por dos horas a una testigo que solo había trabajado cinco días conmigo”.

“Preguntándole una cantidad de circunstancias por demás atinentes a mi vida personal. La regla general eran las preguntas repetitivas, impertinentes, capciosas, sugestivas. Que si ella había venido a mi casa, que cuántas veces venía a mi casa, que qué hablaba conmigo cuando venía a mi casa, preguntas que no tiene nada que ver con el cumplimiento de mi labor”, explicó, al indicar que es investigada por su accionar en TikTok por la Comisión de Disciplina Judicial.

Luego, fue consultada respecto a la tesis según la cual se le ordenó entregar el celular, en el marco de las pesquisas en su contra. “El episodio es que el magistrado instructor decretó la inspección a mi teléfono. Y para esa inspección comisionó al ingeniero de sistemas, valga la redundancia. Él me hizo una llamada telefónica y también me envió un correo electrónico en donde me pide que le entregue mi celular para llevar a cabo la inspección decretada por el magistrado. Obviamente, me negué a entregárselo porque para mí ese es un acto ilegal y así sea judicial, si es ilegal para mí no es vinculante”.

“¿Y por qué considero que es un acto ilegal? Porque es que el teléfono celular no es un simple objeto al que se le vaya a hacer inspección. El teléfono celular es la extensión de su intimidad. En mi teléfono celular yo tengo un universo de información atinente a mi intimidad, asuntos netamente personales e íntimos. Luego, si él quería acceder a mi teléfono, él tenía que haber hecho un test de proporcionalidad. Un test de proporcionalidad que le habilite a invadir esa esfera tan íntima y no la hizo. No tiene ninguna motivación esa prueba”, agregó la juez.

“Y entonces, como no pudo acceder por vía del ingeniero de sistemas, le requirió al CTI y a la Sijín que hicieran ese acto. Estos dos funcionarios le respondieron indicándole que ellos no podían llevar a cabo ese acto porque eso traspasaba sus competencias legales y constitucionales. Y se negaron a llevarlo a cabo”, aseveró.

De acuerdo con su tesis, hay una obsesión del magistrado Manuel Enrique Flores por obtener la información íntima del celular, que no es institucional, sino privado, personal. “Estoy casi que segura que precisamente esta entrevista va a hacer que el magistrado me compulse copias para un nuevo proceso disciplinario. Él le ha ordenado a sus funcionarios de la comisión —orden que también para mí es ilegal porque no está en un auto, no está en ninguna decisión— que le hagan seguimiento a mis redes sociales. Cada vez que yo hago una publicación que tiene que ver con este proceso, ellos toman captura de pantalla, descargan el video y le hacen la respectiva constancia al magistrado y con esa constancia él me compulsa copias para otro proceso disciplinario”. La polémica sigue abierta.