Así habría sido el desfalco de más de 1.400 millones de pesos a Metroparques, durante la administración del alcalde Daniel Quintero en Medellín

El aporte de Viviana del Valle Velásquez fue importante, pues sin su participación no hubiera sido posible la consumación de la apropiación de dineros del Estado estimados en la cuantía total de 1.428.441.827 pesos”. Así fue la contundente aseveración de la Fiscalía para llevar ante los estrados judiciales a exfuncionarias de la administración del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, salpicadas en presuntos hechos de corrupción entre 2020 y 2021.

SEMANA obtuvo la matriz de imputación de cargos, en la que reposan las pruebas con las que la Fiscalía está segura de que puede lograr condenas contra exfuncionarias de Quintero, quienes habrían participado en un millonario descalabro para las finanzas de la capital de Antioquia.

El arsenal de pruebas del ente acusador apunta contra la exjefa de la Unidad de Compras de Metroparques, Laura María Mejía Higuita, y contra Viviana del Valle Velásquez, exsupervisora de contratos. Según el ente acusador, los presuntos actos irregulares se presentaron entre 2020 y 2021, con la celebración de contratos interadministrativos como el 961, para el mantenimiento, reparación e instalación de la atracción acuática revolcones, donde se habrían presentado sobrecostos de 1.183 millones de pesos.

Los otros contratos bajo la lupa de la Fiscalía fueron el 288, para la compra de insumos de cuidado de salud ocupacional, elementos de bioseguridad y materiales y herramientas, con un posible sobrecosto de 244 millones de pesos, así como el contrato interadministrativo 551, para la compra de insumos y herramientas, con posibles sobrecostos de 36 millones de pesos. Todos fueron firmados, según la Fiscalía, por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y Metroparques con particulares.

“Desde el 16 de abril de 2021 hasta el 18 de diciembre de 2022, se apropiaron de la suma total de 1.465.314.921 pesos, mediante la celebración de trámites contractuales derivados de contratos interadministrativos”, señaló la Fiscalía General de la Nación en la audiencia de imputación de cargos en contra de las dos exfuncionarias.

Para el caso del contrato 961, explicó la Fiscalía, la apropiación de los recursos se hizo mediante los sobrecostos de más de 1.183 millones de pesos y se habría dado “en favor del tercero Juan Alexánder Pino Jaramillo, representante legal de la empresa Comercializadora Jpino S. A. S.”.

SEMANA conoció documentos de la Fiscalía en los que reposan las presuntas conductas ilegales de las procesadas y se indica que “se trató de bienes del Estado, toda vez que los dineros apropiados corresponden a recursos propios del Amva, que es una asociación de entidades territoriales, y que fueron entregados mediante los contratos interadministrativos 551 de 2020, 288 y 961 de 2021, celebrados entre el Amva y Metroparques”.

Sobre el papel de Mejía Higuita y Del Valle Velásquez, aseguró la Fiscalía, tenían la obligación de administrar con transparencia los recursos que fueron entregados y, según la investigación, resultaron con millonarios sobrecostos que podrían constituir un detrimento.

“Existió unidad jurídica de acción porque todos los comportamientos tenían la misma finalidad, el apoderamiento de recursos mediante el suministro de bienes y servicios cobrados por encima de su valor real”, señala el documento de la Fiscalía en poder de SEMANA.

Mejía Higuita, reveló la Fiscalía, tenía como tarea llevar a cabo la supervisión de los contratos en mención, pero elaboró sin verificación debida informes de supervisión que sirvieron para legalizar y tramitar los pagos de los dineros públicos a favor de la Comercializadora Jpino.

“El aporte de Mejía Higuita fue importante, pues sin su participación no hubiera sido posible la consumación de la apropiación de los dineros del Estado”, señaló la Fiscalía. Para el caso de Viviana del Valle, según la investigación, su papel fue el de aceptar las cotizaciones presentadas por la Comercializadora Jpino en el contrato 288 y firmar las órdenes de compra.

Al igual que Mejía, la Fiscalía dijo que el aporte de Viviana del Valle fue importante, pues sin su participación “no hubiera sido posible la consumación de la apropiación de los dineros públicos”. Para la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial, que efectuaron la investigación durante varios meses revisando miles de folios, Mejía y Del Valle, “actuando como servidoras públicas, sabían que estaban apoderándose en favor de terceros de bienes del Estado”.

De acuerdo con la Fiscalía, los contratos 288 y 961 fueron entregados a Comercializadora Jpino S. A. S., 1Soluciones S. A. S. y Estructura Zafiro S. A. S., que “tienen conexiones y/o características que permiten inferir conflicto de intereses o un esquema de direccionamiento”.

Para el caso de la Comercializadora Jpino, afirmó la Fiscalía que la contratación habría sido direccionada, al parecer, a su favor. Señaló el ente acusador que esta no contaba con la experiencia requerida debido a que su creación era corta, 22 de octubre de 2019, y para su primera adjudicación solo contaba con dos contratos en el Registro Único de Proponentes.

Algo que llamó la atención de la Fiscalía fue la fecha de creación de las empresas a las que Mejía y Del Valle les entregaron los contratos. Su conformación tuvo lugar entre 2019 y 2021, lo que pone de manifiesto la poca experiencia que podían tener para ser beneficiadas con los mencionados contratos interadministrativos; incluso habrían sido creadas para cometer los ilícitos.

Además, algunas de ellas contaban con particulares lazos familiares. La investigación de la Policía Judicial determinó que 1Soluciones fue constituida por Lilibeth Lorena Pino, hermana de Juan Alexánder Pino Jaramillo, representante legal de Comercializadora Jpino S. A. S.

En medio de esta extraña telaraña empresarial, la Policía Judicial de la Fiscalía encontró que, para poder contratar con el Estado, 1Soluciones registró experiencia contractual procedente de Juan Alexánder Pino Jaramillo. La otra empresa favorecida por los movimientos de Mejía y Del Valle fue Estructura Zafiro S. A. S., cuya actividad principal es la construcción de edificios no residenciales.

Para la Fiscalía, los servicios contratados por Metroparques no tenían relación con su rubro económico. En el documento en poder de SEMANA, la Fiscalía señaló: “El análisis financiero y contable de las empresas Comercializadora Jpino, Estructura Zafiro y 1Soluciones reveló que la mayoría de los recursos recibidos entre los años 2020 y 2023 procedió de la contratación con el Estado”.

Asimismo, el ente acusador aseguró: “Este hecho, junto con la casi nula o inexistente experiencia previa, indica que en verdad su propósito de creación fue el de materializar la desviación de poder concretada en favorecer este grupo de empresas con la adjudicación de los quince (15) contratos estatales suscritos con Metroparques, con deterioro del interés general y la moralidad pública”.

Otra de las posibles irregularidades que encontraron los investigadores del caso fue que, al parecer, las funcionarias Mejía y Del Valle incumplieron el manual de contratación de Metroparques y no documentaron de manera adecuada el recibo a satisfacción de los bienes y servicios contratados.

Por estas presuntas irregularidades, la Fiscalía les imputó cargos a Mejía y Del Valle como posibles responsables de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado, cargos que no fueron aceptados por las procesadas, quienes se declararon inocentes. SEMANA se comunicó con el exalcalde Daniel Quintero para conocer su posición frente a este hecho, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.