Esta es la narración de Venezuela sobre los presuntos delitos de Angélica Monsalve en ese país: estafa de miles de dólares, hurto y negocios raros. Lea el documento completo

Se acabaron las dudas frente a los graves líos judiciales que enfrenta la fiscal Angélica Monsalve en Venezuela. Un documento del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, como respuesta a una petición de colaboración judicial solicitada por la Fiscalía, señala que Monsalve tiene vigente una “medida de privación judicial preventiva de libertad”.

El documento, fechado el 23 de agosto de 2023, entregado en la ciudad de Caracas a la Embajada de Colombia, deja claro que son hurto calificado y estafa los delitos por los que es requerida la fiscal Monsalve.

“Se pudo verificar que sí existe orden de aprehensión vigente en contra de la ciudadana Angélica María Monsalve de Salazar, titular de la cédula de identidad número V-15. 856.748,15856748, siendo que en fecha 25 de abril de 2014, fue presentado ante Juzgado 14 de primera instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, solicitud de medida de privación judicial preventiva de libertad, en contra de la ciudadana ampliamente identificada, por la presunta comisión de los delitos de HURTO CALIFICADO Y ESTAFA”, se lee en el documento de seis páginas.

La decisión en contra de Monsalve se dio por una denuncia presentada en su contra el 14 de noviembre de 2012, en la Fiscalía Superior de Caracas, por el ciudadano Hamid Fazel, quien la señaló por los delitos de apropiación indebida calificada, estafa y legitimación de capitales.

Esta denuncia señala que el señor Fazel le pidió a Monsalve que le prestara su cuenta para que le consignaran un dinero; ella aceptó, pero “en el caso de la última transferencia, es decir, la que corresponde a la cantidad de doscientos cuatro mil dólares americanos (US$ 2O4.000), al ser informado que dicho dinero había sido abonado a su cuenta, se comunicó con ella a su celular, y ella Ie informó que el dinero había sido bloqueado por su banco”.

También, señala la denuncia, Monsalve se habría negado a entregar 80 mil dólares que ya habían sido enviados a su cuenta, y hasta les pidió dinero prestado con el argumento de que “tenía la cuenta bloqueada”.

“La ciudadana se negó a regresar el dinero alegando que se lo debía y lo denuncia por acoso (a Hamid Fazel), imponiéndose medidas de protección a favor de ella”, se lee en el documento.

La versión de Monsalve y su argumento de desprestigio

Hace algunas semanas, Monsalve quedó en el centro de una polémica: se advertía que, al parecer, en su contra corría una orden de captura en Venezuela. Ella aseguró que se trató de un escenario de desprestigio por su trabajo en el ente acusador y las abiertas y públicas diferencias con el fiscal Francisco Barbosa. Sin embargo, esta vez no hay argumentos o justificación que valga, fue el mismo Gobierno de Venezuela el que confirmó la solicitud de detención.

La oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía en Colombia recibió, formalmente, los documentos que advierten el proceso que cursa en contra de la funcionaria en Venezuela y que incluyen una orden de captura. Se trata de una investigación que la deja como presunta responsable de varias conductas criminales en ese país.

Justamente, a través de las redes sociales, se publicaron los documentos que, al parecer, acreditaban la solicitud de captura en contra de la fiscal Monsalve en Venezuela. Ella respondió que se trataba de un montaje que incluso fue promovido por algunos congresistas como Katherine Miranda.

“La rep. @mirandabogota da RT a este montaje y lo da como cierto, muestra su actitud en la Comisión de Investigaciones dirigida a lo ILEGAL. Cuando quiera le muestro mi certificado de antecedentes penales en Venezuela apostillado, y usted me muestra su SPOA en Colombia. ¿Se atreve?”, le respondió a la representante Katherine Miranda.

Ahora, otro capítulo se escribe para la fiscal Monsalve, que durante varios meses se convirtió en la protagonista de un rifirrafe con la misma Fiscalía. Mientras la señalaban de manipular algunos procesos, ella se defendió, advirtiendo que querían frenar su actividad como fiscal en investigaciones que afectaron a poderosas familias.

Las investigaciones en Colombia

“La exigencia era de 600 millones de pesos, 100 para el señor Jimmy Forero y 500 para la fiscal”, fue la revelación que hizo a la Fiscalía en marzo de este año Martín Ricardo Manjarrés, un empresario del sector de los vehículos blindados que, en una denuncia de cuatro páginas, resumió graves hechos de corrupción con los nombres de un abogado, varios investigadores y la fiscal Angélica Monsalve.

El expediente incluyó audios, correos, declaraciones, informes de campo, interceptaciones y decenas de documentos, todos conocidos por SEMANA, que dibujan en un confuso escenario de ofrecimientos judiciales, millones de pesos en efectivo y acuerdos con la Fiscalía, a cambio de declaraciones falsas. La oferta incluía principios de oportunidad.

“Les manifesté que tenía miedo por las retaliaciones que podría tomar la señora fiscal Angélica Monsalve, toda vez que dos días antes había recibido, vía e-mail, la citación a imputación de cargos. Reitero mi temor porque siento decepción que una fiscal presione indebidamente”, señala Manjarrés en la denuncia, que ya es una investigación formal.

“La señora fiscal Angélica Monsalve insiste en que, si no acepto el principio de oportunidad, me va a meter a la cárcel”, dijo Yonn García, otro testigo que el pasado 10 de marzo, en una extensa declaración, les contó a los fiscales contra la corrupción de qué manera firmó, por petición de un grupo de investigadores, un interrogatorio que ya tenía las respuestas redactadas, con graves señalamientos en contra de generales de la policía, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y altos directivos de la misma Fiscalía.

SEMANA habló con Monsalve, quien no dudó en advertir que los empresarios, ahora testigos de la Fiscalía, faltan a la verdad y fueron “deshonestos” con la administración de justicia, pues no hubo presiones y los encuentros ocurrieron en presencia de sus abogados y con otros funcionarios de la Fiscalía como testigos.

“Las supuestas presiones nunca han existido, de hecho, para la negociación del principio de oportunidad, hubo tres reuniones, las únicas donde pude tener contacto con los dos imputados por primera vez. Esas reuniones fueron en presencia del abogado de los imputados, el doctor Ricardo González; mi investigador; mi asistente y la suscrita”, dijo la fiscal.

La historia de presunta corrupción arrancó en 2022, cuando los empresarios fueron advertidos de una investigación por presuntos hechos irregulares en la celebración de contratos con entidades del Estado para dotarlas de vehículos blindados. La investigación está en el despacho de la fiscal Monsalve.

Un abogado, que en la denuncia y en la decena de declaraciones en poder de SEMANA fue identificado como Yimmy Forero, les advirtió que serían capturados en el marco de la investigación que estaba en poder de una “amiga suya”. El abogado, según la denuncia, advirtió que tenía comunicación directa con la fiscal y que podría evitar la judicialización.

“Que se requería un compromiso de pago, que la fiscal tenía la posibilidad de notificar el archivo del proceso o la solicitud de servicios judiciales para la audiencia de imputación de cargos”, señaló Manjarrés, quien a través de correos electrónicos advirtió cómo el abogado Forero le exigió un pago de 500 millones de pesos para librarse del proceso que cursaba en el despacho de la fiscal Monsalve.

La exigencia del abogado, con la oferta de evitar la imputación en la Fiscalía, se convirtió en un contrato que, de acuerdo con la denuncia, redactó el mismo Forero. El documento, en poder de SEMANA, fija la forma de pago por supuestos servicios de asesoría jurídica. Sin embargo, como reza en los correos del denunciante, el abogado desistió de firmarlo.

“Respondió que no iba a firmar ningún contrato y que se requería el compromiso de pago”. El empresario, hoy testigo de la Fiscalía, grabó las reuniones con Forero. En los audios conocidos por SEMANA, se escuchan los ofrecimientos y cómo el abogado se comunica con alguien a quien identificó como la fiscal. “Angélica, aquí estoy con el señor”. Ella le preguntó que si todo bien. Él le dijo que “sí”, que si “ella estaba en la oficina y le dijo que estaba saliendo”, se escucha en los audios.

Sobre este capítulo, la fiscal Monsalve también tiene una respuesta. Advirtió que conoce al abogado Forero porque estudiaron juntos, pero que fue el mismo denunciante, Manjarrés, quien lo buscó para tratar de llegar a ella. Nunca hubo comunicación con ella, incluso, dijo, lleva tiempo sin verlo.

Las exigencias tenían fecha de cumplimiento. El denunciante aseguró que el abogado le dio un ultimátum para el pago de los 500 millones de pesos. El 26 de agosto de 2022, tenía que cumplir con dichas demandas, pero no lo hizo. Un mes después, según dice, fue citado a imputación de cargos.

El falso negocio

En el voluminoso expediente aparece una decena de declaraciones, audios y documentos que advierten cómo, según el denunciante, la fiscal Monsalve ofreció un principio de oportunidad que incluía declarar en contra de funcionarios y altos oficiales de la Policía, como el general Rodolfo Palomino, su esposa y el general Óscar Atehortúa, entre otros. Fueron semanas de reuniones entre los empresarios imputados y la fiscal Monsalve en su despacho, una pequeña oficina ubicada en el antiguo edificio del DAS. Esos encuentros fueron grabados por Manjarrés y allí se escucha con claridad la preocupación de la fiscal y cómo, según las declaraciones en poder de la Fiscalía, el acuerdo era principios de oportunidad a cambio de declaraciones.

“La fiscal decía: ‘Colabóreme con el principio de oportunidad y yo no imputo a Marcela’, la esposa de Martín. En una de esas conversaciones ella le dice a Martín: ‘Porque yo voy a imputar a su esposa y los imputo a ustedes. Ustedes se van a la cárcel, porque los delitos contra la administración no tienen subrogados’”, señaló el testigo en la declaración que rindió de manera formal a la Fiscalía.

La firma del principio de oportunidad estaba sujeta a un falso interrogatorio que, según la denuncia y las declaraciones en poder de SEMANA, sellaron con nombre propio y bajo “presión”. El cuestionario y las respuestas a ese interrogatorio, al parecer, ya estaban redactadas. “Lo hice bajo presión, bajo la presión indebida de una funcionaria pública, so pena de meter a mi esposa a la cárcel, de meterme a mí injustamente a la cárcel”, señaló Manjarrés.

Monsalve dijo que incluso el abogado del denunciante negó las presiones a su cliente. El proceso por las irregularidades en los contratos de adquisición de vehículos blindados en la Policía y la UNP continúa. Los empresarios fueron acusados y más personas están vinculadas al caso. “Las tres reuniones fueron grabadas. No ha habido presión. El imputado Manjarrés ha sido deshonesto con el proceso y, de paso, ayudado por la Fiscalía, para ver cómo me quitan el proceso por vía irregular”, señaló Monsalve, tras insistir en que la investigación ha gozado de todas las garantías, bajo estricto apego a la ley.

El principio de oportunidad se formalizó correctamente; sin embargo, la vicefiscal Martha Mancera lo rechazó después de señalar que los presuntos testigos reportaron presiones para firmar el documento, y además, “carecían de las exigencias probatorias para acreditar la materialidad del hecho punible y la responsabilidad de sus ejecutores”, señala la resolución que firmó la vicefiscal y que conoció SEMANA.

Las declaraciones recaudadas por la Fiscalía advierten que Monsalve ofrecía los principios de oportunidad a personas vinculadas al proceso. “Le ofreció un principio de oportunidad para que declarara en contra mía… y me dijo ‘esa señora es un demonio, o sea, es mala’, me dijo que ya usted se había entregado, ya tenía firmado un principio de oportunidad para salvar a su esposa”, explicó el denunciante a los investigadores contra la corrupción.

La fiscal Monsalve sigue a cargo de la investigación que vincula a quienes supuestamente presionó. Ella insiste en que ha respetado el debido proceso, pero en juicio, un asunto de este talante podría ser un argumento de nulidad.