Investigación
¿Barrida en el Ministerio de Defensa? Por órdenes del general ( r) Pedro Sánchez, salió una docena de asesores; hay otras polémicas decisiones
Después de la llegada del ministro Pedro Sánchez, una docena de asesores fueron retirados de la entidad. También tomó polémicas determinaciones sobre personal civil y de la fuerza pública.

Una de las banderas del general (r) Pedro Sánchez, luego de su llegada al Ministerio de Defensa en marzo, fue mantener alejada a la fuerza pública de la política, contar con personas libres de tacha en la cartera encargada de velar por la seguridad del país y darle continuidad al proyecto del cambio del presidente Petro, que prometía respetar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, por las evidencias, dicha premisa no se estaría cumpliendo.
SEMANA habló con varios funcionarios, quienes aseguraron que durante el lapso comprendido entre el 19 de marzo y el 2 de mayo se trabajó con miedo y vivieron “un periodo de terror laboral tras la presentación de renuncias protocolarias para los cargos de libre nombramiento y remoción”. Los testimonios apuntan a una despedida, dependencia por dependencia, de asesores que llevaban en el Ministerio entre 10 y 20 años.

SEMANA tiene en su poder un documento con el que a más de una docena de asesores del Ministerio de Defensa se les dio la orden de ir a la EPS para el examen médico de retiro. “Estamos trabajando con miedo porque no sabemos en qué momento nos van a echar”, le dijo a SEMANA un asesor que hasta ahora se ha salvado de la polémica barrida.
Los que sacaron con la llegada del ministro Sánchez se encuentran en los escalafones 4 y 10, funcionarios que ganan entre 4 y 12 millones de pesos. “Dónde está la protección de los trabajadores que tanto defendió el Gobierno”, le dijo a SEMANA una exfuncionaria, retirada hace apenas unos días.
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Este medio consultó al Ministerio por las decisiones e indicaron que de las renuncias protocolarias presentadas fueron aceptadas 13, y que esto obedecía a “una transición administrativa normal dentro de las dinámicas institucionales (...). Todo el proceso se adelantó con respeto, legalidad, reserva y estricto cumplimiento de los canales institucionales establecidos”.

La salida de los asesores se conoce en momentos en los que el ministro Sánchez ha tomado decisiones controversiales, como reversar la salida de un oficial de la Policía que prácticamente tenía un pie afuera de la institución, mantener a un general salpicado en un caso de falsos positivos en la JEP, nombrar como secretario privado a un político que atacaba al presidente Gustavo Petro en sus redes sociales y ad portas de designar a un general retirado de la Fuerza Aérea que es investigado por presuntas violaciones al derecho internacional humanitario (DIH).
Entre esas polémicas decisiones del ministro Sánchez está el caso del director de Seguridad Pública del Ministerio, el general Raúl Fernando Vargas Idárraga, mencionado por su presunta participación en un falso positivo cuando tenía el grado de mayor.

En diálogo con SEMANA, Jaime Coral, sargento retirado del Ejército, compareciente ante la JEP, aseguró que denunció ante dicha autoridad que, en 2002-2003, el entonces mayor Vargas Idárraga habría participado en casos de falsos positivos y tortura en los departamentos de Boyacá y Nariño.
“Yo voy y le pego unos disparos, cayó el tipo herido y el mayor Vargas fue y lo mató”, relató el sargento Coral sobre la presunta participación en un caso de falso positivo del entonces mayor Vargas, ahora general y funcionario de confianza del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Incluso, Vargas Idárraga aparece con uniforme de militar activo en una reciente reunión en Popayán al lado del general Federico Mejía, comandante de la Tercera División, y del general Emilio Cardozo, comandante del Ejército. Fuentes militares confirmaron que Idárraga participó como enlace del Ministerio de Defensa.
Por su parte, el Ministerio de Defensa indicó que el general Vargas Idárraga no se encuentra sometido a la justicia especial para la paz. Otra de las cuestionadas postulaciones es la de Ricardo Rubiano-Groot, general (r) de la Fuerza Aérea, como director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

SEMANA reveló recientemente que en la página web de la Casa de Nariño fue publicada la hoja de vida del oficial retirado, citado a declarar en 2023 por la justicia especial para la paz a causa de una presunta infracción al DIH.
Sobre el caso del general Rubiano-Groot, manifestó la JEP: “Según información obtenida por el despacho relator del caso 02, mientras se desempeñó como comandante de la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Colombiana, de enero a diciembre de 2004, estuvo involucrado en operaciones adelantadas en los municipios priorizados en las que se habrían presuntamente cometido infracciones al DIH”.
El Tribunal para la Paz indagaba un bombardeo que ejecutó la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en un sector del municipio de Ricaurte, Nariño, provocando el desplazamiento de 80 familias. Los hechos ocurrieron en 2004.
En su defensa, el general Rubiano-Groot le respondió a SEMANA: “En la operación objeto de mi citación, no hubo ni muertos ni heridos de la población civil. Asimismo, no se tipificó desplazamiento forzado, pues, aunque esta operación se realizó para proteger a la población de la amenaza, generó temor en los habitantes de la región. Sin embargo, estos retornaron a sus actividades y a sus lugares habituales a pocas horas de cumplida la operación”.

Otra de las polémicas decisiones del ministro de Defensa fue el reversazo en el caso de José Wilinton Arias, mayor de la Policía, llamado a calificar servicios en septiembre de 2024 por el entonces ministro Iván Velásquez.
Ocho meses después de la decisión de Velásquez, Sánchez la frenó en seco y ordenó, mediante la Resolución 2268 del 12 de mayo de 2025, “revocar parcialmente la Resolución 3851 de septiembre de 2024 en relación con el retiro por llamamiento a calificar servicios del mayor Arias”.
Sobre el mayor Arias, es de público conocimiento que es la pareja sentimental de Tatiana Piñeros, la mujer transgénero que ocupó altos cargos en la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro.
Otro de los nombramientos que causó extrañeza en el Ministerio de Defensa fue el de Juan Carlos Figueroa, un político afín a Claudia López, Sergio Fajardo y Jorge Robledo, detractores del presidente Petro.
Además de su cercanía ideológica con López, Fajardo y Robledo, Figueroa era un duro activista en la red social X, en la que atacaba al candidato y actual presidente Petro. Incluso reposteó un trino en el que se le trataba como jefe de una red de sicarios informáticos.

SEMANA habló con Figueroa sobre las razones de formar parte de un Gobierno al que criticaba con agudeza. Contestó que es amigo del ministro de Defensa y por ello había optado por aceptar el cargo. Argumentó que “la política es dinámica”.