Confinamientos, asonadas y crecimiento de organizaciones criminales: este es el desolador panorama que revela el Defensor del Pueblo

SEMANA: Quiero empezar por un tema muy grave y es lo que está pasando en Jamundí. El ‘gobierno’ de Iván Mordisco con el frente Jaime Martínez. ¿Qué está pasando allá?

Carlos Camargo: Haciendo seguimiento y en virtud de la alerta temprana 05 del 2024, encontramos cómo hace pocos días el frente Jaime Martínez había instalado un retén ilegal, así como pancartas alusivas al Estado Mayor Central. Estos dos hechos, entre otros, comprueban la apremiante necesidad de que los organismos de seguridad del Estado implementen las acciones necesarias para proteger del frente Jaime Martínez a los ciudadanos, no sin antes contextualizar todo lo que ocurre en el suroccidente del país. En los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Nariño se encuentran frentes y bloques de las disidencias de las Farc: la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos, la Oliver Sinisterra, la Franco Benavides y la Adán Izquierdo. Son los grupos ilegales que atentan contra los derechos humanos.

SEMANA ¿Pero qué pasa en Jamundí? ¿Por qué las autoridades no actúan?

C.C.: Desde la Defensoría lo hemos advertido, hay presencia y accionar de los grupos armados ilegales a través del narcotráfico, el microtráfico, la minería ilegal y el reclutamiento forzado de menores de edad. Esto se ve traducido en situaciones de retención, restricción a la movilidad, secuestros, homicidios, imposición de horarios y manuales de conducta de todas las personas que habitan en Jamundí, que está en las inmediaciones de Cali. Nos preocupa, es un corredor geoestratégico del desarrollo de economías ilícitas. A través de esta alerta 05 del 2024, de inminencia, estamos llamando la atención, reiterando esas preocupaciones, reiterando que el grupo armado ilegal Jaime Martínez está buscando tener un control territorial social a través de la instalación de retenes sobre diversas vías terciarias, en donde exigen que las personas estén carnetizadas. Si no lo están, son destinatarias del impuesto o de exigencias que de manera ilegal les impone este grupo.

SEMANA: ¿Qué pasa con el Gobierno? ¿No escuchan las alertas tempranas? Es claro que ustedes han hecho las advertencias.

C.C.: El carácter de las alertas tempranas es preventivo y humanitario. De nada me sirve hacer juicios de responsabilidad. Aquí de lo que se trata es que atiendan cabal y rigurosamente las alertas, porque así vamos a lograr que se mitigue toda esa serie de riesgos en materia de derechos humanos: homicidios, hurto, instalación de minas antipersona, reclutamiento forzado, secuestros. El mensaje es claro y propositivo, ellos tienen una obligación por mandato popular de proteger, garantizar la vida, honra y bienes de los habitantes en el territorio; también es deber de nuestras Fuerzas Armadas y las hemos visto menguadas. ¿Por qué? Porque tenemos un cese al fuego con estructuras armadas al margen de la ley y, según el reporte de la Defensoría, durante el año 2023 se presentaron 236 acciones bélicas violentas, donde quedó claro que los únicos que honran el cese son las Fuerzas Armadas.

SEMANA: Eso es muy grave. ¿Cree que se está fallando en la mesa de negociación, que los acuerdos no se cumplen?

C.C.: Quiero ser categórico en que nosotros le apostamos al proceso de paz, pero no sin reglas claras. Es importante que a las poblaciones se les hable claro frente a situaciones que vienen padeciendo, como extorsiones, homicidios, reclutamiento, secuestros. Aquí lo que les estamos diciendo al Gobierno y a las delegaciones de la guerrilla es que le hablen claro al país. ¿Qué va a pasar con el secuestro? No solamente qué va a pasar con los secuestrados, ellos están en la obligación de regresarlos a sus hogares. No pueden seguir con esas prácticas en un cese al fuego.

SEMANA: Esa es la descripción de una apuesta fallida por la paz.

C.C.: Lo más importante es que haya claridad del Gobierno frente a cualquier estructura armada ilegal. ¿Qué va a pasar con el secuestro y el reclutamiento de menores? He enviado reiteradas comunicaciones a la mesa de negociaciones tanto con el ELN como con las disidencias; les he dicho: hablen claro al país, todos tenemos esa gran aspiración de consolidar y materializar la paz, que sea real, estable y duradera.

SEMANA: ¿Es esta una advertencia de que la paz total va camino al fracaso?

C.C.: Se lo pongo en positivo, pero las cosas en su real dimensión: como están planteadas las negociaciones, infortunadamente, hay que decirle que no pinta un buen panorama. Hay que decirle a la guerrilla que no se burle del pueblo y que aproveche este momento histórico, la generosidad que ha tenido el Gobierno. Pero es importante que haya una reorientación, un acto de contrición de los grupos armados ilegales y de la mesa de negociaciones, aquí lo que necesita el pueblo es que le hablen con claridad. ¿Qué va a pasar con el secuestro, la extorsión, la instalación de minas antipersona, los homicidios selectivos y colectivos? Aquí lo que presentamos desde la Defensoría son hechos objetivos, un balance de lo que viene ocurriendo, así estemos o no en el mecanismo de monitoreo.

SEMANA: Ustedes han advertido el aumento de la presencia de organizaciones criminales en todo el país. ¿Cómo se ha extendido esa presencia criminal?

C.C.: Es evidente el crecimiento de los grupos armados ilegales. Lo presentamos en 2023 con ocasión de la alerta de contexto electoral. El Clan del Golfo, en 2019, hacía presencia en aproximadamente 130 municipios; para 2024, en 400 municipios de 24 departamentos. También le dijimos al país que el ELN, con el que el Gobierno tiene un cese al fuego decretado, en 2019 hacía presencia en 110 municipios; hoy en más de 280 de 19 departamentos. Lo propio con las disidencias de Iván Mordisco, que hacen presencia en 19 departamentos; la Segunda Marquetalia, en 15 departamentos.

En 2019 había aproximadamente 110 estructuras de crimen organizado, hoy podemos decir que hay más de 180. Son datos objetivos. Observamos situaciones como la del Medio San Juan (Chocó) con el confinamiento de más de 40.000 personas por las disputas y por el control de la población entre el ELN y el Clan del Golfo, o lo que viene ocurriendo en Arauca, Cauca, en la subregión del Catatumbo, en el nordeste antioqueño, en el Bajo Cauca antioqueño, donde la población civil viene padeciendo el accionar de los grupos armados ilegales.

SEMANA: Estamos viendo organizaciones con pleno control territorial, confinamientos, asonadas y paros. ¿No se están tomando medidas para evitar esas vulneraciones?

C.C.: Necesitamos mayor vehemencia del Estado, que haga presencia en los territorios, el ciudadano necesita sentirse respaldado por las fuerzas legítimas de su Estado. La invitación que hacemos es que haya presencia permanente de la fuerza pública. Un ciudadano en cualquier rincón del territorio anhela que se le brinden condiciones mínimas de seguridad antes que cualquier otro derecho. Al ciudadano hay que interpretarlo, leerlo, atenderlo y ser receptivo con sus legítimas aspiraciones.

SEMANA: Ha sido enfático en señalar el crecimiento del reclutamiento de menores. ¿Cómo es ese panorama con la erupción de grupos armados que está denunciando?

C.C.: En la medida que crecen los grupos armados ilegales, se consolidan en el nivel territorial y social. Vemos cómo departamentos como Cauca tienen el principal centro de entrenamiento y de concentración de menores de edad para reclutarlos y que posteriormente entran a engrosar las filas de los grupos armados ilegales para ser distribuidos por toda la geografía nacional.

SEMANA: Hemos hablado de Jamundí, Cauca, Nariño y el corredor del narcotráfico en la zona oriental. Pero el crecimiento de organizaciones es en todo el país. ¿Cuáles son las regiones que más le preocupan?

C.C.: Me preocupa muchísimo la subregión del Catatumbo, Cauca, el suroccidente del país, el Valle del Cauca. Me preocupa lo que viene ocurriendo con las disputas entre las Autodefensas Gaitanistas, Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con ese desplazamiento en el municipio de Barrancas. Vea lo que viene ocurriendo en el nordeste antioqueño, en el Bajo Cauca antioqueño y sus siete municipios.

Históricamente, no había visto una situación con este antecedente tan infortunado en lo que tiene que ver con la expansión de los grupos armados, con la exacerbación de los factores de violencia. De manera que son situaciones que vale la pena destacar y hacer un llamado respetuoso, no es nada personal, para que se pongan en la tarea de no generar tanta generosidad por parte del Estado con los grupos armados ilegales. A ellos hay que hablarles con claridad y de manera categórica, tienen la oportunidad histórica y el tiempo se les está acabando.

SEMANA: ¿Quiénes se tienen que pellizcar? ¿El presidente de la república, los negociadores, las Fuerzas Militares y de Policía?

C.C.: Todos los anteriores.

SEMANA: ¿El presidente Petro se tiene que pellizcar?

C.C.: Es un mensaje muy respetuoso, el presidente es la cabeza visible. Nosotros, como institución nacional de derechos humanos, siempre vamos a estar acompañando los buenos propósitos. Siempre vamos a llamar las cosas por su nombre, necesitamos que todas las autoridades cumplan y honren el mandato popular por el cual fueron elegidos.

Está el derecho a la seguridad, la libertad, la vida, la integridad, de manera que es muy importante brindarles todas las garantías a los ciudadanos en cualquier rincón del territorio. Nuestras Fuerzas Militares tienen el deber constitucional, conforme al artículo segundo de la Constitución Política, de proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos, no hay ciudadanos de distintos estratos, es para todos, incluidos los de Algeciras, La Plata, Cumaribo, Puerto Gaitán, Tarazá, Argelia.

SEMANA: Hemos hablado de desplazamiento, reclutamiento, entre otros temas, y en todo estamos mal. ¿Qué está pasando?

C.C.: El llamado que hacemos, atendiendo que nuestras facultades son preventivas, es que nos pongamos en la tarea de trabajar de manera articulada, sin prevenciones. Mire el caso de la alerta temprana que emitimos para Bogotá, el llamado no es distinto a decirle al alcalde que aquí tiene una Defensoría que le brinda todos los elementos, todos los datos para que en asocio con el Gobierno tome las medidas para contrarrestar toda esta serie de flagelos que se vienen presentando. Las cifras no mienten, son objetivas: entre 2022 y 2023 aumentaron en un 15 por ciento los homicidios. Son muchas las preocupaciones, pero hay que asumir las cosas con vehemencia y con absoluta claridad.