Crudas cifras de aborto: 551 menores criminalizadas y centros hospitalarios, los que más denuncian a las mujeres

La discusión que más intervenciones ciudadanas ha provocado en la historia reciente de la Corte Constitucional avanza en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo. Allí, más de 3.000 mujeres, organizaciones sociales, entidades oficiales y universidades se han pronunciado frente a la despenalización del aborto en Colombia, la discusión más importante que tendrá este Alto Tribunal antes de cerrar el año.

Entre los conceptos enviados acaba de ser revelado el de la Fiscalía General de la Nación, que trae cifras preocupantes frente a la aplicación de este delito en Colombia en los últimos 15 años. Actualmente, el aborto en Colombia está permitido dentro de tres causales específicas: 1) Cuando exista riesgo de salud física y mental para la mujer; 2) Cuando exista grave malformación del feto y 3) En casos donde exista una violación. Si los motivos para interrumpir el embarazo están por fuera de estas causales, entra a regir el Código Penal, que establece penas de entre 1 y 3 años.

Según la Fiscalía, desde el año 2006 se han registrado 5.646 procesos por el delito de aborto, que comprometen a 4.510 personas “indiciadas”. De estas, 566 terminaron imputadas, es decir, un 25 %. A 357 personas se les hizo traslado de escrito de acusación; a 75 se les aplicó un principio de oportunidad; con 51 se alcanzó un preacuerdo. Las cifras de la Fiscalía revelan que en 15 años, 259 personas fueron condenadas, 23 absueltas y 95 tuvieron una sentencia sancionatoria.

Según las cuentas del ente investigador, Bogotá –con 1.030 casos de aborto– es la ciudad con más registros, seguida de Valle del Cauca con 365 registros, Antioquia con 322, Santander con 340 y Tolima con 301 casos. El reporte de casos se ha dado casi en igual proporción en las ciudades que en las zonas rurales.

Uno de los apartes más dramáticos del balance tiene que ver con los menores criminalizados por abortar en Colombia. El reporte indica que 1.064 de las indiciadas están entre los 18 y 28 años; 350 entre los 29 y 59 años, y 551 son menores de edad. Esta última cifra incluye a 26 hombres.

Lo contradictorio del panorama que afrontan los menores es que a pesar de tener una protección especial de la Corte Constitucional representan el 24 por ciento de casos criminalizados en el país. Además, resulta paradójico que en el listado haya tres casos de niñas entre los 12 y 13 años registradas en las estadísticas como “indiciadas”, cuando en Colombia es un delito tener relaciones sexuales con menores de 14 años.

Otro de los apartes más llamativos de las cifras tiene que ver con el denunciante. Según las cuentas de la Fiscalía, en 29 de los casos se registró que la actividad o profesión del denunciante es del sector salud. No obstante, el informe admite que existe un subregistro sobre el origen del denunciante. Y como la mayoría de las noticias criminales se reporta en el marco de “actos urgentes”, para el ente investigador se puede manejar como teoría que se trató de casos reportados por centros hospitalarios.

“Es posible que muchos casos en los que el personal médico es quien denuncia, se registren en el sistema como actos urgentes. Otro elemento que refuerza esta hipótesis es que tras un análisis de los relatos de todas las sentencias condenatorias pudo determinarse que el 73 por ciento fueron hallazgos hechos y reportados por un centro hospitalario", señala el informe.

Además, dice que en Bogotá la ocurrencia de casos de abortos está concentrada en ciertos centros médicos y hospitales, especialmente en los puntos altos de concentración de Suba y del sur de Bogotá. “Esto podría indicar que las denuncias provienen en buena parte de centros médicos y que estos centros médicos están ubicados en estratos socioeconómicos bajos”, señala el ente investigador, a través de Claudia Cecilia Puentes, directora de Políticas y Estrategia de la Fiscalía General. El informe subraya, además, que en el 40 % de los casos los denunciantes fueron hombres.

Los multitudinarios conceptos están siendo revisados minuciosamente por el despacho del magistrado Lizarazo. Allí también se incluye el aportado por la directora para América Latina de la Federación Nacional del Aborto, Susheela Singh. Dicho documento hace un balance de cifras mundial y concluye que las tasas de aborto son más bajas en Europa y América del Norte, donde la mayoría de los países tienen leyes liberales sobre el aborto.

En cuanto a la situación de Colombia, indica que el 33 % de las mujeres que se practican abortos clandestinos en Colombia sufren complicaciones que requieren atención médica y hasta el 53 % de las mujeres rurales en situación de pobreza que se practican abortos sufren tales complicaciones.

Para esta organización internacional, cuando los abortos se practican de acuerdo con las normas de las Organización Mundial de la Salud, se trata de un procedimiento “extremadamente seguro”. “La preponderancia de la evidencia es clara: el aborto es seguro a largo plazo y supone de poco a ningún riesgo de sufrir problemas de fertilidad, cáncer o enfermedades psicológicas”, concluye.