El expediente engavetado contra el exmagistrado Leonidas Bustos: habría extorsionado a la exsenadora Piedad Zuccardi. ¿Ocultaron pruebas?

El exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema José Leonidas Bustos es uno de los protagonistas del más grande escándalo de corrupción que se haya dado en la justicia del país: el cartel de la toga. Por estos hechos criminales ya hay 11 condenas contra magistrados y abogados involucrados en el cobro de coimas para torcer los procesos, pero Bustos, cuando vio que su destino era la cárcel, empacó maletas y se voló para Canadá.

Hasta esta semana apareció en juicio, defendiendo su cuestionada “honorabilidad”. Mientras tanto, empieza un nuevo proceso en su contra, en el marco del mismo escándalo, que cuenta con pruebas que parecen irrefutables y que habrían sido ocultadas.

SEMANA conoció los detalles del expediente que se inicia contra Bustos y que pone sobre la mesa no solo su participación como una de las cabezas del cartel de la toga, sino extrañas movidas para ocultar el soborno que le habrían pedido a la entonces senadora Piedad Zuccardi, y las posibles irregularidades cometidas por el exmagistrado.

El pasado 17 de febrero fue abierta la investigación contra el exmagistrado (ver documento), en la que Zuccardi podría empezar una suerte de revancha por posibles irregularidades en el proceso judicial y en su privación de la libertad.

“Durante 2013, cuando la exsenadora Piedad Zuccardi era investigada y se encontraba privada de la libertad por cuenta de lo ordenado por la Corte Suprema (…) cuyo ponente fue el exmagistrado José Leonidas Bustos, recibió varias visitas por parte del abogado Gustavo Moreno, quien ofreció sus servicios para representarla. En el marco de la propuesta, el abogado sostuvo que era el único que podía tener éxito en su defensa porque formaba parte de un ‘grupo de lujo’ o ‘equipo de oro’ (…) solicitó 4.000 millones de pesos. Sin embargo, el ofrecimiento no fue aceptado”, se lee en la apertura de investigación.

Así, mientras la Procuraduría ha pedido la condena y extradición de Bustos a Colombia, él ha escurrido el cuerpo a su proceso, se niega a dar su lugar de residencia en Canadá y es la única presunta cabeza de este escándalo que no ha sido condenada. En su defensa, en el juicio que avanza en la Corte Suprema, se victimizó y afirmó que salió del país por seguridad.

En este nuevo proceso hay un arsenal de pruebas, la declaración del abogado Moreno, quien fue su cómplice, y en un acto de contrición contó toda la verdad; la reciente condena contra el exmagistrado Gustavo Malo, también parte del cartel de la toga, y el extraño daño en una de las pruebas, el DVD con la declaración de Zuccardi, que fue omitida en su momento por un supuesto “daño físico que no permite su lectura”. Hoy la duda es quién dañó el DVD, si fue en la Comisión de Acusaciones o en la Corte Suprema (ver foto).

Las pruebas

Las condenas contra los protagonistas del cartel, presuntos socios del magistrado Bustos, le pasan factura. La reciente ratificación de condena contra el exmagistrado Gustavo Malo así lo plantea y en ese proceso sí fue tenido en cuenta el testimonio de la exsenadora Zuccardi.

“En este caso obra como prueba trasladada el testimonio rendido el 7 de noviembre de 2017 dado por Piedad Zuccardi dentro del radicado 51406 –en averiguación de responsables–, en el que relató situaciones inusuales presentadas dentro de su proceso”, lo que ratifica la pregunta: ¿quién dañó el DVD con el testimonio?

El plan para sacarle dinero a Zuccardi, en el que también estaban involucrados los exmagistrados condenados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, y el abogado Moreno, era que este último fuera contratado como defensor de la excongresista, así se lee en la condena contra Malo.

“En el caso de Piedad Zuccardi, Ricaurte dialogó con la entonces senadora hacia finales del año 2012 y le manifestó que su situación jurídica se podría complicar, así como su recomendación para que designara como su defensor a Gustavo Moreno, lo que corroboró la allí indiciada con las decisiones que posteriormente se adoptaron, como la negativa a resolver favorablemente la petición de resolución inhibitoria presentada por la Procuraduría y la siguiente apertura de instrucción, con la expedición de orden de captura”, advierte el documento, que deja claro que a Zuccardi la privaron de la libertad por no acceder al chantaje.

La narración es tan contundente que en apenas unas líneas desnuda la forma como operaba el cartel: “No resultaba una coincidencia que la investigación preliminar en contra de Zuccardi fuera seguida por el despacho de Leonidas Bustos; que la indagación en contra de Juan Carlos Abadía fuera conocida por el entonces fiscal delegado ante la Corte Suprema Alfredo Bettín –en la que fungieron como defensores Gustavo Moreno y después Leonidas Bustos– o que los asuntos de Julio Manzur, Álvaro Ashton, Musa Besaile, Nilton Córdoba o Argenis Velásquez fueran instruidos por el despacho de Gustavo Malo”.

Así se escucha en la declaración extrañamente omitida de Zuccardi a la que tuvo acceso SEMANA, en la que contó de tres visitas que hizo el abogado Moreno, quien pagó cárcel, fue extraditado y por su efectiva colaboración salieron a la luz los entuertos delictivos que se dieron en la cúpula de la Justicia. Moreno fue el primero en constatar lo que pasaba en las altas esferas de la Justicia, se sometió a los jueces en Colombia y Estados Unidos, y ayudó al desmantelamiento del vergonzoso cartel.

“Se da cerca del 5 de marzo de 2013, una vez se define la situación jurídica, él se presenta, dice que va por recomendación del magistrado Francisco Ricaurte (…) propone que él asuma la titularidad de mi defensa y plantea también una suma alta por concepto de honorarios. Cuando yo expreso mi sorpresa por la suma tan alta, me dice que es porque trabaja con ‘un equipo de oro’, con un grupo muy destacado de juristas. Me explica su cercanía con el magistrado Ricaurte y con el magistrado Bustos”, contó Zuccardi.

Además, da una sentencia que resulta demoledora: “Me pregunta por qué regresé al país, estando en Panamá, y que mi proceso hubiese podido ser atendido desde el exterior, sin necesidad de que estuviera privada de la libertad. Yo le dije que esa había sido una decisión personal porque yo era inocente y por eso había decidido regresar para defenderme ante la Corte. Me dijo una frase que todavía me retumba en la cabeza: ‘Usted cometió un grave error’. Yo le dije: ¿cuál error? Me dijo: ‘Confiar en la Justicia’”.

En la declaración, conocida en su totalidad por este medio, Zuccardi cuenta de otros dos ingresos de Moreno, con la misma finalidad: la defensa por un monto de 4.000 millones de pesos.

Esta versión también fue ratificada por Moreno ante la Justicia el 27 de noviembre de 2017, antes de su extradición y cuando ya estaba comprometido con contar toda la verdad, pero tampoco fue tenida en cuenta en el proceso contra Bustos.

“El doctor Francisco Ricaurte me habla, vamos a cobrar 4.000 millones de pesos, voy por cuenta de la oficina, me reúno con la doctora Zuccardi, él (Ricaurte) me cuenta que ya había hablado con los familiares en Cartagena, que conoce a los García y que por ese lado lo habían buscado (…), pero, como lo manifesté, no había intenciones del doctor Bustos de ayudar, porque después nos reunimos y hablamos, y él dice que no, que en ese caso no se puede ayudar por esa cifra, él incluso alcanzó a hablar con el doctor Bustos de 10.000 millones de pesos”, dijo el abogado Moreno.

Con esa claridad fue que Moreno no solo narró las visitas a Zuccardi mientras estaba detenida en Cespo, también dio la impactante cifra de 10.000 millones de pesos a solicitud de Bustos. Sin embargo, lo que hoy genera dudas es por qué la Justicia no abordó este tema en el proceso contra el magistrado hoy escondido en Canadá, que se ha negado a poner la cara a la Justicia y que asegura que vive de su “humilde” mesada pensional de 10 millones de pesos.