El fracaso del preacuerdo de la Fiscalía con Olmedo López amenaza la verdad del peor escándalo de corrupción del Gobierno Petro: el saqueo de la UNGRD

Un mazazo a la verdad, a la justicia premial y a la posibilidad de desenredar la madeja de corrupción que se tomó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En eso se traduce la decisión del juez que negó el preacuerdo al que habían llegado la Fiscalía y el testigo estrella de este caso, Olmedo López, exdirector de la entidad.

La decisión podría echar al piso la investigación que lleva más de un año desde que estalló el escándalo y ya tiene a 25 presuntos implicados respondiendo ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

La audiencia en la que el juez quinto penal del circuito especializado de Bogotá negó este preacuerdo deja muchas dudas. Entre ellas, la inexplicable decisión de que la justificación del preacuerdo fuera realizada por el fiscal Gabriel Sandoval Vargas y no por la titular de esta investigación, María Cristina Patiño, quien conoce en detalle todo el expediente, la colaboración de López, la importancia de su confesión y pruebas allegadas que retumbaban en la Casa de Nariño.

A esto se le suma la decisión del fiscal Sandoval Vargas, quien lució inseguro y poco conocedor del caso, de no apelar, casi haciendo una venia al fracaso de la negociación que había elaborado la misma Fiscalía.

¿Por qué es un golpe de gracia a la investigación del escándalo más grande de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro? El asunto es así: en la génesis del escándalo solo se sabía de la compra irregular, con sobrecostos y direccionada, de 40 carrotanques para calmar la sed de los pobladores de La Guajira, por cerca de 46.000 millones de pesos.

En ese momento aparecieron en escena los dos testigos clave del escándalo: el director Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla. Pese a que tocaban las puertas de la Fiscalía en busca de un acuerdo de colaboración, estas parecían cerradas con llave. Fue solo hasta que se empezaron a conocer las pruebas y declaraciones de los implicados que el ente acusador no tuvo más remedio que sentarse a buscar la verdad con base en la justicia premial.

Pinilla era el encargado de conseguir el dinero y la ruta para sacarlo de la UNGRD, coordinar contratos, entenderse con enlaces del Gobierno, con algunos congresistas y los alcaldes, o encargados de las obras con las que presuntamente se compraron los parlamentarios. Todo eso lo contó ante la Justicia y por eso están hoy tras las rejas Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso. A Sneyder sí le aprobaron su preacuerdo.

En el caso de Olmedo, el asunto es mucho más complejo. Sus declaraciones tocan las puertas de la Casa de Nariño, pues él, como director de la entidad, dijo que recibía las órdenes de los altos funcionarios del Gobierno, para este caso nada menos que de los entonces ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

También de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y mano derecha del presidente Gustavo Petro. Hoy se desconoce su paradero, está siendo “protegido” por un Gobierno extranjero y fue señalado por López como el encargado de dar la orden que desencadenó esta trama corrupta.

Incluso fue en un diálogo entre Olmedo López y la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz como se concretó la orden que supuestamente dio Carlos Ramón González para entregar 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con un explosivo dato adicional entregado por Ortiz: el dinero no era solo para garantizar el trámite exitoso de las reformas, entre ellas la pensional. También habría asegurado el agendamiento para la elección de Vladimir Fernández, ex secretario jurídico de la Presidencia, como magistrado de la Corte Constitucional.

El caso de Sandra Ortiz también llama la atención: pese a que probó que tiene información valiosa y que está dispuesta a contarlo todo, la Fiscalía le cerró las puertas de un acuerdo de colaboración al afirmar que su información es “confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas”. Sin embargo, los chats revelados por SEMANA, en los que se ve cómo se cuadra la elección de Fernández, son demoledores y plantean lo contrario. ¿A quién quiere proteger la Fiscalía?

Olmedo López no solo ha dado largos y detallados testimonios sobre el saqueo a la UNGRD. Su colaboración ha estado acompañada de pruebas como chats, reuniones, tiquetes, ubicación exacta de los momentos clave de este escándalo a través de su celular, el traslado de 1,4 billones de pesos hacia la entidad para sacar el dinero corrupto, fechas de los encuentros en los que dieron las órdenes y cómo las ejecutaron; todo un arsenal que hoy tiene a la cúpula del Gobierno ante la Justicia, pero que, de caerse esta colaboración, solo garantizaría impunidad.

En este caso, no sería cierto, como dijo el juez al momento de negar el preacuerdo, que López “lideró una empresa criminal para apropiarse de dineros del Estado a cambio de coimas, celebrando contratos fraudulentos con terceros”. Si bien fue un eslabón clave en el saqueo, y así lo ha reconocido en su confesión, las cabezas serían justamente quienes le dieron las órdenes: Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

De su colaboración surgieron las tres líneas de investigación. La primera, carrotanques; de ese contrato salió el dinero para comprar con 4.000 millones a Name y Calle, tal como relató Olmedo, luego de la orden de Carlos Ramón González. Este caso avanza en la Corte Suprema, y los expresidentes del Congreso ya están detenidos en la cárcel La Picota. Todo lo ratificó Sandra Ortiz, la mensajera.

También está la línea relacionada con el exministro Bonilla, quien habría comprometido millonarios contratos por cerca de 92.000 millones de pesos en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar (Bolívar) para lograr los votos de la Comisión de Crédito Público y aprobar, como ocurrió, los empréstitos de la nación ante la banca internacional.

En este caso, López entregó la denominada prueba reina: una libreta con la repartija escrita de puño y letra de una de las congresistas implicadas, la representante Karen Manrique. Además, su versión ha sido corroborada por completo por otra de las involucradas, María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla.

En el caso de Luis Fernando Velasco, el testimonio de Olmedo López habría puesto al descubierto cómo, a través del senador Julio Elías Chagüi, se habría comprado a un grupo de congresistas de la Comisión Primera. La orden se habría dado el 4 de diciembre en un “cónclave” en la Casa de Nariño luego de que se frustrara la entrega de contratos por 30.000 millones de pesos a través del Invías.

Velasco le envió por WhatsApp el teléfono del senador Chagüi a López ese mismo día. Dos días después se reunieron en el Café Vienés, en el Centro Internacional, y acordaron la entrega de contratos por más de 28.000 millones de pesos para el municipio de Sahagún, Córdoba. Todo esto también fue ratificado por María Alejandra Benavides, quien tuvo que asumir el contacto con el congresista e incluso aportó las conversaciones de chat.

Resulta extraño, por decir lo menos, que la Fiscalía que llevó de la mano a Olmedo López a la firma de un preacuerdo se negó a defenderlo ante el juez; que ese mismo juez niegue un preacuerdo, que tiene incluso el aval de las víctimas; que se deje de lado la justicia premial, que justamente consiste en reparación, aceptación de responsabilidad y entrega de pruebas. El silencio solo les conviene a las presuntas cabezas del escándalo. El país no puede permitir que se amenace la verdad del saqueo a la UNGRD.