El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez, habla sin tapujos: “El primer obligado a acatar los fallos judiciales es Petro”

SEMANA: ¿Cómo entender que el Consejo de Estado le dio al Consejo Nacional Electoral (CNE) competencia para investigar administrativamente la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, y después el magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional y exsecretario jurídico de Petro, congeló ese proceso?

Luis Alberto Álvarez: La Sala de Consulta, en su rol constitucional, resolvió un conflicto de competencias. Señaló que el CNE tiene competencia para adelantar las investigaciones administrativas, con una precisión: no hay pérdida del cargo del presidente de la república. Ese es un asunto que le corresponde a la Comisión de Acusación.

La Corte no falla tutelas. La Corte Constitucional selecciona tutelas, y la seleccionó seguramente por la relevancia del caso. La decisión adoptada por la Corte, encabezada por el doctor Vladimir Fernández, es en el ámbito de una medida cautelar, no es una definición de fondo. La medida cautelar tiene una razón: se decide suspender porque se estima que se puede causar un perjuicio irremediable bajo la lógica de que el CNE puede emitir una decisión en ciernes.

SEMANA: ¿Hay legitimidad cuando la decisión se tomó bajo el liderazgo de Vladimir Fernández, exsecretario de Presidencia y salpicado por Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD?

L.A.: En primer lugar, el doctor Vladimir fue postulado por el presidente en la terna que correspondía, y el Senado lo eligió como magistrado de la Corte Constitucional. En segundo lugar, quisiera pensar que es una decisión que se ajusta al régimen constitucional. Cualquier señalamiento que tenga el doctor Fernández es del resorte de él explicarle al país. La dignidad de la magistratura exige que uno ponga la cara para explicar si hay alguna tacha sobre su pasado o su desarrollo profesional. La investidura así lo exige.

SEMANA: ¿Hay que preocuparse cuando la decisión que suspendió la investigación de la campaña de Petro en el CNE plantea evitar una “crisis institucional”?

L.A.: Es un elemento que puede tener asidero en la medida en que el CNE, que tiene la competencia, puede prestarse a adoptar una decisión. Pero hay que esperar, porque la decisión no se ha tomado de fondo. Además, la medida cautelar, pese a los perfiles de urgencia y eminencia, fue una decisión bastante debatida entre todos los magistrados.

SEMANA: Como presidente del Consejo de Estado, ¿cómo ve que un magistrado como Vladimir Fernández termine salpicado en el escándalo de la UNGRD? ¿Eso no afecta la imagen de las altas cortes y del sistema de justicia?

L.A.: La Justicia ha tenido momentos difíciles, de luces y de sombras. La Justicia tiene sus propios controles, aparte del control social. Creo que en cualquier señalamiento que se haga a un magistrado, no solamente de alta corte, sino en general de la Justicia, habrá los canales para que, en el desarrollo de un proceso y con el debido respeto de las garantías constitucionales, se establezca la realidad.

SEMANA: El cartel de la toga empezó a sonar antes de que llegaran las decisiones. ¿No es el momento para que las Cortes o los presidentes tomen decisiones a fin de atajar un gran escándalo?

L.A.: La dignidad de ostentar un cargo de magistrado impone estándares éticos muy altos. Quienes llegamos a estas representaciones debemos ser no solamente jueces autónomos e independientes, probos en todo el sentido de la palabra, además, con un comportamiento ético excepcional. Siempre que hay algún señalamiento, afecta la credibilidad de la Justicia y tiene que haber una reacción propia. Esto es, quien tiene la competencia para estudiar y analizar una conducta irregular de un magistrado de alta corte es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Debemos rodear las instituciones para que avancen en este tipo de investigaciones y no se generalice un asunto que puede ocurrir frente a algún magistrado. Creo que debe caer el peso de la ley con mayor severidad, porque nosotros tenemos una responsabilidad social mayor que cualquier juez.

SEMANA: ¿Debe investigarse a fondo una denuncia de este tipo?

L.A.: Desde luego, no solamente frente a una circunstancia que en este momento entiendo que hay toda una investigación que se desarrolla en la Fiscalía y en la Corte Suprema, sino que, además, quien sea sindicado de una conducta debe salir y explicarle al país cualquier mancha que pueda tener. Porque, repito, aquí está en juego la credibilidad de la Justicia.

SEMANA: Con la suspensión de la investigación en el CNE, el presidente Petro dijo que la Corte Constitucional frenó un golpe de Estado. ¿El Consejo de Estado está fraguando un golpe de Estado?

L.A.: No, eso es una impropiedad del señor presidente. Creo que esa es una descalificación más allá del contenido de la figura. Si de algo podemos preciarnos los colombianos es de que las instituciones políticas y las instituciones jurídicas funcionan. Es decir, hay un Congreso que tiene a su cargo expedir las leyes; igualmente, las Cortes vienen funcionando y el presidente también, más allá de que tengamos un presidente que tiene una agenda propia de su ideología, que sea el primer presidente de izquierda, si se quiere calificar así, un presidente que viene de haber sido parte de un movimiento insurgente. Es decir, hay particularidades que hacen que hoy, en medio de circunstancias difíciles, las instituciones estén funcionando. No puede hablar de un golpe de Estado, de un golpe blando ni de un golpe de ninguna naturaleza, porque las instituciones están funcionando. Le hace muy mal descalificar decisiones de la Justicia, propugnar por un golpe o ir pensando que ahí se está fraguando una alteración del orden constitucional. Me parece que es equívoco y en esa medida no se puede aceptar que haya una orquestación dirigida a ese propósito.

SEMANA: El Consejo de Estado ha sacado congresistas del Pacto Histórico por doble militancia, ha quitado personerías jurídicas a partidos, prohibió la transmisión de los consejos de ministros por canales privados y sacó del cargo a diplomáticos del Gobierno. Eso ha provocado los ataques directos del presidente Petro. ¿Cómo se maneja esa presión cuando el presidente los ataca?

L.A.: Emitimos fallos que no siempre son del agrado del destinatario de la decisión, que no son celebrados por el Gobierno. Pero tengo que decir que, así como se han anulado credenciales de congresistas del Pacto Histórico, también se han anulado elecciones de congresistas que no forman parte del proyecto progresista. Aquí no hay un asomo ni de arbitrariedad ni de persecución con el Gobierno.

SEMANA: Recogiendo opiniones del común, si se quiere de redes sociales, dicen que el Consejo de Estado se la tiene montada al presidente y que forma parte del golpe blando. ¿Qué respuesta les da al respecto?

L.A.: No hay que olvidar que el Consejo de Estado fue el órgano que le devolvió los derechos políticos al presidente. El presidente fue destituido por la Procuraduría y fue el Consejo de Estado quien le halló la razón. Con toda claridad, el presidente hoy es presidente porque un órgano de la Justicia posibilitó que llegara a esa alta dignidad. Tengo que defender enérgicamente que aquí en el Consejo de Estado no hay una agenda política. El Consejo de Estado no desarrolla su función acatando un criterio de cálculo electoral, no hay una ideología detrás de los fallos.

SEMANA: El Gobierno ha dicho que, si el Congreso no aprueba la consulta popular, la saca por decreto. ¿Es viable?

L.A.: Siempre se procura en estos casos buscar alternativas imaginativas, pero el Estado de derecho señala causas constitucionales absolutamente claras. Lo que no puede hacerse vía ley no puede adoptarse vía decreto. En un Estado de derecho, la ley es el instrumento que legitima al Congreso, porque la Constitución señala los temas que le competen a este órgano de representación popular. Si un Gobierno pudiera sustituir al Congreso, entonces no sería necesario el Congreso, porque basta simplemente que una mayoría niegue un proyecto para que a su turno habilite al presidente a hacerlo.

SEMANA: ¿La consulta tiene que pasar, sí o sí, por el Congreso?

L.A.: Eso lo dice la ley. Para que haya una consulta popular, debe haber un concepto previo favorable del Senado, y el concepto está supeditado a las motivaciones que se alleguen a las preguntas correspondientes. Si no hay un concepto previo y favorable del Senado, por supuesto que no se puede convocar a la consulta popular. Eso es así, absolutamente claro.

SEMANA: En cuanto a los consejos de ministros, que ustedes prohibieron transmitir por canales privados y los convirtieron en alocuciones, ¿le están haciendo un esguince a la norma?

L.A.: Los consejos de ministros están habilitados en la ley, igual que las alocuciones presidenciales. Son un derecho que tiene el Gobierno para intervenir en la televisión y anunciar al país aspectos de gran trascendencia. A título de ejemplo, cuando el presidente Pastrana anunció el fin de la zona de distensión y que la fuerza pública retomaría el territorio. La alocución presidencial está justificada por el interés nacional y, por eso, puede transmitirse por los canales públicos y privados. La tutela amparó el derecho a la información y, en particular, el derecho a la pluralidad informativa. Todos los colombianos tienen derecho a escoger los contenidos de televisión en los horarios que deseen, y no puede haber una imposición de una agenda oficial. En cuanto al desacato, debo señalar que se han radicado solicitudes frente a esa tutela y serán resueltas por la misma sala que adoptó la providencia inicial.

SEMANA: En una transmisión reciente, el presidente usó la figura de la alocución para hablar de la fiebre amarilla, un asunto de salud pública, pero terminó acudiendo al formato de los consejos de ministros.

L.A.: La fiebre amarilla es un tema que tiene un gran impacto para la salud de los colombianos; y, bueno, utilizó, además, más temáticas adicionales con otros funcionarios de alto nivel. Eso es lo que corresponde analizar. En mi caso, no puedo opinar, porque entenderá que eso es de resorte y de competencia de la sala que tendrá que adoptar la decisión.

SEMANA: Vea lo que ha pasado con las rectificaciones al presidente, quien incluso estuvo cerca de un incidente de desacato. No rectifica o rectifica a medias. ¿Cómo ve usted que la cabeza del Estado no acoja las decisiones?

L.A.: Desatender un fallo judicial es tan grave como desatender la Constitución, y el primer obligado para acatar la Constitución, la ley y los fallos judiciales es el señor presidente de la república. Es un mal mensaje cuando el primer mandatario, que es el jefe del Ejecutivo, tiene la más alta dignidad de este país, propicia el desacato de las decisiones judiciales. No es el camino adecuado. Yo creo que el primer obligado, repito, a acatar los fallos judiciales es el primer mandatario.

SEMANA: ¿Qué decir cuando el presidente, quien ostenta la más alta dignidad del Estado, miente, no se retracta y reitera las mentiras?

L.A.: Esa calificación de si el presidente miente o no miente…

SEMANA: ¿Lo dicen los fallos?

L.A.: Digamos que es un elemento que les corresponde a los jueces en el ámbito del desacato. Tengo que decir que ha habido casos en los cuales el juez de tutela, en este caso el Consejo de Estado, ha estimado que ha desatendido y en otros casos que sí ha cumplido, de manera que ese es el equilibrio en la decisión. No hay ningún asomo distinto a que si se emite un fallo de tutela con precisión, como el caso del consejo de ministros, que se decidió que no podían ir más por los canales privados, no queda sino cumplirlo.

SEMANA: Los jueces emiten decisiones en derecho, pero hay reacciones políticas. En el caso de las Cortes, cercaron a la Suprema por tardar en elegir a la fiscal. Están decidiendo sobre la pensional y convocan movilizaciones para presionar a la Constitucional. En el tema de los consejos de gobierno, hablan de censura. ¿Cómo maneja esa presión política?

L.A.: Las movilizaciones sociales son para presionar de alguna manera una decisión. Uno las entiende en el ámbito de un ejercicio presidencial, en el que el estilo de gobierno es apelar a las calles y a la popularidad que pueda tener en un momento el presidente. Eso no tiene un efecto distinto a que hay una expresión social que puede ser a favor o puede ser en contra. Los jueces debemos tener la capacidad de decidir sin presiones y no puede doblegarse la Rama Judicial. No hay una posibilidad de quebrantar la autonomía del juez, porque el día que eso ocurra acabamos de desquiciar el Estado. Los ejemplos que señala han sido momentos críticos, difíciles, pero la Rama Judicial no se deja presionar. Esta jurisdicción es, ni más ni menos, el muro de contención a los excesos de poder, y nosotros no vamos a renunciar a seguir cumpliendo la función que venimos desarrollando.

SEMANA: Dijo usted que el presidente Petro se la pasa “descalificando permanentemente” a la Rama Judicial.

L.A.: No le hace bien al sistema político, al principio de separación de poderes, que un presidente descalifique descomedidamente a la Rama Judicial. Como tampoco le hacen bien ciertas expresiones frente al Congreso y, particularmente, a quien regenta la cabeza del Congreso. Eso degrada la dignidad presidencial y pone en vilo los ámbitos que tiene cada órgano que representa las ramas del poder público. La colaboración armónica es lo que reseña el artículo de la carta, los órganos del Estado tienen que dialogar en un momento.

SEMANA: ¿Cree que existe riesgo en la posibilidad de que la Corte Constitucional sea cooptada por un sector político cercano al presidente?

L.A.: No lo veo de esa manera. Primero, porque el presidente tiene, por supuesto, la posibilidad de postular unas ternas, pero también la tiene la Corte Suprema y la tiene el Consejo de Estado. Recientemente, se eligió un magistrado de la Corte Constitucional, tengo que decirlo, con la mayor transparencia. De manera que yo lo que veo es que no hay ese riesgo de cooptación en la medida en que hay una conformación que permite que haya un equilibrio también de selecciones de magistrados de alta corte, en este caso de la Corte Constitucional.