Exclusivo: Andrea Ramírez, asesora del Ministerio de Hacienda, rompió su silencio en la Corte de Suprema de Justicia y reveló que existe una “matriz” con contratos y congresistas

Andrea Ramírez, asesora del Ministerio de Hacienda, es una ficha clave en el escándalo por la corrupción que se tomó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La funcionaria rindió una explosiva declaración ante el magistrado de la Corte Suprema Misael Rodríguez, el pasado 6 de diciembre, en la que reveló la existencia de una “matriz” con proyectos de inversión regional asignados a congresistas.

Lo dicho por Ramírez confirmaría el oscuro canje entre los congresistas y el Gobierno Petro: la asignación de millonarios proyectos de infraestructura a cambio de votos y respaldo. Incluso, ella relató presiones de senadores y representantes a la Cámara por el avance de estos contratos, tal como ocurrió con el saqueo a la UNGRD.

Cuando estalló el escándalo de corrupción en la UNGRD, Ramírez estaba de licencia de maternidad y su cargo fue asumido temporalmente por María Alejandra Benavides, quien, como reveló SEMANA, confirmó que se encargó de coordinar los contratos entregados a congresistas de la Comisión de Crédito Público a cambio de que votaran a favor de los préstamos de la nación con la banca internacional.

Antes de tomar la licencia de maternidad, según confirmó Andrea Ramírez en su declaración, le envió desde su correo electrónico a María Alejandra Benavides “un listado de proyectos de vías de los congresistas (...) En el Ministerio (de Hacienda) usualmente los congresistas van y me consultan sobre estados de proyectos de inversión regional. La mayoría fueron los de las comisiones económicas”.

Esta declaración corroboraría el voraz interés de algunos congresistas en los proyectos de infraestructura y por los cuales, como contó María Alejandra Benavides, condicionaban los votos en el Congreso.

Pero el asunto es más complejo y desbordaría lo ocurrido en la UNGRD. La declaración de Ramírez deja claro que, presuntamente, hubo intereses en proyectos viales y compromisos con otras carteras, y que incluso, supuestamente, el entonces ministro Ricardo Bonilla ayudaba a tramitar con sus colegas de gabinete.

“Los incluyo en una matriz porque los que nos hicieron las consultas de vías, la mayoría de todo lo que fue de vías (sic), fueron los congresistas de las comisiones económicas, que son con los que nosotros tenemos relación directa. Ellos nos llevan proyectos de inversión regional (...) preguntan por acueductos, por proyectos agrícolas. Lo que yo hago es decirle ‘ministro, me están preguntando por este proyecto en tal lugar’”.

Incluso, Andrea Ramírez dejó claro que son temas que se hablan al calor de las discusiones en el Congreso: “Los congresistas nos los preguntan en un debate o cuando van a una cita con el ministro. Le preguntan: ‘Ministro, ¿usted sabe si en este proyecto de inversión regional hay alguna forma de que podamos hacer que el ministro de Agricultura pueda priorizarlo, entre sus cosas? ¿Usted sabe si de pronto está priorizado, si está viabilizado?’. Nosotros siempre respondemos”.

La asesora del Ministerio de Hacienda explicó que esa matriz contiene los proyectos que los congresistas van pidiendo: “Ellos usualmente me dan el radicado para que, cuando uno pregunte en la otra entidad, podamos ubicarlo, el nombre del proyecto y el valor del proyecto. Y en muchos casos, cuando ya habíamos averiguado (...) si de pronto el proyecto ya había salido o no había salido”.

Lo que Ramírez explica es un modelo idéntico al que se estableció en la UNGRD, donde, como ha ratificado su exdirector Olmedo López, había una lista de proyectos, en ese caso, por 92.000 millones de pesos, que fueron asignados a congresistas de la Comisión de Crédito Público en sus regiones: la Costa Caribe, Antioquia y Arauca.

Benavides reemplazó a Ramírez entre el 3 de septiembre de 2023 hasta el 11 de marzo de 2024, tiempo en que se tomó una licencia de maternidad y dos periodos de vacaciones. Por eso, en su declaración, se mostró extrañamente desentendida del escándalo que ocupaba los titulares de prensa por la corrupción en la UNGRD y la entrega de contratos a los congresistas.

“Cuando yo regresé, efectivamente ella me comentó que sí habían preguntado los congresistas por unos proyectos de inversión regional en la Unidad de Riesgo (UNGRD), y asimismo, ella me dice que los funcionarios que estaban en la Unidad ya no están y entiendo que había un escándalo”, afirmó Ramírez.

La asesora explicó en su testimonio que esa “matriz” de proyectos regresó a su poder en una USB que le entregó María Alejandra Benavides, cuando decidió renunciar al Gobierno en medio del escándalo que hoy la tiene en medio de una investigación en la Fiscalía.

“Yo le pedí que me esperara para que hiciera el empalme en el Ministerio de Hacienda, ella me dijo que no podía, que porque ya tenía que empezar en su nuevo trabajo. Yo siempre le pregunté que por qué se iba, porque en el Ministerio ella quería hacer lo mismo que yo hice, que era irse con un crédito condonable al exterior. Me dijo que igual se iba”, le manifestó Andrea Ramírez al magistrado Misael Rodríguez.

En ese testimonio también se conocieron varios detalles hasta ahora desconocidos de la extraña desaparición del computador de María Alejandra Benavides, justo cuando Olmedo López testificó ante la Corte Suprema y ella fue salpicada en el escándalo como la encargada de gestionar los contratos para los congresistas de la Comisión de Crédito Público.

“Lo que yo sé es que el computador se lo recibe Nicolás Rincón, como todo el inventario que ella tenía, no solo el computador, sino todo. Lo recibe Nicolás Rincón, que es otra persona que forma parte del despacho del ministro (...) Un día, Nicolás decidió hacer inventario de las cosas de él y se dio cuenta de que el computador que él tenía a cargo ya no estaba. Ellos aseguran que siempre estuvo el computador ahí, que lo pusieron ahí, dejaron ahí todas las cosas de ella y que un día desapareció”, relató Ramírez sobre lo que es una pieza clave de la investigación de la que no hay rastro.

Andrea Ramírez incluso se refirió a otro polémico intermediario, que aparece en múltiples escándalos y que, como reveló SEMANA, ya declaró en la Corte Suprema con una estrategia de negarlo todo. Se trata de Jaime Ramírez Cobo, el mismo que, según los chats revelados por Sneyder Pinilla, trabajaba hombro a hombro con María Alejandra Benavides acelerando los contratos que desde la UNGRD fueron entregados a la Comisión de Crédito Público. Ramírez Cobo, en su momento, fue el padrino de matrimonio de Laura Sarabia, hoy directora del Dapre.

“Yo trabajaba con Jaime el tema de enlace con el Congreso. Recuerdo mucho que cuando estuvimos en el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, él estuvo muy pendiente de que los artículos que el presidente estaba muy interesado en defender no se fueran a modificar y cómo se querían modificar”, explicó la asesora Ramírez.

Durante su declaración, ella trató de mostrarse ajena a todo el escándalo que se dio por el saqueo a la UNGRD, amparada en su licencia de maternidad y los periodos de vacaciones que tomó. Sin embargo, lo que asegura es radicalmente diferente a lo dicho ante la Fiscalía por su reemplazo, la exasesora Benavides. En audios revelados por SEMANA se escucha cómo tenían reuniones frecuentes y se menciona hasta la vacuna que tuvo que inyectarse Benavides para poder visitar a Ramírez en su apartamento cuando acababa de ser mamá.

“De esas vacunas para darles a los recién nacidos, para que yo pueda seguir yendo a la casa de ella o hablar con ella, a hablar con ella de esos temas. Ella no quiere soltar la oficina porque es que lleva años allí, años, no les digo, ella (…) tenía un asesor 18 y en el Ministerio de Hacienda solo existen tres asesores 18”, se escucha en el audio que reveló este medio.

Julián Peinado, representante a la Cámara del Partido Liberal, contrainterrogó a Ramírez durante la diligencia y le preguntó si las comisiones de Crédito Público son técnicas o políticas, a lo que ella respondió: “Son combinadas, porque claramente, pues, el tema técnico de plazos, el crédito, la tasa, la comisión, esto es un tema técnico, pero a ustedes, a los congresistas, siempre les ha importado si llega a sus regiones”. Esto mostraría el interés de los congresistas sobre las zonas en donde se van a ejecutar los contratos, tal como ocurrió con la UNGRD.

La declaración de Andrea Ramírez, que trató de presentar todo como un asunto natural de transacciones, consultas y reclamos de los congresistas por proyectos y contratos, en realidad estaría destapando un grave escándalo. En el Gobierno habría una lista completa de congresistas con proyectos asignados a cambio de votos. Ese listado, sin embargo, se habría esfumado con la misteriosa desaparición del computador de María Alejandra Benavides.