JUSTICIA
Exclusivo: Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, salpicado en el escándalo de la UNGRD. Pedro Rodríguez lo vinculó
Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, fue salpicado por el exasesor jurídico de la UNGRD Pedro Rodríguez en el entramado de corrupción en esa entidad.
Uno de los escándalos más grandes del Gobierno de Gustavo Petro es el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Cuando se empezaron a destapar las cartas de este entramado criminal surgieron también los nombres de los funcionarios involucrados, entre ellos, el del hoy embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien además ya puso su nombre sobre la mesa para reemplazar a Petro en la Casa de Nariño por una coalición de izquierda.
SEMANA reveló en su momento unos chats que comprometían a Romero con los hechos, y la respuesta del hoy diplomático fue que “tenían huevo” al tratar de involucrarlo con el robo de recursos de la UNGRD. Durante meses, su nombre pasó de agache, pero acaba de ser salpicado por uno de los implicados que, al verse acorralado, aceptó contarle todo a la justicia y apuntó contra él.
Este medio conoció los detalles de la matriz de colaboración de Pedro Rodríguez, quien era el asesor jurídico de la dirección de la UNGRD y, al parecer, el encargado de estructurar toda la matriz de corrupción para sacar el dinero de la entidad y ponerlo en las manos de los congresistas. Rodríguez ya prendió el ventilador en busca de un principio de oportunidad.
Durante varias horas de declaraciones, y con la advertencia de la Fiscalía, donde le hicieron saber que tenían armado el rompecabezas con pruebas contra él y que la única manera de obtener beneficios era aportar información cierta y novedosa sobre el saqueo de la entidad, Rodríguez se destapó.
Lo más leído
En ese momento empezó a armar su matriz de colaboración, en la que Camilo Romero encabezó la lista. El exasesor de la UNGRD dijo que tiene pruebas de cómo el también exgobernador de Nariño estaría implicado en el escándalo. Aunque los detalles sobre la presunta participación de Romero en el saqueo de la UNGRD solo serán revelados en una audiencia, es claro que la información y las pruebas en contra del embajador serán determinantes para que la Fiscalía presente un principio de oportunidad y un juez lo avale.
La relación y cercanía de Romero y Rodríguez se hizo notoria en los chats publicados por SEMANA. En su momento, Romero le envió la hoja de vida de Rodríguez a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, hoy detenido en una guarnición militar.
Romero y Rodríguez son conocidos de vieja data. La Fiscalía tiene identificado que también fueron equipo cuando Romero fue gobernador de Nariño. En esos años, Rodríguez fue el jefe de la oficina jurídica de la Gobernación. Esa información fue verificada por SEMANA en la hoja de vida publicada por Rodríguez, y en la que señala que ocupó ese cargo entre el primero de enero de 2016 y el 4 de febrero de 2019. Además, en medio de las conversaciones con la Fiscalía, surgió un tema que enreda aún más la situación jurídica de Romero. Según pudo establecer SEMANA, el exasesor de la UNGRD y exjefe jurídico de la Gobernación de Nariño también colaborará con un caso diferente que investiga la Fiscalía, pero que es llevado por la Corte Suprema de Justicia: el proceso en el que Romero está acusado por presuntas irregularidades en la licitación para una venta millonaria de aguardiente. Rodríguez dijo que será testigo en este proceso y acudirá al juicio.
El asesor jurídico de la UNGRD, quien, según las investigaciones, habría recibido 1.000 millones de pesos por su gestión ilícita en el saqueo de la entidad, se comprometió a devolver ese dinero, incluso ya hizo una consignación por 500 millones de pesos y solicitó un plazo de dos años para la devolución de los otros 500 millones. Como garantía, firmó un pagaré y respaldó la deuda con un lote que tiene en Tabio como garantía, y que está avaluado en 950 millones de pesos.
Rodríguez, en su matriz, también dio más nombres de personas de las entrañas de la UNGRD, funcionarios y particulares, quienes también habrían sacado tajada de los contratos.
El exasesor está pendiente de la resolución del principio de oportunidad que se dio en razón de la negociación entre procesado, defensa y Fiscalía, para avanzar en lo que será una nueva línea de investigación.
Rodríguez, quien se encuentra detenido en La Picota, pidió, como contraprestación y por seguridad, su traslado a la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, donde tiene todo su núcleo familiar.
En medio del principio de oportunidad que busca concretar por su colaboración, busca que le sean retirados los delitos de celebración indebida de contratos y falsedad ideológica, y que el proceso continúe con los cargos ya aceptados de concierto para delinquir y peculado.
En el documento del preacuerdo, Rodríguez se comprometió a pagar cuatro años de prisión y reconoció su participación en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Por el monto de la pena, rápidamente sería enviado a su casa al terminar de cumplir la condena.
El caso de los congresistas
En la Corte Suprema también avanza la investigación contra los congresistas de la Comisión de Crédito Público que habrían recibido multimillonarios contratos a cambio de votar de manera favorable los empréstitos que requería la nación.
SEMANA conoció que la Corte ordenó realizar un estudio del palacio presidencial. “Para elaborar un plano topográfico de referencia de entradas, salidas, corredores, salas de espera, salas de reunión, disposición de las cámaras del circuito de videovigilancia, oficinas y demás espacios relevantes para la presente investigación de la Casa de Nariño”, se lee en un documento firmado por el magistrado Misael Rodríguez. Se aclara que “no se tendrán en cuenta los espacios destinados a la vida privada de los residentes de la Casa de Nariño”.
El mismo levantamiento topográfico fue realizado en el Ministerio de Hacienda, uno de los lugares en los que Olmedo López ha afirmado que le dieron las órdenes para tranzar con los congresistas de la Comisión de Crédito Público.
El documento, elaborado por la policía judicial para el magistrado Rodríguez, detalla cada espacio del Ministerio, desde el ingreso hasta la misma oficina del entonces ministro Ricardo Bonilla, de sus viceministros, las cámaras de seguridad de la sala de espera del ministro y de la secretaría del despacho. Incluso fue tomada la información de la cámara de seguridad de quien ejercía como enlace del Congreso, que para el momento de los hechos era María Alejandra Benavides.
En uno de los múltiples planos y reconstrucción a escala del Ministerio se detalla la “vista en planta de manera general de las instalaciones del tercer piso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se graficó el recorrido y los lugares donde ingresó el investigado”.
De este modo, además de los testimonios, pruebas, acuerdos de colaboración con la justicia, la Corte Suprema tiene el detalle y planos de la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda para contrastar con las versiones y descripciones hechas en especial por Olmedo López, de los lugares donde se realizaron los “cónclaves” y donde recibió las órdenes corruptas que hoy lo tienen detenido.
