Exclusivo: el “cartel de los depósitos judiciales”. Funcionarios y hasta jueces están salpicados en red de corrupción que se habría robado más de 4.000 millones de pesos

Una descarada red de corrupción se gestó en los despachos judiciales de Bogotá, justamente donde están los encargados de garantizar justicia a los ciudadanos. Los funcionarios convirtieron las montañas de expedientes y el rezago del tiempo en un negocio millonario que por décadas estuvo oculto de las autoridades. Esta es la historia del cartel de los depósitos judiciales.

Una grotesca escena en los juzgados civiles de Bogotá, que algunos sindicatos convirtieron en linchamiento público en contra de un juez, terminó destapando un vergonzoso caso. Los sindicatos cuestionaron a un juez, en medio de rechiflas que difundieron en video, por despedir al secretario del despacho.

“Abajo el acoso laboral”, gritaban, mientras perseguían al juez por los pasillos del edificio Hernando Morales, en el centro de la capital. La verdadera historia está en un expediente de la Fiscalía, en varias denuncias y compulsas de copias en la Comisión de Disciplina Judicial. El funcionario despedido, que tan vehemente defendieron los sindicatos, es investigado y está a las puertas de un juicio por corrupción.

Se trata del cartel de los depósitos judiciales, una trampa a los ciudadanos, a los procesos y a la propia Justicia. Más de 4.000 millones de pesos, en menos de tres años, que estaban guardados en los famosos depósitos judiciales terminaron en los bolsillos de funcionarios que lograron hacerles conejo a los usuarios y a la ley. Falsificaron poderes, suplantaron huellas y se metieron en el sistema para manipular la entrega de esos depósitos.

La operación

Cada juzgado tiene en el Banco Agrario una cuenta a la que llegan embargos y retención de dineros en medio de los procesos civiles, que se convierten, justamente, en los llamados depósitos judiciales. Al final de cada proceso, la persona que gana se queda con ese depósito.

El asunto es que no todos se acuerdan de cobrar ese dinero o se mueren esperando justicia y es ahí cuando el cartel de los depósitos judiciales entra en acción. La investigación de la Fiscalía coincidió con una auditoría de la Rama Judicial. Ambas determinaron que la red corrupta, en los juzgados implicados, identificaba depósitos judiciales vencidos que los afectados habían olvidado reclamar. Luego los incluían en un listado que servía de base para su fraude: los cobraban y se repartían el dinero.

“Se estableció que las órdenes de pago de los depósitos no tuvieron como destinatarios a las personas autorizadas dentro del proceso. Así las cosas, se consideran como cobros irregulares, toda vez que los que efectuaron el cobro no se encuentran vinculados al proceso, ni facultados por las partes para realizar el respectivo cobro”, señala la auditoría.

Los funcionarios investigados falsificaban las firmas y poderes de los dueños de esos depósitos. Suplantaron las huellas, elaboraron falsas autorizaciones y ellos mismos ordenaron el desembolso de los recursos a un tercero, un particular que prestaba su nombre, para llevar la orden de pago del juzgado hasta el Banco Agrario y así reclamar el dinero.

De esta forma, más de 400 depósitos judiciales, de diferentes juzgados civiles en Bogotá, fueron cobrados de manera irregular. Los funcionarios investigados, algunos formalmente acusados por la Fiscalía, se encargaban de meterse al sistema de los juzgados y manipular los expedientes para darles vida a los depósitos vencidos con procesos activos y autorizar el desembolso de los recursos.

“Se determinó omisión por parte del secretario del Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, en el deber de mantener la reserva de las claves de acceso al portal transaccional del Banco Agrario”, señala el reporte de la Rama Judicial con el listado de irregularidades detectadas.

La auditoría de la Rama Judicial se remite a un par de años, pero SEMANA conoció denuncias de jueces que se remontan a 2007, casi un cuarto de siglo con una herencia corrupta y donde la víctima es la misma justicia. Un funcionario, que se convirtió en testigo de este multimillonario robo en las entrañas de los juzgados, reveló detalles de la historia corrupta.

Preguntado: ¿Por qué lo sabe?

Respuesta: Porque a él le daban un porcentaje y a mí también.

Preguntado: ¿Quién le daba ese porcentaje?

Respuesta: O sea, digamos que estaba el valor y todos cogían un porcentaje sobre ese valor. Por eso le digo, el señor secretario Humberto Almonacid, Jonathan Pérez, Andrés Sua y Senén Torres.

Cuando la Fiscalía hizo un análisis, descubrió que funcionarios de despachos judiciales, con sueldos que no superan los 8 millones de pesos, tenían ingresos mensuales por más de 70 millones. Además, los jueces que denunciaron las irregularidades fueron amenazados y señalados de acoso laboral.

La investigación

Una ciudadana que se acordó de un proceso en el que su padre fallecido era el beneficiario de los depósitos judiciales se acercó al juzgado para reclamarlo, pero le advirtieron que ya lo habían entregado. En otras palabras, su padre, con varios meses de muerto, firmó la autorización. La mujer denunció y arrancó una investigación.

La Fiscalía en la seccional de Bogotá logró determinar de qué forma los funcionarios de los despachos cuestionados diseñaron una estrategia criminal en la que dividieron funciones y se repartían las ganancias criminales. Un concierto para delinquir que se convirtió en una imputación y una acusación.

Mientras unos se encargaban de identificar los depósitos judiciales prescritos, que nadie reclamó, otros falsificaron los poderes y redactaron las órdenes de pago, que finalmente ellos mismos autorizaron. Lo demás era buscar a particulares que, a cambio de un porcentaje, prestaran su nombre para convertirse en los herederos de esos depósitos.

No fue tan simple llegar a los responsables de este contubernio judicial. Muchas pruebas, documentos, soportes y órdenes de pago desaparecieron de los juzgados, incluso las notificaciones por correo electrónico se enviaron a los jueces. Los implicados trataron de borrar la evidencia, pero la Fiscalía la recuperó en los archivos del Banco Agrario.

Numerosas órdenes de pago tenían firmas falsificadas y huellas duplicadas, es decir, el funcionario corrupto estampaba el mismo dedo en un solo documento. Ridículo, pero cierto. El ente acusador compulsó copias y media docena de personas están acusadas, entre ellos el funcionario que alegaba acoso laboral.

Son varias las investigaciones en poder de la Fiscalía, y la lista de juzgados salpicados crece conforme se hacen las inspecciones.

La Contraloría también fue notificada, pero la Rama Judicial, que tuvo conocimiento de estos hechos, se mantiene al margen del proceso penal, en lugar de constituirse como víctima.

La Comisión de Disciplina Judicial confirmó más de cuatro investigaciones y una persona condenada. La cuantía de lo hurtado por el cartel de los depósitos judiciales es incalculable, así como el tiempo que llevaba delinquiendo. El multimillonario robo a la Justicia y a los ciudadanos que confiaron en esa Justicia se convirtió en la derrota y la vergüenza del sistema.