Exclusivo: esta es la acusación de la Fiscalía contra el exdirector del DAS Andrés Peñate por seguimientos al entonces senador Gustavo Petro

En voz baja, la fiscalía ha venido desempolvando uno de los expedientes más espinosos de la justicia en Colombia. Se trata del de las chuzadas y seguimientos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a políticos de oposición, magistrados y periodistas durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe. La investigación va a velocidad de crucero, a tal punto que uno de los protagonistas, Andrés Peñate, exdirector de la entidad, ya tiene fecha de juicio por el delito de concierto para delinquir agravado.

SEMANA revela el durísimo escrito de acusación, de 171 páginas, que ya fue presentado ante un juez y con el que se busca una condena contra Peñate. En esta investigación, que lleva más de un año, fueron llamados nuevamente a declarar los exfuncionarios del DAS, excompañeros de Peñate, y lo salpicaron por su gestión entre el 26 de octubre de 2005 y el 29 de agosto de 2007, como director de la entidad.

El señalamiento contra Peñate es grave y así lee en el documento que revela en exclusiva SEMANA: “Se puede afirmar con probabilidad de verdad que el imputado Peñate Giraldo es autor del delito de concierto para delinquir agravado (...) por haber dirigido la conducta contra servidores públicos, los magistrados de la Corte, los excongresistas, con ocasión a sus funciones e investidura”.

“Empresa criminal”

El extenso documento, en el que se recopilan además todas las pruebas contra Peñate, es claro al señalarlo como parte de una “empresa criminal que estableció objetivos estratégicos que se desarrollaron hasta el año 2008, atendiendo requerimientos específicos provenientes de funcionarios de la Presidencia de la República”.

El texto reseña a las víctimas y la responsabilidad supuestamente criminal de Peñate. “Activó el ciclo de inteligencia con motivos y métodos ilegítimos en la ejecución de acciones de inteligencia con intereses particulares, contra la Corte Suprema de Justicia, sus magistrados, los congresistas Piedad Esneda Córdoba Ruiz y Gustavo Francisco Petro Urrego”, advierte la Fiscalía.

“No estando dichas actividades enmarcadas dentro de los objetivos misionales del DAS, tampoco afectaban la gobernabilidad ni la seguridad nacional, siendo catalogados como ‘blancos políticos’, en la época en que los magistrados instruían procesos penales contra excongresistas por lo que se denominó como la ‘parapolítica’”, se lee en el escrito de acusación.

Justamente, sobre el presidente Petro, para ese entonces uno de los senadores más reconocidos de la oposición, reseña el escrito: “Peñate ordenó seguimientos a los desplazamientos públicos y privados dentro y fuera del país e inteligencia contra el exsenador Gustavo Francisco Petro Urrego, y se cancelaron dineros a fuentes humanas por la obtención de información, estando al tanto de aquellas fuentes y los recursos de financiamiento de su campaña en mayo de 2006, actividad que se prolongó hasta el año 2008”.

El documento señala cómo era que supuestamente operaba esta “empresa criminal” y sus protagonistas. Algunos de ellos ahora son testigos.

“Peñate Giraldo, de manera permanente y sistemática, acordó con sus subalternos María del Pilar Hurtado Afanador, exsubdirectora; William Gabriel Romero Sánchez, exsubdirector de Fuentes Humanas; Jorge Alberto Lagos León, exsubdirector de Contrainteligencia; Martha Inés Leal Llanos, exdirectora general de Inteligencia (e) y exsubdirectora de Operaciones; Gustavo Sierra Prieto, exsubdirector de Análisis; Fernando Alonso Tabares Molina, exdirector general de Inteligencia, la recolección de información a través de órdenes verbales y misiones de trabajo utilizando fachadas que generaron la utilización de recursos humanos, técnicos, económicos, compartiendo en reuniones los resultados logrados por los funcionarios adscritos a cada dependencia en cuanto a la tarea y rol de acuerdo con sus funciones y posterior entrega de la información reservada a la Presidencia”.

La Fiscalía reitera que uno de los objetivos del DAS en la época de las chuzadas era hacerles seguimientos a los magistrados de la Corte Suprema, que para ese entonces investigaban la parapolítica, que llevó más de 40 congresistas a la cárcel y que contó con un capítulo especial, y hoy vale la pena recordar. La infiltración de Alba Luz Flórez, conocida como la Mata Hari, quien incluso metió grabadoras a las salas de la Corte.

Sobre este tema, también pone la lupa la dura acusación: “Desde el año 2006, Peñate Giraldo ordenó la obtención de información de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; en marzo de 2007 adoptó con Romero Sánchez y ordenó la operación secreta denominada plan de trabajo ‘escalera’, que consistió en expedición de misiones que llevaron a penetrar al alto tribunal, siendo reclutados e inscritos empleados de la misma Corte como fuentes humanas hasta el mes de mayo de 2009”.

Y agrega: “Utilizando recursos públicos en gastos administrativos y operativos por la obtención de actuaciones penales, registros en audio como resultado de las grabadoras que fueron instaladas en el interior de la Sala de Casación Penal y la Sala Plena de la Corte, donde se grabaron sesiones y discusiones que eran reservadas; la información fue incorporada en informes de inteligencia, transliterada y valorada en documentos de gastos reservados en el DAS, con el aparente viso de legalidad que recubrió el acopio y el pago por la información a través de una fachada que se originó de otro blanco misional”.

El documento hace énfasis en las labores de inteligencia, las órdenes y varios de los protagonistas, hoy condenados, como el exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno. En ese sentido, se menciona un desayuno, el 12 de septiembre de 2007, en el Club Metropolitan. Al parecer, Moreno citó a la nueva directora del DAS en ese momento, María del Pilar Hurtado Afanador, “a quien le informó el interés de que el DAS lo mantuviera informado”, según el escrito de acusación.

Ya Peñate tiene cita para el inicio de su juicio el 23 de julio, a las ocho de la mañana, pero lo que sí es claro, y así lo concluye la Fiscalía en el escrito de acusación, es que “las actividades realizadas por el señor Peñate Giraldo no correspondían a legítimas labores de inteligencia justificadas en razones de seguridad nacional, tampoco fueron dispuestas por autoridad judicial competente en desarrollo del ejercicio de funciones de policía judicial, o en la de prevenir, identificar, neutralizar o contrarrestar la acción de agentes hostiles”.

Peñate fue investigado, pasó por seis fiscales y la justicia nunca encontró mérito para investigarlo formalmente. Él ha reiterado en diferentes escenarios su inocencia. Hoy, 20 años después, reviven las chuzadas del DAS.