Exclusivo: estos son los movimientos sospechosos de dinero de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD

Uno de los protagonistas del sonado escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es Carlos Ramón González, exintegrante del M-19 y uno de los hombres de confianza de Gustavo Petro. El presidente lo puso inicialmente al mando de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y luego del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Pese a ser mencionado en medio de la trama que derivó en el saqueo de la UNGRD, González, hasta ahora, no ha sido imputado. Sin embargo, esta semana, la Fiscalía, en una audiencia reservada en el Tribunal de Bogotá, presentó parte del arsenal jurídico que ha recogido en su contra y las revelaciones son impactantes.

SEMANA tiene en su poder pruebas contundentes contra González, entre ellas un detallado informe de la Fiscalía, con información contable de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) del pasado 17 de marzo, que plantea serias dudas sobre movimientos bancarios millonarios y sospechosos que lo pondrán a dar explicaciones ante la Justicia.

Asimismo, los investigadores analizaron sus comunicaciones, el pago de los impuestos, los reportes a la Dian, a través de las fotoceldas de su teléfono celular y los movimientos migratorios. La fiscal Luz Adriana Camargo firmó una resolución en la que asignó un fiscal especial para el caso.

En efectivo

De Carlos Ramón González se ha dicho que es un hombre adinerado, de bajo perfil ante la opinión pública y al que le gustan los negocios. De hecho, de su propio presupuesto prestó dinero para la campaña presidencial de Petro.

En su declaración de renta correspondiente a 2021, reportó ante la Dian un patrimonio bruto por 12.508 millones de pesos y 18 bienes inmuebles ubicados en Bogotá, Girón, en Santander, y San Francisco y Sopó, en Cundinamarca.

En una investigación de inteligencia financiera, la Uiaf reportó lo que sería una auténtica danza de los millones anormal para una persona natural mediante el registro de transacciones en efectivo entre el primero de enero de 2019 y el 3 de septiembre de 2024. En total, son 22 movimientos en efectivo en el sistema financiero que causaron sospechas, y el banco los reportó ante la Uiaf, pues no está claro el origen de los recursos.

SEMANA consultó a un experto en inteligencia financiera sobre estas transacciones, le compartió el documento de la Uiaf sobre las movidas de González y la conclusión fue tajante: “Su comportamiento financiero es atípico para su perfil (...) El salario que recibe como servidor público está lejos de los movimientos bancarios que registra”.

El llamado Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) empieza con un retiro de 30 millones de pesos el 27 de mayo de 2019, desde la cuenta de la empresa Dansgold SAS, cuyo representante legal suplente es el propio González. Ese movimiento le generó dudas a la entidad bancaria. En ese sentido, parte del dinero que González le aportó a la campaña de Petro en 2022 tuvo como origen dicha sociedad, matriculada en Bogotá y cuya actividad económica está relacionada con el sector inmobiliario.

Hay otra transacción que llama poderosamente la atención. Fue realizada el 31 de octubre de 2019. Se trata de un depósito por 341 millones de pesos a su cuenta corriente. Como su origen resulta injustificable, el banco reportó dicha transacción a la Uiaf.

En las fiestas de fin de año de 2019, concretamente el 9 de diciembre, González hizo dos depósitos, cada uno por 100 millones de pesos, con destino a su fondo de pensiones voluntarias. Meses después, el 17 de septiembre de 2020, nuevamente consignó más de 44 millones de pesos con destino, de nuevo, al fondo de pensiones voluntarias. Se trata de un ahorro individual que no tiene relación con los aportes obligatorios.

Ya en 2022, en medio del fragor electoral, hay dos transacciones por montos elevados, y en días consecutivos, que resultaron sospechosas. Se trata de dos retiros, el primero efectuado el 10 de marzo, por 150 millones de pesos, y el segundo, el día después, 11 de marzo, por 100 millones de pesos. Dichas operaciones bancarias se efectuaron pocos días antes de las elecciones legislativas de 2022, realizadas el 13 de marzo de ese año.

Pero no solo eso. El 9 de diciembre de 2022, según los documentos en poder de SEMANA, hay una transacción que encendió las alarmas por su elevado monto. Según los reportes de la Uiaf, González retiró 1.286.424.330 pesos de un CDT, que de inmediato volvió a reinvertir en otro CDT.

Según el experto consultado por este medio, podría tratarse de un dinero de González que, para obtener rendimientos, era reinvertido en CDT. Así quedaría en evidencia con otras tres millonarias transacciones realizadas en un solo día, el 9 de marzo de 2023, cuando se depositaron y retiraron 1.364.148.797 pesos.

En otras transacciones sospechosas, hay retiros de CDT por más de 126 millones de pesos entre julio y septiembre del mismo año. El 2 de enero de 2024, hay un pago a su tarjeta de crédito por más de 20 millones. Meses más tarde, el 18 de marzo de 2024, hay un nuevo depósito a un CDT, esta vez por 88.249.652 pesos. Y el 3 de septiembre de 2024 figura un retiro por más de 16 millones de pesos desde una cuenta corriente, controlada por González, a nombre de Empresa para el Desarrollo Económico.

Las evidencias en contra de González lo podrían llevar ante la Justicia para responder por un supuesto incremento patrimonial por justificar. Presuntamente, se podría configurar un lavado de activos relacionado con corrupción dado el escándalo de la UNGRD. En ese sentido, le corresponderá a los investigadores de la Fiscalía armar este rompecabezas.

Búsqueda selectiva

El informe con el ROS lo elaboró la Uiaf por orden de la Fiscalía. El ente acusador requirió información detallada de transacciones en efectivo, transacciones cambiarias (moneda extranjera), reportes de operaciones sospechosas, giros postales, transacciones notariales y compra y venta de metales. Los ROS son reportados por las áreas de cumplimiento de los bancos, que monitorean las transacciones y avisan cuando las consideran inusuales. En el informe hay tres alertas precisas.

La primera hace referencia a una anotación del 28 de noviembre de 2019 por un valor de 659.374.000 pesos. Luego, se refieren a un depósito en efectivo por 341 millones de pesos, realizado en una sucursal bancaria de un reconocido centro comercial de Bucaramanga, donde González tuvo su centro de operaciones políticas por años. Y, asimismo, una operación con moneda extranjera por 339.300.000, relacionada con un depósito en cuentas en el exterior, en este caso, en Panamá.

El informe de la Uiaf también relaciona información pública sobre entrega de contratos a favor de González para comedores comunitarios en Bogotá durante la administración de Claudia López, y un señalamiento del exsenador John Sudarsky en el que lo acusa de “incitar” al fraude electoral, en noviembre de 2013.

Otra operación sospechosa está fechada el primero de abril de 2020 por 791.786.376 pesos. Según se lee en el informe de la Uiaf, “el valor alertado corresponde a una transferencia realizada en la cuenta de ahorros n.º 514470XXXX por valor de 791.786.376 pesos, la cual corresponde a una transferencia realizada desde Scotia Securities”.

En el informe también se habla del escándalo de corrupción de la UNGRD, al que está ligado González, y se remite a la fecha del 28 de junio de 2024 y a un monto por 54.851.125.939 pesos, que hace referencia a dineros involucrados en esa trama.

Advierte el documento que “se registró un gran número de noticias de prensa negativas por posibles actos de corrupción, el último de estos con la compra de los carrotanques para La Guajira, en los cuales se ven inmersos varios PEP (personas expuestas políticamente), los cuales a la fecha se encuentran vinculados con el Banco y han presentado movimientos transaccionales”.

¿Se ocultó información?

SEMANA conoció que la solicitud de información de la Fiscalía a la Uiaf fue clara y, al parecer, no fue remitida en su totalidad, lo que pone el reflector sobre otro de los escuderos del presidente Gustavo Petro, el actual director de la Dian, Luis Eduardo Llinás, quien para la época era la cabeza de la Uiaf. ¿Se le ocultó información a la Fiscalía?

En la búsqueda selectiva en bases de datos, la Fiscalía solicitó un reporte detallado de las transacciones notariales de González con el fin de establecer si ha habido un aumento no justificado de su patrimonio material. Pese a eso, en el reporte conocido por este medio no aparece relacionada esa información.

El documento reseña un informe parcial de policía judicial, fechado el pasado 12 de marzo, en el cual se plasmaron los resultados obtenidos en el Depósito Centralizado de Valores de Colombia (Deceval). “El señor Carlos Ramón González es titular de una cuenta de depósito de valores. Sin embargo, no registra saldos o anotaciones”, señala el informe.

El hombre del cónclave

Tan pronto estalló el escándalo de corrupción en la UNGRD tras las detalladas confesiones del exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, surgieron varios nombres de altos funcionarios del Gobierno Petro comprometidos presuntamente en las movidas irregulares de dinero y de contratos.

En esa lista figuran la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz (hoy detenida), los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, y Carlos Ramón González, exdirector del Dapre.

En una entrevista con SEMANA, Olmedo López se refirió a un “cónclave”, en alusión a reuniones en la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda, en las que, según su versión, recibía órdenes de superiores para torcer congresistas a cambio de contratos o dinero en efectivo.

Para dar veracidad a su testimonio, López aportó las celdas de su teléfono celular que prueban encuentros con Carlos Ramón González. Por ejemplo, hay una reunión crucial citada por González el 27 de noviembre de 2023, en la Casa de Nariño, en el salón de reuniones del entonces director del Dapre.

A esa cita asistieron, según Olmedo López, Carlos Ramón González y los entonces ministros Ricardo Bonilla, Guillermo Alfonso Jaramillo, Gloria Inés Ramírez y Luis Fernando Velasco. Allí, de acuerdo con López, Velasco habría expuesto cómo eran sus negociaciones con los congresistas para lograr las mayorías necesarias en Senado y Cámara, y así garantizar la aprobación de los proyectos de ley y otros temas de interés del Gobierno Petro.

Justamente, en una audiencia esta semana, en la cual la Fiscalía imputó nuevos delitos a López y Pinilla, quedó en evidencia que el ente acusador tiene certeza de la participación de Carlos Ramón González en el escándalo y citó otras reuniones.

“Entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó contratos por 60.000 millones para Iván Leónidas Name Vásquez y por un poco más de 10.000 millones de pesos para Andrés David Calle Aguas. Contratos que posteriormente se cambiaron por 3.000 millones de pesos en efectivo para Name Vásquez y 1.000 millones de pesos en efectivo para Calle Aguas. Función que fue trasladada por Olmedo López a Sneyder Pinilla para la consecución de los recursos”, señaló la Fiscalía.

El ente acusador también reveló parte de los interrogatorios, en los que se explica cómo el exdirector del Dapre advirtió de unos “compromisos” con los entonces presidentes Iván Name, del Senado, y Andrés Calle, de la Cámara, pues ellos no estaban “caminando” y necesitaban entregarles contratos por más de 70.000 millones de pesos.

González aún no ha sido imputado por ningún delito, pero todo parece indicar que la Fiscalía sigue cada uno de sus pasos. La Resolución 00376, del 28 de agosto de 2024, firmada por la propia fiscal Luz Adriana Camargo, advierte de un proceso particular contra el exdirector del Dapre.

“La fiscal 009 delegada ante la Corte Suprema de Justicia dispuso ruptura de la unidad procesal a fin de que se investiguen por separado los presuntos hechos delictivos realizados por Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), alusivos a posibles instrucciones dadas para entregar recursos públicos a miembros del Congreso de la República de manera ilícita”, se lee en el documento que ahora tiene contra las cuerdas al escudero del presidente Petro.

Debido a su fuero, por ser jefe de departamento para el momento de los hechos, se dispuso que la investigación la asumiera una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

En la investigación, la Fiscalía solicitó el registro detallado de voz, mensajes de voz, mensajes de texto, datos entrantes y salientes de las celdas de las comunicaciones (ubicación) con coordenadas desde el primero de enero de 2023. La empresa de telefonía ya hizo la entrega de la información, que está siendo evaluada para confirmar la ubicación de González en los denominados cónclaves, el intercambio de mensajes con los implicados en esta trama corrupta y la participación del exdirector del Dapre en el saqueo a la UNGRD.

Además de los movimientos financieros, las llamadas, la localización y desplazamientos del exdirector del Dapre, la Fiscalía pidió “consultar si existen cámaras de seguridad en el salón de antesala al consejo de ministros, la oficina del director del Dapre o dependencias cercanas dentro del Palacio de Nariño. En caso afirmativo, obtener copias de los videos correspondientes al periodo 18 de septiembre al 11 de diciembre de 2023, que registren reuniones entre Carlos Ramón González Merchán, Olmedo de Jesús López Martínez, Sandra Liliana Ortiz Nova y otros servidores públicos”.

Mientras hoy se desconoce el paradero de Carlos Ramón González, quien habría salido del país justo cuando resulta inminente el inicio de un proceso formal en su contra, la Fiscalía ya cuenta con el aval de un juez de control de garantías para ir al fondo de la investigación.

Por eso, una de las órdenes de investigación plantea “consultar en Migración Colombia los datos de Carlos Ramón González, incluyendo tipo y número de pasaporte, vigencia y movimientos migratorios desde el primero de enero de 2023 hasta la fecha de solicitud (5 de marzo del 2025). En caso de salida reciente del país, verificar con qué aerolínea y la fecha estimada de regreso”. Llegó la hora de que González le responda al país. Las pruebas en su contra son contundentes.