Exclusivo: policías adscritos a la Presidencia se habrían vestido de celadores para hacerle seguimientos a Marelbys Meza. Esta es la explosiva denuncia

Al despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al del procurador general, Gregorio Eljach, llegó una explosiva denuncia que podría dar un giro a las investigaciones que se adelantan por la prueba de polígrafo y los seguimientos ilegales a los que fue sometida, en enero de 2023, Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera en la residencia de la entonces jefa de gabinete presidencial, la todopoderosa Laura Sarabia.

La denuncia, radicada por un “funcionario de la Presidencia” que prefirió guardar el anonimato y que también llegó a SEMANA, pone en evidencia un hecho de suma gravedad como lo es el supuesto uso del aparato de seguridad de la Casa de Nariño para hacerle seguimientos minuciosos y constantes a Marelbys Meza, quien había sido señalada como sospechosa, sin prueba alguna, de haber hurtado dinero en efectivo de una maleta en la casa de la actual canciller.

“El coronel Dávila conformó un grupo de confianza para llevar a cabo las vigilancias y seguimientos a Marelbys Meza. Para ello, se coordinó con una empresa de seguridad privada, permitiendo que patrulleros de la Presidencia se hicieran pasar por vigilantes en el conjunto residencial de la señora Meza, facilitando así el monitoreo ilegal de sus actividades”, advierte la impactante denuncia.

Resulta especialmente llamativo que en el documento se cite como encargado de coordinar los seguimientos al coronel Óscar Dávila, el mismo que apareció muerto en el barrio Ciudad Salitre de Bogotá, cuando estalló el escándalo de la prueba de poligrafía ilegal y seguimientos a la niñera. Medicina Legal dijo en su momento que el oficial se quitó la vida, pero las dudas se mantienen.

Al momento de su fallecimiento, el mismo coronel Dávila se había acercado por su propia cuenta a la Fiscalía para contar los pormenores de lo ocurrido.

La denuncia es muy grave y agrega un detalle que debe ser tenido en cuenta por las autoridades: “Policías pertenecientes a Presidencia, quienes se hicieron pasar por guardias, estuvieron varios días en el conjunto residencial (donde vivía Marelbys) y actualmente se encuentran en Presidencia. Han manifestado que, de ser contactados por la Fiscalía, confesarán todos los hechos”.

Nunca se supo realmente cuánto fue el dinero que supuestamente fue hurtado a Sarabia. Después de dos años solo se sabe que en un primer momento habló de 4.000 dólares, luego dijo que eran 7.000. Lo que sí es claro es que para “probar” la vinculación de Marelbys Meza con este robo se puso en marcha una estrategia que incluyó la participación de agentes de seguridad adscritos a la Presidencia que crearon una fachada para realizar los seguimientos a Meza, así como la eliminación de todo tipo de evidencias.

En la denuncia se reafirma que tanto Sarabia como el hoy teniente Carlos Feria, exjefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, estuvieron detrás del hostigamiento a Meza. Así también lo confirmaron varios de los policías investigados y hoy condenados.

“Laura Sarabia instruyó al coronel Feria para que se encargara de la investigación del hurto, enfatizando la necesidad de obtener resultados inmediatos. Andrés Parra sugirió realizar seguimientos a Marelbys Meza, proporcionando información al coronel Feria para tal fin”, se lee en el documento.

La autenticidad de la denuncia fue corroborada por una persona que en los últimos años ha estado presente en el entorno del presidente Petro y confirma la información que ha venido revelando SEMANA sobre este escándalo, en el que están involucrados altos mandos de la Policía y funcionarios del Gobierno. La misma Marelbys Meza afirmó que “la orden la dio Laura Sarabia”.

“Se llevaron a cabo reuniones en la oficina de Laura Sarabia, donde participaron los coroneles Feria y Dávila. En estas reuniones, se dieron instrucciones para recuperar el dinero y documentos supuestamente relacionados con la seguridad nacional y el Gobierno de Venezuela”, señala la denuncia de cinco páginas.

Las chuzadas

Uno de los asuntos más delicados de la persecución a Marelbys, su familia y círculo más cercano, fue el llamado regreso de las chuzadas. Los uniformados adscritos a la Presidencia formaron parte de un montaje con el que le impusieron a Meza el alias de la Niñera y la vincularon como auxiliadora del Clan del Golfo para que un juez avalara las interceptaciones.

Nuevamente, el protagonista de esta movida, según el documento, es el fallecido coronel Dávila, para entonces encargado de la oficina de anticipaciones de la Casa de Nariño. “El coronel Dávila gestionó con la Sijín, de Bogotá, bajo la dirección del coronel Luis González Olmos, la interceptación de las comunicaciones de Marelbys Meza y otras personas”, sostiene la denuncia.

Pero el asunto va más allá y pone sobre la mesa las dudas que rodean la muerte del coronel Dávila, tal como lo planteó el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien, al denunciar el intento de infiltración a la campaña del presidente Gustavo Petro por parte del zar del contrabando, Diego Marín, conocido con el alias de Papá Pitufo, sin ambages advirtió: “No estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud”.

En el documento, el “funcionario de la Presidencia” agregó que “tras el fallecimiento del coronel Dávila se realizaron movimientos estratégicos en la Policía para ocultar evidencias relacionadas con las interceptaciones. El coronel Luis González Olmos fue trasladado a la Dijín con el propósito de encubrir las pruebas”.

Altos mandos de la Policía, que tenían una notable cercanía con el teniente Feria y con Laura Sarabia, también fueron designados en cargos estratégicos para que tuvieran el máximo control de toda información sobre este caso.

De agache

En esta parte de la historia aparecen tres nombres relacionados con las chuzadas que hasta el momento no habían sido citados por la justicia y sobre quienes la denuncia pone los reflectores: los coroneles Luis González Olmos y Fabio Mauricio Gallego, y la mayor Sandra de Patrimonio, quienes supuestamente dieron órdenes para eliminar información.

“No se ha señalado que el coronel Luis González Olmos ordenó a la mayor Sandra de Patrimonio la interceptación de las comunicaciones (...) dicha mayor dio instrucciones al capitán Óscar Mojica, quien mantenía una comunicación directa con Laura Sarabia”, agrega el documento conocido por SEMANA.

Para desviar la investigación, señala la denuncia: “Se asignó al coronel Fabio Mauricio Gallego, compañero del coronel Dávila y conocedor de estos actos irregulares, como jefe de la Sijín de Bogotá”. Esto después de que el coronel Villarte se “negara a destruir la evidencia y evitar que la Fiscalía encontrara información relevante durante una inspección”.

Por estos hechos ya fueron sentenciados a diez años de prisión, tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía, el intendente Alfonso Quinchanegua y los patrulleros Dana Canizales y José Sebastián López.

Los tres policías, después de ofrecer excusas públicas, advirtieron que estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. “Era insistente (en referencia al capitán Óscar Mujica) en que se debía hacer o hacer esa interceptación a esos números para obtener esa información porque la orden era de Presidencia, o el caso era de Presidencia”, señaló el intendente Quinchanegua en una audiencia que, por seguridad, se realizó de manera reservada.