Exclusivo: Ricardo Roa y Alberto Vergara se habrían aliado para interceptar a la junta directiva y perseguir a funcionarios en Ecopetrol. Esta es la denuncia

En Ecopetrol, la empresa más importante del país, soplan vientos cruzados. Su presidente, Ricardo Roa, podría salir del cargo en los próximos días por cuenta del más reciente escándalo revelado por SEMANA según el cual se habrían interceptado de forma arbitraria y sin conocimiento de la junta directiva a 70 de los más altos funcionarios de la estatal petrolera.

Para eso, Roa habría encontrado como su aliado a Alberto José Vergara, el polémico director de Cumplimiento, quien sería el encargado del juego sucio por presuntas órdenes del presidente de Ecopetrol.

La Dirección de Cumplimiento es un departamento que debía actuar con autonomía, independencia y transparencia, pero bajo la administración de Roa se habría convertido en una máquina de persecución contra funcionarios de la empresa, entre vicepresidentes, gerentes y hasta tres miembros de la junta directiva, quienes salieron de la compañía en medio de diferencias y quejas sobre el manejo que se le estaba dando a la petrolera.

SEMANA revela en exclusiva detalles inéditos de la cacería de brujas que se desató en la estatal petrolera contra quienes eran considerados contradictores y que terminó impactando las comunicaciones de Luis Alberto Zuleta, Juan José Echavarría y Saúl Kattan.

Es decir, estos tres miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol habrían sido interceptados, al parecer, por los intereses de Roa y Vergara, quien ha sido identificado como el ‘Rasputín’ del presidente de Ecopetrol. Lo preocupante es que en la principal compañía del país habría funcionado una suerte de Gestapo encargada de sacar del camino a las voces críticas.

SEMANA conoció el testimonio de diez funcionarios y exfuncionarios de Ecopetrol, quienes revelaron en detalle y con documentos en mano el polémico actuar de la dupla Roa-Vergara. Uno de los capítulos más oscuros tiene que ver con la junta directiva.

Pese a que las normas son claras y determinan que no pueden ser objeto de investigación por parte de la Dirección de Cumplimiento, algunos de sus integrantes fueron incluidos en una lista bajo el amparo del polémico otrosí por más de 5 millones de dólares que habría sacado de forma irregular Vergara, sin contar con el aval de la junta y que era obligatorio. Era apenas lógico. Vergara no les iba a anunciar a los integrantes de la junta que iba a emprender una presunta operación de espionaje.

Las fuentes señalan que no hay forma de que Vergara hubiera actuado solo. Las órdenes y la información que buscaban recopilar favorecían a Roa y al mismo Vergara, que les hizo seguimientos a buena parte de los funcionarios de su Dirección.

Lo que está pasando en Ecopetrol dejaría en evidencia una especie de oficina paralela que obedece a los intereses de Vergara y que salpica a Roa. Lo más grave es que no se trataría de una nueva forma de operar, pues las primeras interceptaciones se habrían dado a principios de 2024. Lo que empezó como un análisis para conocer el impacto del tema Roa en Estados Unidos terminó sirviendo como un arma para identificar a contradictores, filtradores y hasta perseguir a empleados.

El primer alto ejecutivo enredado en esta red de ‘chuzados’ fue Saúl Kattan, a quien, según la información conocida por SEMANA, le habrían retenido su correo y celular corporativo con el argumento de que “estaba articulándose con otros miembros de junta para sacar a Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol”.

De hecho, a principios del año pasado, el nombre de Kattan sonaba como el posible reemplazo de Roa en la estatal. Eso habría encendido más las alarmas y generado los seguimientos.

“Él (Roa) tenía una costumbre y era contarle a Vergara todo lo de las diligencias del comité de auditoría de junta directiva. Entonces, en varias ocasiones, Alberto José pedía documentos impresos y después le llevaba a Roa personalmente todo en carpeta, de esa forma no dejaba trazabilidad electrónica. Roa fue consciente de las interceptaciones, eso no fue a sus espaldas”, expresó uno de los ejecutivos consultados por SEMANA.

Esa versión tiene lógica, teniendo en cuenta que el comité de auditoría era la instancia encargada de verificar cualquier anomalía de los miembros de la junta directiva. Según las fuentes, Vergara “le llevaba información que alimentaba los intereses de Roa. Eso incluía a vicepresidentes, otros funcionarios de la compañía y los miembros de la junta que identificaban como oposición”.

SEMANA conoció, a través de altas fuentes de la compañía, que los integrantes de junta Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta también fueron vinculados a esa investigación después de que, al parecer, el propio director de Cumplimiento expresó sospechas que los salpicaba con el proyecto CrownRock, una sociedad petrolera en Estados Unidos, y el supuesto pago de una coima.

Finalmente, ese negocio no se dio por orden del presidente Petro, pero el rumor sí sirvió para que otros dos miembros de la junta terminaran siendo objetivo de las interceptaciones.

La situación para Roa no era fácil y tenía enemigos en la casa que aprovechaban el informe de la firma Control Risk que se refería a riesgos para la reputación de la compañía por las investigaciones asociadas a su presidente, como la que avanza en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la posible violación de topes en la campaña de Petro. La Procuraduría ya envió concepto en el que pide sancionar al presidente de Ecopetrol. En ese informe también se alertó: “En todos los escenarios analizados, Ecopetrol se expone a una pluralidad de riesgos de nivel alto y muy alto”.

El análisis llegó hasta la actual pareja del presidente de Ecopetrol, Julián Caicedo, sobre quien se advirtió un posible conflicto de interés o irregularidades por los vínculos que tiene con empresas del sector minero-energético.

Después de eso apareció la firma estadounidense Covington & Burling LLP, que presentó una propuesta que superaba los 800.000 dólares, pero que reducía los costos frente a la oferta de Miller & Chevalier, para revisar los riesgos reputacionales en Estados Unidos que podrían afectar la imagen de la petrolera por las investigaciones a Roa.

Sin embargo, fuentes de la junta de Ecopetrol le confirmaron a SEMANA que Vergara habría sido el encargado de entregar la información necesaria para el estudio. Después de que los abogados de Covington comenzaron a revisar el proceso, se percataron de que les entregaron documentos de manera “parcial” y que el asunto era mucho más complejo. Ahí fue cuando el valor del contrato se incrementó a 5 millones de dólares.

“Los abogados de Covington & Burling hablaron con Alberto (Vergara) para manifestarle que la firma era independiente, y esa era su garantía ante la legislación de Estados Unidos. Pero aparentemente él los quería guiar y ellos no se dejaron porque se percataron de que había muchas más cosas por investigar”, aseguró un exfuncionario de la empresa más importante de Colombia.

La Junta Directiva de Ecopetrol confirmó que desde que empezaron a cotizar en la Bolsa de Nueva York se ha tenido un “sistema de control interno y actividades de diligencia”, pero tanto la junta como el comité de auditoría negaron conocer el otrosí del millonario contrato, que estaba firmado casualmente por el propio Vergara.

Otro integrante de la Junta Directiva de Ecopetrol consultado por este medio manifestó: “Para activar esos sistemas de control interno, hay un protocolo que empieza con una denuncia ética. Eso no es para uso indiscriminado, pero Vergara lo volvió así, porque para este caso tenían que existir setenta sospechas para recoger la información, pero eso nunca ocurrió”.

A pesar de que el contrato abría la puerta a que se retuvieran documentos y se accediera a correos, drive y todo tipo de dispositivos tecnológicos de la corporación, Vergara habría utilizado esa herramienta a su antojo y empezó a perseguir a todos los que se oponían a sus ideas y a quienes en algún momento representaron una amenaza para Roa.

Altos ejecutivos consultados por SEMANA explicaron: “Todo comenzó porque los abogados norteamericanos solicitaron el listado de los contratos de Bloque Sinú 9 frente a los asuntos éticos relacionados con Roa y determinaron a qué personas se les debía hacer la retención de información. Era una lista reducida y Vergara incluyó más personas”.

Así fue como algunos nombres de los integrantes de la junta directiva, vicepresidentes y altos ejecutivos, presuntamente, terminaron apareciendo en la lista de 70 personas que llegó a la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología de Ecopetrol para acceder a las comunicaciones corporativas. “Ellos (Roa y Vergara) querían saber quién filtraba información. Ese era el objetivo de ellos. Alberto siempre andaba inquieto por quién movía la información”, confirmó un directivo de la compañía.

Frente a esta grave denuncia que reveló SEMANA, Roa explicó: “Jamás le di una instrucción a Vergara para esta labor. Yo mismo fui víctima de ese procedimiento. No ordené esas interceptaciones. Lo informé a la junta directiva”.¿Cómo Vergara logró ese poder durante la administración de Roa?

SEMANA conoció que para llegar a la Dirección de Cumplimiento se habría confabulado con un alto ejecutivo con quien tenía una enemiga en común: María Juliana Albán Durán, quien fue vicepresidenta de Cumplimiento durante la administración del entonces presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.

Tras la salida de Albán, entró Ana María Silva, quien estuvo como encargada hasta la llegada de Luz Elena Díaz, una experta en relaciones internacionales que habría aterrizado en ese cargo por recomendación de Saúl Kattan. Eso, al parecer, la convirtió en el nuevo objetivo de los ataques de Vergara.

Uno de los ejecutivos más preocupados por lo que está ocurriendo con la empresa más importante de Colombia le detalló a esta revista: “Él (Vergara) empezó a hacer su lobby y desprestigia a Luz Elena con bodegas de Twitter. Llegaron hasta hacerle un montaje de que ella era amante de Saúl Kattan. Incluso habló de denuncias penales en su contra por una supuesta enemistad con Roa”.

Abriendo ese camino espinoso, Vergara habría logrado llegar a la Dirección de Cumplimiento por designación de Roa. Pero su presencia en una de las dependencias que debe asegurar el cumplimiento ético y normativo de la empresa se habría desdibujado por tratar de cumplir los caprichos de quien le dio ese poder.

“Que Roa y Vergara aparezcan en esa lista de interceptados es una clara señal de protección. El director de Cumplimiento es estratégico en eso y siempre ha actuado un paso adelante contra quienes lo quieren denunciar. Vergara se volvió la sombra de Roa, cueste lo que le cueste”, dijo un exfuncionario que salió en medio de la polémica. La situación prende las alarmas, pues se supone que el cargo de Vergara es independiente del presidente de la empresa y reporta directamente al comité de auditoría.

Frente a las acusaciones, Vergara manifestó que respetaba a las mujeres y descartó interceptaciones. Las llamó retención legal de información. “En Ecopetrol, la junta directiva, la administración, la Dirección de Cumplimiento y el suscrito jamás hemos autorizado interceptación y cualquier otra medida que infrinja la comunicación privada de las personas. Lo que se ha hecho es una retención documental de la información, jamás una interceptación”, aseguró.

De hecho, Roa y Vergara han aparecido juntos en actos públicos, como en la rueda de prensa que dio el presidente de Ecopetrol el 18 de noviembre de 2024 para responder por casos de corrupción que lo involucraban a él y a su pareja, Julián Caicedo.

“Frente a tantos cuestionamientos se le instruyó a la Dirección de Cumplimiento actualizar mi debida diligencia”, dijo Roa en ese momento. Ahora la cercanía que tendría con Vergara lo dejaría mal parado. De hecho, hay imágenes de Vergara acompañando a Roa a debates en el Congreso.

Además de las versiones que vinculan a Vergara con la operación de interceptación, el director de Cumplimiento también tiene serias denuncias de acoso sexual y laboral por parte de varias mujeres que trabajaron a su lado. Ellas también alertaron sobre las prácticas de persecución y paranoia a las que acudiría el encargado de analizar los riesgos de la empresa, incluyendo fraude, corrupción, lavado de activos, entre otros.

SEMANA identificó a varias víctimas de esos hechos y conoció los testimonios que dejarían en evidencia el poder de Vergara.

“Es una persona conflictiva con escasos resultados profesionales. Él utiliza la búsqueda forense para perseguir, desdibujó el uso de esa herramienta y la volvió un arma de persecución”, dijo una de las víctimas.

De hecho, SEMANA conoció la denuncia que una funcionaria iba a radicar contra Vergara, alegando acoso sexual por los comentarios subidos de tono que le hacía en el trabajo. Antes de que ella reportara el caso en la línea ética de Ecopetrol, el director de Cumplimiento habría accedido a dicha información, se le adelantó y la denunció por injuria.

“Él siempre decía que frente a todas esas irregularidades no le iba a pasar nada. Pero las funcionarias de Ecopetrol han tenido que soportar sus actitudes morbosas. Siempre habla de nuestra ropa, nuestros cuerpos, era muy manoseador y hasta llegaba a los puestos a hacernos masajes”, dijo una de las víctimas.

De hecho, cuatro mujeres que sufrieron esos lamentables actos llevaron su caso hasta la Corte Constitucional, al considerar que se les vulneraron sus derechos a la igualdad, a la no discriminación y al trabajo. Después de que denunciaron las arbitrariedades de Vergara, salieron de sus trabajos aparentemente sin justa causa. Sin embargo, el alto tribunal no seleccionó esa tutela y las víctimas terminaron advirtiendo que la magistrada Paola Meneses, quien participó en esa decisión, estaría impedida porque su esposo es el gerente jurídico de abastecimiento de Ecopetrol.

La Sala Plena aseguró que no hay “evidencia de que existiera un interés personal en la selección o exclusión del expediente”, pero una fuente en la estatal le confirmó a SEMANA: “Luis Fernando Lizcano, el esposo de Meneses, es una persona cercana a Vergara, trabajaban incluso en el mismo piso en Ecopetrol”. Se trata de una situación que la magistrada Meneses le tendrá que explicar a sus colegas.

SEMANA también accedió a una sentencia del Juzgado 35 Civil de Bogotá que le ordenó a Ecopetrol reintegrar a Clara Marcela Valdivieso después de que fue despedida sin justa causa tras acusar a Vergara de misoginia, discriminación, persecución y desprecio. Varios funcionarios consultados por esta revista confirmaron que los actos del director de Cumplimiento han dejado por fuera a por lo menos 60 empleados.

Las interceptaciones indiscriminadas, sin justificación alguna, abren un interrogante sobre la legalidad de las actuaciones de Vergara y el conocimiento que habría tenido Roa de las mismas. ¿Vergara actuó solo? ¿Recibió órdenes de Roa? Este oscuro capítulo, inédito en la empresa más importante del país, apenas empieza.