Impunidad total. La familia de Álvaro Gómez Hurtado reclama por el nulo avance del caso en la JEP y dicen que se desvió la investigación

Uno de los magnicidios que sacudió al país y que sigue en total impunidad es el del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, acribillado cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, el 2 de noviembre de 1995. Treinta años después, no hay respuestas para sus familiares. Hace cuatro años el proceso dio un sorprendente giro cuando, a instancias de la JEP, los jefes de la guerrilla de las Farc se autoincriminaron y reconocieron el asesinato. La noticia levantó una dura polémica, pero, desde entonces, en la JEP no ha pasado absolutamente nada.

SEMANA conoció una durísima carta que le envió la familia Gómez Hurtado a la JEP en la que manifiesta el hastío por la manipulación en este caso, declarado crimen de lesa humanidad, y hace énfasis en que hay artimañas para desviar la investigación. Además, ratifica que las Farc le siguen mintiendo al país, y con los supuestos Aportes Tempranos de Verdad (ATV) solo quieren esconder a los verdaderos autores del crimen. El reclamo lo hace igualmente en nombre de José del Cristo Huertas Hastamorir, asistente académico del dirigente conservador.

El equipo jurídico de la familia, encabezado por los abogados Bernardo Henao Jaramillo y Joan Sebastián Moreno, hace un duro llamado no solo a la JEP, sino a la titular del caso por “la dilación del trámite a cargo de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, que tiene por objeto determinar la competencia material y personal en el conocimiento judicial del caso de Álvaro Gómez Hurtado”.

Es tan dramática la situación que en el reclamo que le hacen a la JEP advierten que “ha sido tal el tiempo transcurrido, que el señor Mauricio Gómez Escobar, en calidad de hijo del líder conservador, falleció el pasado 13 de mayo de 2022, a la espera de que el caso no quedara en la impunidad”.

Por eso reclaman a la Sala de Reconocimiento de Verdad que, luego del alboroto que armaron los jefes de las Farc, en especial Carlos Antonio Lozada, conocido con el alias de Tornillo, cuando anunciaron la autoría del crimen, den resultados ciertos, porque en la JEP no ha pasado nada.

Al conocer esta explosiva carta, SEMANA se comunicó con Enrique Gómez, sobrino del asesinado jefe conservador, quien ha estado también al frente del caso, en diferentes escenarios representando a la familia, y manifestó un absoluto rechazo a lo que viene pasando en la JEP. Incluso, fue más allá y afirmó que el tribunal transicional se ha prestado para la desviación de la investigación y dejó de lado otras hipótesis más contundentes.

Enrique Gómez no cree en la versión de las Farc y ratifica lo que ha sostenido su familia y es que la JEP ha dejado pasar de agache el caso, no ha investigado y solo se ha quedado escuchando la versión “amañada” de los jefes de la guerrilla, hoy congresistas.

“Las evidencias que incriminan a agentes del Estado, como el coronel Danilo González, director del Gaula Nacional del Gobierno de Ernesto Samper; los supuestos seguimientos y perfilamientos por parte del DAS contra miembros de la oposición, probados ante la Fiscalía y la JEP, y la participación del cartel del Norte del Valle y su jefe Orlando Henao (el Hombre del Overol), supuestamente a instancias de Horacio Serpa, no solo no han sido desvirtuadas, sino que fueron el fundamento para que la Fiscalía General de la Nación declarara el magnicidio como crimen de lesa humanidad”, afirma Enrique Gómez.

Y es que la familia Gómez Hurtado ha rechazado desde el primer momento la versión contada por Lozada ante la JEP, quien, asumiendo la supuesta responsabilidad, dijo que “él (en referencia a Álvaro Gómez Hurtado) era considerado como la persona que tuvo bajo su responsabilidad los debates en el Senado en la década de los sesenta, que permitieron el desarrollo y la generación de la ofensiva militar por parte del Estado, que dio origen a la formación de las Farc. Como organización, tenemos raíces en lo que fue la violencia a mediados del siglo pasado. Como organización armada surge allí, porque allí se da el primer combate en medio de la operación a Marquetalia”.

Lozada incluso afirmó en esa ocasión que para ejecutar el crimen “tuvimos en cuenta los horarios de clase que cumplía el doctor Álvaro Gómez. Nos enteramos de los horarios de clase que él tenía en la Universidad Sergio Arboleda (en Bogotá). El proceso fue rápido, se tuvo la información y, como estábamos cerca del periodo de vacaciones, aceleramos la ejecución del hecho. En el hecho participan los cuatro. No hay más datos precisos. Lo que puedo decir es que se hizo muy rápido, no pasó un mes desde que tuvimos la información”.

Esta versión no solo fue puesta en duda por la familia Gómez Hurtado. Desde las mismas Farc, también contradijeron a Lozada. Como reveló SEMANA en su momento, el exguerrillero Reinel Guzmán negó la versión de su exjefe.

“Tengo evidencia de que la jefatura de dicha estructura nunca tuvo conocimiento ni autorizó el asesinato de Álvaro Gómez. La realidad es que, si eso lo hicieron las Farc, fueron cuestiones del Secretariado que tomó esa decisión, pero esa información nunca llegó a la dirección del bloque, porque yo nunca la supe. Por eso necesito hablar sobre esta situación porque no voy a responder por eso”, afirmó Guzmán, quien formaba parte del bloque que supuestamente realizó la operación criminal.

Enrique Gómez recrimina a la JEP por su trabajo, o más bien, como señala, por no hacer su trabajo. “La JEP se ha negado a ordenar pruebas solicitadas por las víctimas, como el testimonio de Salvatore Mancuso, que pueden demostrar que en el presente caso no existe un interés genuino de aportar a la verdad, sino el de entorpecer el acceso a la justicia”.

El representante de la familia y sobrino del asesinado líder conservador dice que no come cuento de la versión de las Farc y ratifica la supuesta responsabilidad del expresidente Ernesto Samper: “Mi deber es exigir que se adelanten las investigaciones de acuerdo con líneas de investigación que, según los testimonios recaudados e información abierta y pública, demuestran la supuesta participación de altos funcionarios del Gobierno de Ernesto Samper, en asocio con el cartel del Norte del Valle, en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Esta hipótesis fue el fundamento de la declaratoria de lesa humanidad del crimen y su imprescriptibilidad en 2017”.

Samper siempre ha negado los señalamientos. Sin embargo, la impunidad ha sido el común denominador en el asesinato de Gómez Hurtado, que justamente en noviembre cumple 30 años de ocurrido. Las Farc vendieron una versión que no avanzó y lo único que logró fue paralizar el proceso que ya se llevaba y en el cual no solo se señalaba a Samper, sino también a su exministro, el fallecido dirigente liberal Horacio Serpa. La familia está hastiada y reclama resultados de la JEP y la verdad de los exguerrilleros.