La Fiscalía General de la Nación legalizó las capturas y avanzó en el proceso de imputación contra tres personas —entre ellas el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación No. 32— por las presuntas irregularidades detectadas en el contrato 012 de 2024 para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército, valorado en alrededor de 32 millones de dólares.
La Fiscalía le dijo a SEMANA que los procesados son Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; Julián Ferney Rincón Ricaurte y Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de esa cartera.
A los tres se les imputarán delitos como falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación.
El caso se originó por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato que debía garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros Ml-17 del Ejército Nacional.
De acuerdo con la investigación, el Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del proveedor tras evidenciar que, pese a un anticipo equivalente al 50% del valor del contrato—más de 16 millones de dólares—, solo se ejecutaron actividades por cerca de 2,6 millones de dólares.
Según la Fiscalía, a pesar de que el contrato no podía continuar ejecutándose por los incumplimientos detectados, el anticipo fue desembolsado y, hasta la fecha, no se ha reintegrado al Ministerio de Defensa un saldo superior a 13 millones de dólares.
Estas circunstancias motivaron la actuación penal contra los funcionarios y exfuncionarios involucrados, así como las sanciones administrativas impuestas al contratista estadounidense Vertol Systems Company.
La Fiscalía General de la Nación también tramita la solicitud de circular roja de Interpol contra directivos de la firma estadounidense Vertol Systems Company, con el fin de ubicar a representantes legales que se encontrarían fuera del país en el marco de esta investigación.
En paralelo, las diligencias de allanamiento, los operativos en instalaciones militares —entre ellas el Fuerte Militar de Tolemaida— y las capturas de militares y civiles hicieron parte del operativo judicial desplegado en los últimos días por las autoridades.
La investigación, según las actuaciones que la Fiscalía General de la Nación expuso ante un juez de control de garantías, describe presuntas conductas administrativas y contractuales que habrían facilitado la adjudicación y el pago anticipado a un contratista que, de acuerdo con informes de supervisión, no cumplió con la experiencia técnica ni con varios de los requisitos formales exigidos para ejecutar el mantenimiento.
El expediente recoge oficios y revisiones técnicas que advirtieron inconsistencias en la documentación entregada por el proveedor y en los procedimientos de verificación.
Los entes de control —la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación— ya habían emitido alertas sobre el contrato y, en paralelo a la investigación penal, la Procuraduría abrió una indagación disciplinaria para establecer eventuales responsabilidades administrativas, que podrían derivar en sanciones como destitución o inhabilidad para ejercer cargos públicos.
