La historia detrás de la desconocida e inédita demanda del magistrado Vladimir Fernández contra la Procuraduría. Un asunto de dinero

Una reliquidación de la bonificación por compensación, reconocimiento del ingreso salarial y el pago de prestaciones sociales son algunas de las exigencias que puso sobre la mesa Vladimir Fernández Andrade, magistrado de la Corte Constitucional, en una demanda que presentó contra la Procuraduría.

SEMANA revela los detalles de la acción judicial que había pasado desapercibida. En su demanda, Fernández hace un fuerte reclamo por lo que considera un incumplimiento salarial de la Procuraduría durante los seis años que estuvo como delegado ante el Consejo de Estado.

Entre el 10 de noviembre de 2016 y el 6 de agosto de 2022, como reza en su hoja de vida, Fernández Andrade estuvo en la Procuraduría, de donde renunció para asumir como secretario jurídico de la Presidencia de Gustavo Petro. Luego dio el salto a la Corte Constitucional.

Todo indica que Fernández no quedó satisfecho cuando recibió la liquidación; tan solo unos pocos meses después redactó una extensa demanda en la que pide una condena contra la Procuraduría, y solicita su reliquidación salarial y pensional.

“Que se declare que el ingreso salarial a que tengo derecho es equivalente al 80 por ciento del de un magistrado de alta corte, y que este, a su vez, es equivalente al ingreso que por todo el concepto percibe un senador de la república, y que así reconocido su impacto se refleje en todos los factores prestacionales a que tengo derecho”, se lee en la demanda.

Allí pide la reliquidación de sus prestaciones sociales sobre el ciento por ciento de su asignación básica, es decir, “con la inclusión del 30 por ciento que había sido excluido a título de prima especial”. Además, la “reliquidación de la bonificación por compensación procedente respecto a los magistrados del tribunal y cargos equivalentes a que haya lugar”.

La respuesta

SEMANA también conoció la tajante respuesta de la Procuraduría. En un concepto, pide rechazar de plano cada una de las pretensiones del hoy cuestionado magistrado por considerar que los reclamos no tienen justificación, pues la “situación laboral administrativa fue revisada y emitida cumpliendo toda la ley”.

“Teniendo en cuenta que del análisis realizado se desprende que no hubo actuación irregular alguna ante la clara sustentación de que no le asiste razón al mismo respecto de los cargos señalados, me permito señalar la imposibilidad de adelantar el presente modo de control por inexistencia del derecho pretendido por el accionante”, respondió el procurador del caso.

El despacho del magistrado Javier Alfonso Argote, de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, espera el concepto de la Agencia Jurídica del Estado.

Los líos de Fernández

SEMANA ha revelado graves señalamientos contra Fernández, que han puesto su elección, el 17 de octubre de 2023, en tela de juicio. En varios chats, Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones, le envió escuetos, pero muy dicientes mensajes a Fernández en momentos previos y claves de la votación en el Senado a mediados de octubre de 2023.

Ortiz, privada de su libertad por cuenta del escándalo de corrupción en la UNGRD, cuadró una reunión con quien era el presidente del Senado en esa época, Iván Name. La fecha de ese encuentro coincide con la entrega de 3.000 millones de pesos que habría recibido el congresista de la Alianza Verde por parte de Ortiz.

Por estos hechos, se presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue todo lo relacionado con el magistrado Fernández. A su vez, Fernández habría ayudado en la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación.